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Gobierno argentino enfrenta cuarta huelga general
Maldito impuesto al trabajo , decía un cartel pegado en la cabina de un metro detenido en una de las estaciones por la que habitualmente circulan miles de personas, pero que ayer estaba vacía.
Buenos Aires. Los líderes de las centrales sindicales opositoras consideraron contundente la huelga general en Argentina en protesta por los impuestos sobre los salarios y la elevada inflación y prometieron paralizar el país durante 36 horas si el gobierno no atiende sus reclamos.
Las principales avenidas de Buenos Aires estuvieron prácticamente desiertas al igual que las estaciones de metro y trenes, mientras los vuelos nacionales e internacionales fueron cancelados en el cuarto paro general que enfrenta la presidenta Cristina Fernández, convocado por algunos de los sindicatos más poderosos del país.
El paro fue contundente... Hemos interpretado la voluntad y la necesidad de la gente , dijo Hugo Moyano, líder de una corriente disidente de la Confederación General del Trabajo en rueda de prensa. La protesta de 24 horas es liderada por la Unión Tranviarios Automotor, que representa a los choferes de autobuses de corta y media distancia, junto a los gremios de camioneros, ferroviarios, aeronáuticos, el metro y portuarios. También se adhieren bancarios y trabajadores enrolados en el ala más crítica de la Confederación General del Trabajo como gastronómicos, judiciales, personal de estaciones de servicio y un sector de los empleados públicos.
En los hospitales sólo funcionaron las guardias y algunos gremios de maestros también se adhirieron a la huelga. La medida de protesta también se sentía con fuerza en las principales ciudades del interior del país. Dentro de la corriente sindical afín al gobierno, el sindicato de metalúrgicos declaró la libertad de acción a sus afiliados.
La falta de transporte público, sumada al bloqueo de los principales accesos a la capital argentina por parte de militantes de partidos de izquierda, afectó al resto de las actividades, incluso aquellas enroladas en sindicatos que no adhirieron a la huelga.
Los huelguistas reclaman al gobierno que eleve el piso salarial a partir del cual un trabajador debe tributar ganancias. En la actualidad está fijado a partir de los 15,000 pesos (unos 1,700 dólares) al mes, lo que afecta a 10% de los trabajadores en blanco, según el gobierno.
Los gremios aducen que ese impuesto es confiscatorio y que reduce todavía más al poder adquisitivo de los trabajadores ya afectado por una inflación que en el 2014 rondó 35 por ciento.
El gobierno cree que la huelga tiene móviles políticos a siete meses de las elecciones presidenciales y ha descartado por ahora un cambio en el impuesto a las ganancias.
Según Patricio Giusto, director del instituto de investigaciones Diagnóstico Político, más que una forma de presionar a un gobierno saliente, la medida de fuerza es una señal para el que surja de las elecciones de octubre.
Gane quien gane, el próximo presidente tendrá que ocuparse de esta situación , consideró Giusto. Es inevitable si no quiere tener conflictos con un gran sector de la población.
