Ante reforma judicial, inversionistas podrían ejercer métodos alternativos de solución de controversias: Hogan Lovells

Monterrey, NL. El inversionista maduro no se asusta con temas como la reforma judicial, debido a que México cuenta con tratados y mecanismos de protección de las inversiones extranjeras que permiten ejercer métodos alternativos de solución de controversias, como la mediación, la conciliación o el arbitraje internacional, mencionaron expertos del despacho Hogan Lovells.

“Si un cliente me pregunta, Guillermo si yo invierto en tu país, tengo forma y puedo estar tranquilo de que tengo una infraestructura legal para ir acompañado y no perder (la inversión) y que se me trate justamente (...) (le comento que) también hay otras instancias, como un arbitraje de inversión”, destacó Guillermo González Frankenberger, socio mercantil y financiero, en Hogan Lovells.

“Los contratos van a cambiar. Ahora van a tener cláusulas de jurisdicción, no en México, pero sí arbitraje en Estados Unidos, o con leyes y arbitraje de Estados Unidos, porque (ante la reforma) el inversionista puede decir, no quiero litigar en México con las leyes mexicanas, litigamos en Estados Unidos. A la contraparte mexicana no le va a quedar más que sumar y entender que si hay un problema, no hay otra opción más que ir a Estados Unidos y defenderse. Eso es lo que acaba sucediendo, son alternativas, sí las hay”, afirmó González Frankenberger.

El entorno político es relevante pero no permanente

Alejandro García González, socio en litigación, arbitraje y laboral en Hogan Lovells, explicó que cuando deben asesorar a clientes que piensan en invertir en el país, en la lista de inquietudes está la certeza jurídica, el Estado de derecho, la protección a la inversión, disponibilidad energética, hídrica, movilidad, y la seguridad, porque las empresas envían a sus expatriados. “Hay esa preocupación para la gente que vas a enviar a esta nueva jurisdicción, que esté protegida, son varios rubros que se tienen que palomear”.

Aunque se ha observado que las inversiones de las empresas que ya están establecidas en el país son las que más invierten en expansiones, “no es porque están preocupados”, por la reforma judicial, porque si una empresa mexicana quiere invertir en Malasia, le interesa saber cómo está el entorno político y económico, acotó.

“El entorno político es relevante, pero al final del día no es permanente, si tu inversión va a ser a 30 años, cuántos presidentes y gobernadores va a haber (…) Lo que debes ver es que el país tenga la estructura suficiente para soportar estos cambios de política y que la actividad económica se mantenga”, subrayó.

“Creo que en México, estamos en un punto, haciendo a un lado el tema candente de la reforma judicial, la respuesta que doy a los clientes es: En México hay un Estado de derecho no óptimo, pero razonable, lo suficiente para que sepas que no va a entrar alguien a la planta y se va a llevar todo, es razonable; existe un andamiaje legislativo, existe una administración de justicia razonable, pero también hay métodos alternativos de solución de disputas”, sentenció García González.

¿Cuál es la mejor opción en la solución de controversias?

Alertó que se va a empezar a hablar mucho de esto, pues algunos clientes ya les están preguntando qué hacer al respecto, debido a que en un contrato, las partes pueden decidir cómo van a resolver las disputas derivadas del mismo. Una opción es ir a los tribunales del mismo y otra es optar por un mecanismo alternativo de solución de controversias, como puede ser mediación, conciliación o el arbitraje, son métodos bastante eficientes para resolver disputas.

El derecho de acudir a un método alternativo se reconoce en el Artículo 17 de la Constitución Política, es el que regula el acceso a la justicia.

“Los mecanismos alternativos están reconocidos como un derecho constitucional que tienen las partes. Si vamos a ver que en las relaciones comerciales, en las internacionales, la norma para resolver disputas es el arbitraje internacional, en contratos internacionales, es muy raro ver que las partes se sometan a una jurisdicción determinada, porque son empresas que vienen de distintos países, ninguna quiere irse a litigar al país de la contraparte, y buscan esta arena neutral”, ahondó.

En cuanto a los contratos que se celebran entre empresas mexicanas o internacionales que operan en México, la norma es acudir a los tribunales del estado, “si ahora comienza a haber preocupaciones sobre el funcionamiento de los tribunales del estado, van a estar todos estos mecanismos alternativos, el arbitraje comercial que también puede utilizarse para resolver disputas domésticas, creemos que va a tener un impulso”, adelantó el especialista.

México cuenta con una red de 14 Tratados de Libre Comercio con 50 países (TLCs), 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 31 países o regiones administrativas y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).