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PRD analiza más iniciativas para nueva Ley Minera
El objetivo, dicen en el PRD, es elaborar una reforma a la Ley Minera integral y se encuentre lista en el primer semestre del año, con la aportación de propuestas de los movimientos mineros.
A pesar del impasse en el que se encuentra el Pacto por México, el PRD continúa diseñando sus propuestas para las iniciativas a discutir en el Consejo Rector. Una de ella es la nueva Ley Minera, mediante la cual se pretende gravar utilidades y no superficies.
De acuerdo con las propuestas que se tienen en el instituto político y de donde saldrá la iniciativa del PRD, lo que se busca es gravar lo que extraen como riqueza y acabar con esta disgregación de 17 leyes que regulan supuestamente todo lo que tiene que ver con la explotación minera de nuestro país .
Además, en la conformación del documento se han integrado experiencias compartidas por el Frente Amplio Opositor y el Frente Amplio Social de Uruguay, en un intento de retroalimentar la experiencia en el sector minero mexicano.
El objetivo en el partido es elaborar una reforma a la Ley Minera integral y se encuentre lista en el primer semestre del año, con la aportación de propuestas de los movimientos mineros y que den origen a un instrumento jurídico que subsane los problemas de este sector.
La senadora Iris Vianey Mendoza presentó una propuesta para armonizar el marco jurídico de la actividad minera, excluyendo la actividad sobre hidrocarburos y minerales radioactivos, con el marco de garantía plena de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y de otros instrumentos del derecho internacional relacionados con la garantía y ejercicio de los derechos socio-ambientales en los que México participa en su construcción, como el que corresponde al Protocolo de Kioto.
Según la propuesta se busca reforzar la capacidad institucional de regulación, inspección y vigilancia sobre la actividad minera y hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y obligaciones respecto de las garantías de ejercicio de los Derechos de los Pueblos Indígenas; además introducir mandatos preventivos frente al crecimiento del pasivo ambiental minero, así como de fortalecer compromisos de cooperación ambiental, entre ellos el fortalecer los instrumentos vinculantes de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.
