OCDE recomienda el diálogo entre gobierno e IP para bajar los precios del espectro en México

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó la instauración de un diálogo abierto y sincero entre el nuevo gobierno mexicano y las empresas de telecomunicaciones de este país para hacer posible una asignación del espectro radioeléctrico a costos asequibles, en momentos en que la autoridad reguladora prepara la primera subasta de frecuencias 5G de México y en un contexto también de relevo en el Poder Ejecutivo.

La entidad considera que los precios por el aprovechamiento del espectro en servicios masivos de Internet y telefonía móviles e inalámbricos fijos es todavía un 60% más caro en comparación el promedio internacional, y que entre el 70 y el 92% de todo el dinero que abonan las empresas por la explotación de sus frecuencias durante la vigencia de las concesiones de bandas, corresponde solamente a los pagos anuales de derechos; esto según la frecuencia de que se trate y por su tamaño de cobertura.

Los elevados costos por la explotación del espectro, uno de los principales insumos para proveer Internet móvil, obstaculizan la inclusión digital, pues las redes móviles son las infraestructuras que más han habilitado a los mexicanos con su acceso a Internet. La muestra está en que de 2013 al año 2022, 92.5 millones de mexicanos pudieron acceder a un servicio de Internet móvil.

Las empresas están en el dilema de dirigir los recursos primero a los abonos por las frecuencias y después para impulsar el crecimiento de las redes celulares, si bien la tecnología de 4G-LTE ya cubre a cerca del 95% de la población mexicana.

Lorenzo Pavone, subdirector de la División de Redes, Alianzas y Género, Jefe de EMnet del Centro de Desarrollo de la OCDE, dijo que “este es un buen momento para el diálogo” entre todos los interesados por un espectro a precio más asequible.

Este es un momento de un nuevo gobierno en formación y la idea debe ser trabajar para generar condiciones para la inversión. Es importante que el nuevo gobierno se abra al diálogo con el sector privado para ver cuáles son las mejores posibilidades de asegurar la inversión privada y el espectro es uno de los temas más importantes (…) La recomendación más importante para el nuevo gobierno es colaborar con el sector privado y encontrar soluciones sobre cuáles son las mejores políticas de espectro, porque las inversiones del sector privado son importantes para el futuro de México”, dijo Pavone.

“Es momento de acrecentar la relación entre los sectores público y privado. Es la importancia de reconocer el papel del sector privado en la expansión de la cobertura para el uso de la banda ancha. Faltaría un proceso de aumentar el diálogo entre las múltiples partes interesadas y promover las acciones públicas y privadas para el desarrollo de infraestructuras”, declaró Lorenzo Pavone en el foro de telecomunicaciones M360 de GSMA América Latina.

Pavone presentó seis propuestas, a las que calificó como “ideas” en las que se podría basar un diálogo “sincero” entre todos los actores interesados en impulsar la conectividad. “¿Cuáles son las políticas públicas que pueden ayudar a impulsar la inclusión digital de México de cara al futuro? Estas son algunas ideas”, dijo:

• Fomentar el buen funcionamiento del mercado de productos y servicios.
• Reducir los obstáculos legales y regulatorios para el despliegue de banda ancha.
• Gestionar eficazmente la asignación del espectro, para garantizar la maximización de los beneficios económicos y sociales.
• Facilitar el uso compartido de redes.
• Coordinar las acciones de política pública entre los niveles, nacional, regional y local.
• Promover las habilidades digitales e invertir en educación.

La actual política de recaudación fiscal que mantiene el gobierno mexicano encabezado por el Movimiento de Regeneración Nacional y que viene de los gobiernos panistas y priistas ha provocado en los últimos veinte años que se ralentice el crecimiento de las redes celulares porque su ampliación hacia zonas rurales ha dejado de ser rentable, acusan las empresas de telecomunicaciones.

Este contexto ha propiciado que empresas regionales de menor músculo financiero no puedan acceder al espectro radioeléctrico y que otras compañías hayan retornado la totalidad de su espectro al Estado porque los cobros por esa explotación presionaba financieramente su operación.

La Secretaría de Hacienda es la autoridad del Estado que tasa el valor del espectro en México, en cuanto los pagos anuales por su uso y el Congreso de la Unión es quien define cada año en la Ley Federal de Derechos (LFD) cuánto dinero se debe cobrar por cada frecuencia en explotación comercial.

México, según la organización y los criterios de medición que se utilicen, resulta ser el primer país de América Latina que más caro cobra por el aprovechamiento de frecuencias radioeléctricas en servicios de telecomunicaciones, sobre todo Internet y telefonía celular.

La OCDE anunció en 2019 que del dinero total que las empresas pagan al Estado por usar espectro en México, hasta el 92% corresponde solamente a los pagos anuales por ese uso. La contraprestación o “guante” que pagan las empresas por adjudicarse las frecuencias al momento de los concursos de licitación supone entonces menos de un tercio de toda la inversión que deben hacer por tener el derecho de uso y la infraestructura que todavía deben construir.

Es en ese contexto que Lorenzo Pavone recomendó un diálogo entre el gobierno federal y el sector privado por el uso de las frecuencias radioeléctricas.