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Argentina justifica detención de líder social ante la CIDH
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU cuestionó la detención de la dirigente, que está presa desde enero de este año tras un acampe contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
Luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionara la detención de Milagro Sala, Argentina informó los motivos por los que Sala está detenida al organismo.
Para la Justicia de la provincia argetnina de Jujuy, Sala "habría instalado un sistema para apoderarse de modo ilegítimo y violento de fondos públicos para viviendas".
En un extenso informe enviado a la CIDH se detalla que la líder de la Tupac Amaru está acusada de ser jefa de una asociación ilícita, de ser responsable de extorsión y fraude a la administración pública por la extracción de 29 millones de pesos argentinos (1.8 millones de dólares) de una sucursal del Banco Nación, además de encubrimiento y lesiones graves.
El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy aportó las razones que pesan para mantener presa a la dirigente jujeña y se enfocó en el expediente P-129.652/16, en el que se la investiga como presunta jefa de una asociación Ilícita y coautora de extorsión y fraude contra la administración pública.
Según el informe, a partir de las denuncias de nueve cooperativistas de la Red de Organizaciones Sociales se descubrió un "modus operandi utilizado por Milagro Sala y un grupo de colaboradores cercanos, para absorber fondos destinados a la construcción de viviendas y mejoramientos habitacionales".
La acusación sobre Sala, descripta en el informe del gobierno argentino, puntualiza que la líder de la Tupac, junto con algunos colaboradores, utilizaba métodos extorsivos para que "los cooperativistas emitan las facturas y luego los despojaban de los cheques, que entregaban endosados, lo que permitía su posterior cobro".
La jefatura que Sala ejerce en la Tupac Amaru "acrecienta las posibilidades de que intente eludir el accionar de la justicia y con mayor razón pueda obstruir la presente investigación", reza la justificación oficial.
En el texto se subraya que existe "la plena prueba de la existencia de los hechos y la semiplena prueba de la culpabilidad de la Sala en la participación de los mismos, conforme surge de las constancias de la causa".
En otro pasaje, se informa que "se percibieron montos dinerarios y las obras no se efectuaron porque el dinero percibido era reunido y entregado a Sala".
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU cuestionó la detención de la dirigente, que está presa desde enero de este año tras un acampe contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
El reclamo de ese grupo fue apoyado por la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo titular, el uruguayo Luis Almagro, pidió la inmediata liberación de Sala.
La respuesta oficial ante la CIDH describe que la detención de Sala cumple "con todos los requisitos previstos por los estándares internacionales respecto del encarcelamiento preventivo" y resalta que "las observaciones respecto al tiempo de detención de la Sra. Sala, sin que se hubiera dictado su prisión preventiva no determinan, como pretenden señalar los peticionantes, una situación de vulneración de derechos, en sí misma".
Sala, según la justicia jujeña, "se desarrolló como jefa de un sistema de asociación ilícita para apoderarse de modo ilegítimo de los fondos públicos que el Estado entregaba para la construcción y el mejoramiento de viviendas", se consigna en el informe.
