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Operación de casinos, en regla: Segob
Los cinco casinos que operan en el estado lo hacen de forma reglamentaria y con aval de la Dirección General de Juegos y Sorteos, refirió la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los cinco casinos que operan en el estado lo hacen de forma reglamentaria y con aval de la Dirección General de Juegos y Sorteos, refirió la Secretaría de Gobernación (Segob).
El delegado en Querétaro de la Segob, Juan Carlos Padilla Aguilar, descartó que éstos registren algún tipo de irregularidad en su funcionamiento.
Agregó que estos sitios se mantienen en constante vigilancia e incluso se han reforzado las inspecciones para evitar que se susciten deficiencias y anomalías en su actividad.
Juan Carlos Padilla expresó que están vigilándose constantemente y con más fuerza para que no haya irregulares como las que se encontraron en el pasado .
Tal es el caso del casino Sport Zone, en San Juan del Río, clausurado el año pasado debido a que la autoridad federal detectó que incurrían en diversas faltas administrativas. La mala operatividad de este sitio evidenció que incumplía con los permisos necesarios de uso de suelo, así como en materia de seguridad y protección civil.
Responsabilidad directa
El marco normativo de la Federación determina que la Dirección General de Juegos y Sorteos supervise el cumplimiento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, así como de expedir los permisos referentes. También se faculta para imponer sanciones administrativas y presentar denuncias ante la autoridad competente en caso de que detecte conductas constitutivas de delitos en materia de juegos con apuestas y sorteos.
En diciembre del 2014, la Cámara Baja aprobó la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, y entre sus planteamientos destaca transparentar las operaciones de estos concursos y de los casinos.
También se estableció la creación del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, como desconcentrado de la Segob.
Además, la ley refiere que se deberá contar con inspectores certificados y clausurar a los establecimientos que carecen de permiso, dictándose sanciones económicas de 500 hasta 200,000 días de salarios mínimos, entre otros.
