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La pandemia cuestiona el apoyo a las industrias de combustibles fósiles

Los inversionistas están prefieriendo participar en activos sostenibles que incluyen energías renovables.

La pandemia y sus perturbaciones globales ofrecen oportunidades para repensar las formas en que los recursos financieros públicos se utilizan

para apoyar a las industrias. Cualquier soporte futuro para las industrias de combustibles fósiles deben venir con condiciones, es decir, con una sostenibilidad estricta, así lo establece la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) en el documento Post-Covid Recovery an agenda for resilience, development and equality.

Consideró que dentro de las condiciones se podría incluir regulaciones más exigentes para reducir las emisiones de aire, contaminantes y mandatos para transformar a las empresas de combustibles fósiles para que sean compatibles con la transición energética.

“Se debe considerar el uso de recursos públicos para hacerse cargo de los activos de combustibles fósiles, si bien se pueden comprar a precios reducidos, retirándolos bajo una estrategia de transición energética acelerada y planificada. Por ejemplo, reemplazar el uso de carbón con energía solar fotovoltaica y energía eólica”.

Estiman que si el sistema de energía limpia cuesta hasta 23,000 millones de dólares cada año y reduce las emisiones anuales en aproximadamente 1.8 gigatoneladas (Gt) de CO2, equivalente al 5% de las emisiones globales de CO2 totales en 2019.

Reformar los precios de los combustibles fósiles

IRENA establece que los subsidios mundiales a la energía siguen siendo importantes y consumen enormes recursos fiscales en algunos países. “El total mundial de las subvenciones directas al sector energético, incluidas las a los combustibles fósiles, las energías

renovables y la energía nuclear, se estima que han sido al menos 634,000 millones de

dólares en 2017, de los cuales 447,000 millones fueron para combustibles fósiles.

“Los subsidios para los productos del petróleo dominaron el total, con 220,000 millones de dólares, seguidos del apoyo a los combustibles fósiles en relación con la electricidad, con 128,000 millones de dólares. Mientras que, las subvenciones al gas natural y al carbón en 2017 se estimaron en 82,000 y 17,000 millones de dólares, respectivamente.

“Estos pronósticos no incluyen las externalidades sin precio del uso de combustibles fósiles. En 2017, los costos de salud derivados de la contaminación exterior generada por el uso de combustibles fósiles fueron 2.26 billones de dólares, acompañados de costos por el cambio climático de alrededor de 370,000 millones (a 11 dólares por tonelada de CO2). Los costos de las externalidades no valoradas y los subsidios directos para los combustibles fósiles (3,100 millones de dólares) que superó el apoyo a las energías renovables en un factor de 19. Incluso, el Fondo Monetario Internacional estimó los subsidios a los combustibles fósiles en  5,200 millones de dólares en 2017”.

Calculó que si los precios del combustible se hubieran fijado en niveles totalmente eficientes en 2015, las emisiones globales de CO2 estimadas serían un 28% más bajas, muertes por contaminación del aire relacionadas con combustibles fósiles un 46% menos, ingresos fiscales más altos en un 3.8% de PIB global y beneficios económicos netos (beneficios ambientales menos costos económicos) al 1.7% del PIB mundial.

Inversiones

IRENA estimó que el impacto financiero de la pandemia es aún más severo en los mercados emergentes y economías en desarrollo. Tras el inicio de la crisis, una mayor aversión al riesgo y una contracción de la liquidez mundial dieron como resultado salidas de capital de las economías emergentes. Se pronostica que los flujos de capital extranjero hacia los mercados emergentes podrían disminuir en 53% en 2020.

Los primeros datos muestran que las inversiones en sintonía con el medioambiente y el cuidado a la sociedad, están funcionando mejor y demostrando ser más resistentes a la volatilidad causada por crisis del Covid-19 que los fondos convencionales.

“Los inversionistas institucionales prestan más atención a las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza de las empresas, reconociendo su impacto sobre la rentabilidad a largo plazo y la creación de valor futuro. Mientras revisan su cartera estrategias, se puede esperar una mayor inversión en activos de energía renovable”, según IRENA.

patricia.ortega@eleconomista.mx

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Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

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