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Jueces polacos resisten golpe del Ejecutivo
Malgorzata Gersdorf, quien fungió como presidenta de la Corte hasta el último día de junio, asiste a su oficina para protestar por jubilación adelantada.
Varsovia. El conflicto en torno a la Corte Suprema polaca se intensificó ayer: apoyada por colegas y simpatizantes, su presidenta ocupó y defendió su puesto mientras que el primer ministro acusó a la Corte de alojar a jueces excomunistas, autores de “sentencias vergonzosas”.
Aclamada por una muchedumbre de simpatizantes, la presidenta de la Corte Suprema polaca, Malgorzata Gersdorf, llegó a su oficina y presidió una reunión del colegio de la Corte, confirmando así su rechazo a jubilarse y a aceptar una controvertida reforma del gobierno ultraconservador.
“Mi presencia aquí no trata de política. Estoy aquí para proteger el Estado de derecho”, afirmó.
Después volvió a explicar en rueda de prensa que la Constitución —que fija que su mandato dura seis años— tiene supremacía respecto a la ley que redujo la ley de jubilación de los jueces de 70 a 65 años.
El gobierno polaco lo rechaza. Sostiene que “los jueces son ahora mucho más independientes” y “hay más objetividad y justicia” que antes. “Aquellos jueces que dictaban sentencias tan horrorosas en los años 80 están en el Supremo que defienden ustedes. El poscomunismo no ha desaparecido y seguiremos luchando a través de la reforma del Tribunal Supremo”, avisó el primer ministro, Mateusz Morawiecki.
El Ejecutivo europeo lanzó el lunes un nuevo procedimiento de infracción contra Polonia para “proteger la independencia de la Corte Suprema” polaca.
“No nos den lecciones, sabemos gestionar nuestras instituciones”, insistió Morawiecki en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, tras haber pronunciado un discurso sobre el futuro de la UE.
El conflicto entre la mayoría de los jueces de la Corte Suprema y el poder político se inscribe en un marco más amplio que enfrenta a Varsovia con la Comisión Europea, sobre las reformas judiciales realizadas en nombre de una mayor eficacia de la justicia.
Estas reformas son percibidas por sus adversarios como atentatorias contra la separación de poderes y en beneficio del poder político.
