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Multa a firmas férreas sigue en pie: CFC
El acuerdo que lograron las compañías la semana pasada no es motivo para que la fusión ya no sea anticompetitiva, pues es un caso que se juzgó y dictaminó con base en hechos que ya ocurrieron.
Aunque la ferroviaria Kansas City Southern de México (KCSM) considere que la alianza entre Ferromex y Ferrosur ya no es anticompetitiva, la fusión debe romperse y las compañías deberán pagar la multa por 419.1 millones de pesos que les impuso la Comisión Federal de Competencia (CFC), confirmó a El Economista el organismo antimonopolio.
De acuerdo con la CFC, el acuerdo que lograron las compañías la semana pasada no es motivo para que la fusión ya no sea anticompetitiva, pues es un caso que se juzgó y dictaminó con base en hechos que ya ocurrieron.
La fusión, pendiente
Ferromex y Ferrosur están obligados a pagar la multa máxima que les impuso la CFC por su alianza, además deberá disolverse (la fusión) pues incurren en prácticas monopólicas absolutas , explicó la Comisión Federal de Competencia.
Además, mencionó que el acuerdo fue entre las mismas empresas, pero que eso no es motivo para que ya no se siga con los procedimientos legales.
Actualmente hay un juicio legal, pues los involucrados han tratado de evitar cumplir con la sanción a través de métodos jurídicos , sostuvo.
Una fusión non grata
El 24 de junio, la Comisión Federal de Competencia (CFC) multó a Ferromex y a Ferrosur por 419.1 millones de pesos, el monto máximo que prevé la Ley Federal de Competencia por prácticas monopólicas absolutas.
Las empresas no tenían derecho a fusionarse, detalló en su momento el organismo antimonopolio, en consecuencia, desde el punto de vista jurídico, las empresas siguen siendo competidoras entre sí y, por lo tanto, están sujetas a la ley de competencia como empresas independientes.
En noviembre del 2005, Ferromex y Ferrosur habían notificado a la CFC su intención de fusionarse y al día siguiente de la notificación habían realizado ya la operación, sin esperar la autorización del organismo.
En junio del 2006, el pleno de la CFC resolvió no autorizar la operación, dado que su realización habría arrojado una concentración excesiva en el mercado de transporte ferroviario de carga, en detrimento de la eficiencia de este mercado y, por lo tanto, en perjuicio de los consumidores del servicio.
