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Tenencia y Predial, clave para fortalecer finanzas de las entidades federativas: CIEP
Para el 2022, los estados cuentan por persona y para todo un año con 8,633 pesos para ofrecer productos y servicios; esta cifra representa una disminución de 27.5% respecto al espacio fiscal que se tenía en el 2018.
Debido a que 82.7% de los ingresos estatales son transferidos por la Federación, resulta necesario que los gobiernos subnacionales aumenten su espacio fiscal como alternativa, a través de impuestos como la Tenencia, el Predial y ecológicos, con alto potencial de recaudación, para hacer frente a gastos ineludibles como el pago de la deuda y pensiones, coincidieron especialistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Al presentar el informe Finanzas públicas locales: hacia una nueva coordinación fiscal, destacaron que sólo en el 2020 la recaudación por la Tenencia habría aumentado 74,000 millones de pesos.
“Uno de nuestros hallazgos es que para el 2022 los estados cuentan por persona y para todo un año con 8,633 pesos para ofrecer bienes y servicios a la población; esta cifra presenta una disminución de 27.5% con respecto al espacio fiscal que se tenía en el 2018, por lo que vemos una menor oportunidad por parte de las entidades federativas para ofrecer bienes públicos a sus poblaciones correspondientes”, expuso Alberto Pérez, coordinador de Finanzas Públicas en el CIEP.
Así, el impuesto a la Tenencia sería una medida relativamente rápida de implementar en las entidades; y el Predial, mediante el fortalecimiento de aspectos a nivel municipal como las medidas de actualización de catastro para poder cobrar mejor el impuesto y las tasas que se cobra para la posesión de bienes inmuebles; incluso, una política tributaria con perspectiva de género, ahondó Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP.
Otro de los análisis que han hecho en el centro son medidas fiscales para la transición energética, es decir, utilizar lo que ya existe en las leyes para poder incentivar inversiones en energía renovable o energías verdes, así como la implementación de los impuestos verdes que varias entidades federativas como Nuevo León, Yucatán y Zacatecas.
“Si embargo, la recaudación por estos impuestos es muy baja, ya que actualmente es equivalente a 10.9 pesos per cápita nacional (…) Podría tener un margen de mejora considerable para que otros estados puedan copiar las experiencias exitosas de Zacatecas, por ejemplo”, refirió respecto a los impuestos ecológicos.
“Se trata de medidas que podrían expandir los ingresos, aunque aumentar espacio fiscal no sólo requiere de recaudar más o hacer más impuestos, sino también entender cómo estamos gastando, qué tan eficiente es la distribución”, agregó Alejandra Macías.
Según el informe, la entidad con mayor espacio fiscal es Colima, que dispone de 13,876.3 pesos por persona, mientras que Chiapas es el menor, con 1,883.6 pesos por persona.
“Son necesarias las medias de fortalecimiento local (…) La solución no es dispersar más recursos de la Federación a los estados porque eso va a acentuar la dependencia que ellos tienen hacia esos recursos, además que no sabemos en qué se lo están gastando”, enfatizó la directora ejecutiva del CIEP.
Entre las principales implicaciones destacan que la dependencia de recursos federales tiene efectos negativos en la generación de ingresos propios, en la transparencia del gasto y en la implementación de su política pública; la falta de rendición de cuentas y transparencia a los ciudadanos, así como sostenibilidad de la coordinación y el sistema fiscal.
“Como país tenemos una responsabilidad para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y los estados se quedan muy cortos para hacer su parte y poder alcanzar estos objetivos de la agenda 2030”, sostuvo la directiva.
Prioridades
Una vez que se identificó el espacio fiscal, la siguiente observación se centra en el gasto de las entidades federativas, cuáles son sus prioridades. El informe arrojó que la educación, la seguridad, la salud, la infraestructura y el gasto en pensiones son los rubros en los cuales destinan la mayor parte de su presupuesto, por lo que cuentan con menos recursos para hacer frente a la coyuntura; en promedio, tienen 1,687 pesos por persona en un año para atender el resto de las necesidades de la población.
La primera prioridad de los estados es el gasto en educación, pues destinan entre 21.2 y 44.8% de su presupuesto total; no obstante, existen rezagos en este rubro, por ejemplo, en términos de eficiencia terminal, de cada 100 alumnos que ingresan a la educación básica únicamente 26 concluyen satisfactoriamente la educación superior, considerando también el rezago educativo que trajo la pandemia.
Le sigue el gasto en seguridad, con 96.8%, que proviene de ingresos propios, mientras que 3.2% de transferencias federales.
En el 2021 los estados destinaron, en promedio, 10.6% de su gasto total para proveer seguridad (0.9% de su PIB); aún no se ha reflejado en una disminución de los indicadores.
La tercera prioridad es salud, pues a nivel nacional 10.9% del gasto se destina a este rubro. Los estados dispusieron entre 3.9 y 17.8% de su gasto total.
“Se requieren 1.1% del PIB nacional para alcanzar la Cobertura Nacional en Salud (…) Del 2013 al 2020 las aportaciones federales disminuyeron 9.6%, por lo que el aumento de 62.6% en los recursos estatales propios no compensó la caída”, destacó Alberto Pérez.
Respecto a la infraestructura, el especialista explicó que la inversión pública tanto a nivel federal como local muestra signos de debilidad. En el 2021, 78.9% de la inversión tuvo origen federal y el restante (21.1%) se financió con recursos locales.
“Si vemos en qué está gastando la Federación, específicamente en infraestructura, notamos que se concentra principalmente en el sector energético, por lo que los estados de Campeche y Tabasco son los que más están recibiendo gasto en este rubro actualmente”, añadió.
Mientras que la quinta prioridad es el gasto en pensiones. En el 2021 el gasto fue 18,000 millones de pesos más alto que lo reportado en la Cuenta Pública.
Convención hacendaria
También, los especialistas urgieron una nueva convención hacendaria donde se realicen presupuestos con base en las necesidades de las poblaciones, ya que “no se pueden etiquetar igual los recursos para todas las entidades”.
Alejandra Macías hizo énfasis en que no son iguales las necesidades demográficas, de salud, educación, infraestructura o seguridad que tienen en Nuevo León que en Chiapas.
Para José Luis Clavellina, director de Investigación del CIEP, “las haciendas de las entidades federativas reflejan la heterogeneidad que existe en el país, pero unas características que han marcado el federalismo fiscal en México son un importante sesgo centralizador, la elevada dependencia hacia las transferencias federales, la necesidad de transparencia y rendición de cuentas, por lo que es primordial la convención para poner sobre la mesa temas como la limitación de recursos con soluciones como una reforma fiscal”.
Asimismo, expuso que el rango de la deuda estatal per cápita va de 816 pesos (Puebla) hasta 12,078 (Coahuila), sin embargo, sumando la deuda municipal e institucional, los mayores niveles per cápita son 15,827 pesos (Nuevo León).
