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Poder Judicial niega amparo a Rivada Networks y declara legal la licitación de la Red Compartida que ganó Altán

Un tribunal resolvió que existió igualdad en el proceso licitatorio del año 2016 y que no hubo preferencia o salida de información sensible para beneficiar a alguno de los participantes y ratificó además que Rivada Networks incumplió con las bases del proceso al presentar tardíamente la documentación sobre su garantía de seriedad por 1,000 millones de pesos.

Las tributaciones por uso de bandas radioeléctricas en México se conforman por dos criterios. Foto: Especial.

Las tributaciones por uso de bandas radioeléctricas en México se conforman por dos criterios. Foto: Especial.

El Poder Judicial de la Federación liquidó un pleito de cuatro años que había puesto en entre dicho la legalidad del proceso de licitación para construir una red nacional mayorista de servicios de telecomunicaciones sobre el espectro de los 700 MHz en México y del que resultó ganador el consorcio encabezado por la empresa Altán Redes el 17 de noviembre de 2016. 

Rivada Networks, la otra empresa interesada en este proyecto que en 2016 demandaba una inversión de 7,500 millones de dólares en el curso de una década, se inconformó con el resultado final y porque días antes, el 4 de noviembre de ese año, había sido descalificada del concurso licitatorio por presentar a destiempo los documentos que avalaban una garantía de seriedad por 1,000 millones de pesos, como establecían las bases de la licitación pública e internacional con folio APP-009000896-E1-2016, dirigido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Esta compañía, que en Estados Unidos también buscó proyectos relacionados con seguridad ciudadana sobre el mismo espectro en aquel país, recurrió a tribunales mexicanos especializados en telecomunicaciones y amagó con demandar al gobierno mexicano, a la SCT, en cortes estadounidenses por un supuesto proceso “engañoso” que comprometía las inversiones. 

En respuesta a esas acusaciones particulares de Rivada Networks, la SCT contrató en diciembre de 2016 a la firma de abogados Jones Day para defender en Estados Unidos la legalidad del proceso de la hoy llamada Red Compartida, un proyecto que también había sido respaldado primeramente por el Banco Mundial.

Altán Redes, envuelta en la polémica desatada por Rivada Networks, también negó el 21 de diciembre de 2016 haber recibido información privilegiada de la SCT para ganar el concurso de la Red Compartida, como había acusado Rivada días atrás.

En México, Rivada Networks acudió a diversas instancias del Poder Judicial, con un acercamiento, entre ellas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que le negó un amparo contra tres artículos de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Otra instancia había rechazado el 14 de noviembre de 2016 los argumentos de defensa de Rivada por considerarlos de carácter administrativo y no de telecomunicaciones, como la empresa había argumentado contra la SCT y su proceso de licitación. 

En junio de 2018, Rivada Networks igualmente perdió dos amparos en distintas instancias del Poder Judicial contra la Secretaría de Comunicaciones. En estos casos, Rivada había acusado que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) había emitido tres días antes de la presentación de ofertas su opinión favorable a la empresa como participante del concurso, lo que había traído complicaciones a la formulación de su propuesta, pero los tribunales establecieron que Rivada había tenido el tiempo suficiente, varios meses, desde la publicación de las bases de la licitación para formular su garantía de seriedad, cantidad que además le sería devuelta en caso de no resultar ganador del concurso.

Con el expediente 188/2017, Rivada presentó un amparo en revisión y con el expediente 25/2017, la compañía también presentó una queja contra la SCT en los tribunales especializados.

Rivada se había acercado al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y luego al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Ahora, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana negó el amparo de Rivada Networks en el que esa compañía cuestionó la legalidad de la licitación para construir la Red Compartida.

El tribunal resolvió que existió igualdad en el proceso licitatorio y que no hubo preferencia o salida de información sensible para beneficiar a alguno de los participantes en el concurso y ratificó además que Rivada Networks incumplió con las bases del proceso al presentar tardíamente la documentación sobre su garantía de seriedad:

El cumplimiento de los plazos otorga validez al concurso, así como la certeza a todos los participantes de que serán tratados en igualdad de condiciones, por lo que considerar que es posible tolerar su incumplimiento o permitir que un participante cumpla extemporáneamente un requisito como el que nos ocupa, trastocaría el principio de igualdad de condiciones para los demás participantes, máxime que la presentación extemporánea de la garantía de seriedad constituye una deficiencia sustancial de la propuesta”, estableció el tribunal. 

“Desde la publicación de los calendarios, todos los participantes estaban en condiciones de prever los riesgos y diferentes escenarios que podrían derivarse de la opinión de competencia, para hacer sus proyecciones y establecer si podían participar en la licitación”.

Altán ganó la Red Compartida y arrancó operación en 2018

El Consorcio Altán, un grupo integrado por una decena empresas constituido entre fondos de inversión como Morgan Stanley y operadores mexicanos del sector como Axtel y Megacable ganó el 17 de noviembre de 2016 el contrato para construir, operar y actualizar durante 20 años el proyecto de servicios móviles mayoristas conocido como la Red Compartida.

El proyecto, ahora realidad, tiene el objetivo de mejorar otras prestaciones sociales como servicios de seguridad nacional, telemedicina y educación a distancia; y, en principio, ofrecer a terceros operadores capacidad para prestar servicios inalámbricos fijos o móviles para el mercado masivo.

Altán construye esta red sobre el espectro de los 700 MHz, un par de hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en el año 2019 ya había invertido 12,709 millones de pesos, 556 millones de dólares en sólo ese año. 

En materia de cobertura, el otro requisito exigido por la SCT en el concurso de 2016, Altán Redes prometió cubrir el 92.2% del terrario mexicano habitado, siete puntos sobre lo mínimo requerido por el gobierno en el horizonte del 2024; para el arranque del 2020, Altán ha rebasado el 50% de la cobertura requerida.

Altán prometió en 2016 una cobertura del 30% del territorio para el 31 de marzo del 2018 y 25% de los Pueblos Mágicos; cobertura del 50% del territorio para el tercer aniversario de la firma del contrato y el 50% de esos destinos cubiertos para la misma fecha. Una cobertura del 70% de la población al cuarto aniversario del contrato; del 85% de la población al quinto aniversario y todos los Pueblos Mágicos cubiertos, y el 92.2% del territorio habitado al séptimo aniversario de la firma del contrato de asociación público-privado.

Al segundo semestre de 2020, la Red Compartida ofrece capacidad mayorista para una veintena de empresas, entre ellas compañías de larga historia como las filiales de Grupo Televisa, Telefónica, AT&T, Totalplay, Megacable, Axtel y diversos operadores locales y regionales.

Periodista de negocios para El Economista, con especialidad en telecomunicaciones e infraestructura. Es licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM, con estudios posteriores en el ITESM Campus Ciudad de México, el ITAM y la Universidad Panamericana. Fue colaborador en Grupo Radio Centro, Televisa, El Financiero y Alto Nivel, entre otros. Ha sido moderador en los congresos internacionales de Futurecom y NexTV Latam; y también citado en el “Estudio sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México, 2017” de la OCDE, y en distintos informes sobre espectro radioeléctrico de la GSMA y de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet).

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