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Entidades piden aplazar última etapa de la reforma laboral

Representantes de 12 estados pidieron a la STPS aplazar de mayo a octubre la puesta en marcha de los nuevos juzgados laborales y los centros de conciliación locales, debido a complicaciones en los calendarios presupuestales.

Foto EE: Eric Lugo

Foto EE: Eric LugoECONOMISTA

Las 12 entidades federativas que conforman la tercera y última etapa de la implementación de la reforma laboral solicitaron prorrogar, hasta cinco meses, su entrada en vigor prevista para el primero de mayo de 2022, debido a que no cuentan con los recursos suficientes para atender este mandato.

Así lo expresaron en la Primera Reunión Ordinaria de 2022 del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral (CCIRSJL), ante la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

En ese sentido, Alcalde Luján sostuvo que, de manera unánime, el CCISJL acordó solicitar al Congreso de la Unión una prórroga para que la fecha del inicio de actividades de las autoridades locales que conforman la Tercera Etapa se establezca al tres de octubre de 2022, lo que brindará tiempos razonables para lograr la implementación ordenada y simultánea del nuevo modelo laboral en todo el país.

Resaltó que “debido a que los calendarios presupuestales y de obra les impedía reunir las condiciones materiales y financieras necesarias para la adecuación, equipamiento, habilitación e inicio de funciones de sus nuevas instituciones locales, solicitando en consecuencia se estableciera una prórroga”.

Así que, las entidades que esperan la prórroga son: Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.

La reforma en materia de justicia laboral promulgada el 1 de mayo del 2019, estableció la implementación geográfica de la misma en tres etapas. La primera inició el 18 de noviembre del 2020, con la participación de los estados de Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Chiapas, Tabasco e Hidalgo.

La segunda arrancó el pasado 3 de noviembre y en ella se incorporaron los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo, además de Baja California Sur y Guerrero.

Conciliación, salida exitosa

Por otra parte, el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, compartió que 76% de los conflictos laborales se resuelven en la primera audiencia de conciliación, donde a través del diálogo se han celebrado más de 18,000 convenios, siendo los estados de Campeche, Chiapas, Estado de México y Tabasco los que registran mayores tasas de conciliación en materia individual.

Respecto a la legitimación de contratos colectivos de trabajo, se ha consultado a un millón 123,000 trabajadores mediante 6,000 eventos electorales a través de los cuales 2,951 contratos colectivos de trabajo han sido votados.

En materia registral, cuya función a nivel nacional inició en noviembre de 2021, el CFCRL ha realizado 944 convenios de revisión salarial; 511 sustituciones patronales; 213 revisiones integrales de contratos colectivos de trabajo; además de mil 195 registros de revisión salarial; casi 700 registros de reglamentos interiores de trabajo; ha emitido 500 constancias de representatividad, y alrededor de 200 tomas de nota.

En tanto, el titular de la Unidad para la Implementación de la Reforma Laboral del Consejo de la Judicatura, Héctor Paniagua, destacó los avances de los tribunales federales laborales, donde al 11 de enero de 2022, se han recibido 14,163 expedientes y cuentan con un promedio de resolución de asuntos de cinco meses.

pilar.martinez@eleconomista.mx

Pilar Martínez es reportera de Empresas y Negocios.

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