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Justicia de Perú ordena prisión preventiva contra Keiko Fujimori por lavado de dinero
La justicia de Perú ordenó enviar a la líder opositora Keiko Fujimori a cumplir una pena de 36 meses en prisión preventiva, acusada de recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.
La justicia peruana envió el miércoles a prisión preventiva a la poderosa líder opositora Keiko Fujimori, acusada de recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht, lo que amenaza su aspiración de ser de nuevo candidata presidencial en 2021.
Al acoger un pedido de un fiscal anticorrupción, el juez Richard Concepción Carhuancho impuso prisión preventiva por 36 meses a la primogénita del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo partido controla el Congreso pero ahora enfrenta una crisis interna que puede derivar en quiebre.
"La única medida necesaria en su caso es indudablemente la prisión preventiva", pues ella ha interferido en los poderes del Estado, como el Congreso, y ha intentado obstruir la justicia, dijo el magistrado.
El juez dictó orden de detención inmediata contra Keiko, de 43 años, quien abrazó a su marido, Mark Vito Villanella, a quien le corrían las lágrimas, antes de irse conducida por varios agentes de policía.
El magistrado indicó que existía la "sospecha grave" de que Keiko, de 43 años, dirigía una "organización criminal de facto que se ha enquistado dentro del partido" fujimorista, que blanqueaba dinero de origen ilícito.
La orden de prisión preventiva fue pedida por el fiscal José Domingo Pérez, que la acusa de recibir 1,2 millones de dólares aportados en forma ilegal por la cuestionada constructora brasileña para su campaña de 2011.
"A juicio de este despacho existe sospecha grave" de que Keiko lavó dinero, declaró Carhuancho, a quien la ahora detenida líder política de ancestros japoneses acusa de estar coludido con el fiscal Pérez.
Se da por descontado que la abogada de Keiko, Giuliana Loza, apelará esta decisión, para lo que tiene tres días de plazo.
El juez afirmó que esa "organización criminal" integrada por 13 personas tomaba todas las decisiones en el partido fujimorista, "por encima del comité político" y de la bancada parlamentaria.
La meta de la organización era "acceder al poder político y una vez en el poder cometer delitos de corrupción", expresó Carhuancho, quien ahora debe resolver pedidos de prisión para otros 10 imputados en la misma causa.
Carhuancho no debía pronunciarse sobre el fondo de la acusación, sino sólo decidir si correspondía enviar a prisión preventiva a Keiko por riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.
La acusada, quien arriesga hasta 20 años de prisión en el juicio que debe enfrentar más adelante, manejaba autocráticamente al partido y dirigía desde las sombras al Congreso peruano, según revelaron los chats grupales de los líderes fujimoristas, filtrados por la prensa.
Keiko, quien vestía de negro, estuvo una semana detenida en forma "preliminar" por la misma causa a mediados de mes, igual que sus coacusados Pier Figari y Ana Herz.
El juez se tomó casi ocho horas en fundamentar su fallo, aduciendo que el Tribunal Constitucional fijó "un estándar mucho más exigente" para la prisión preventiva cuando en junio liberó al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine.
Los Humala eran los únicos políticos peruanos que, antes de Keiko, estuvieron presos (nueve meses) por el caso Odebrecht.
Como 'reality show'
Esta audiencia, iniciada el 20 de octubre, fue transmitida en vivo por televisión, radios y redes sociales, con notable interés de los peruanos, como si se tratara de un 'reality show'. En cafés y bares, el público siguió este miércoles la sesión ante las pantallas, igual que para los partidos de Perú en el Mundial de Rusia-2018.
En coincidencia con la odisea judicial de su líder, el partido fujimorista Fuerza Popular (derecha populista) se sumió en una crisis interna que puede derivar en un quiebre, tras haber sido por años una fuerza monolítica, algo inusual en un partido peruano.
El presidente Martín Vizcarra ha ganado popularidad al enfrentar con energía los embates del fujimorismo, al que forzó a aprobar a regañadientes en el Congreso una reforma constitucional destinada a combatir la corrupción, uno de los grandes males de Perú.
Su padre también debe ir a prisión
En coincidencia con la audiencia judicial, Keiko adoptó un tono conciliador y propuso la "paz y el reencuentro", pero Vizcarra le recordó que él había sido el primero en ofrecer un diálogo, sin obtener respuesta.
"El diálogo lo planteamos el 23 de marzo", al asumir el poder, declaró el presidente el lunes.
Keiko libra además una guerra fratricida con su hermano Kenji, de 38 años, quien puede ser el gran beneficiado con este fallo.
Ambos hermanos pretendían enfrentarse en las presidenciales de 2021, pero ahora cada uno debe resolver sus líos judiciales, pues Kenji perdió su banca parlamentaria y debe ir a juicio por cohecho por una denuncia de un aliado de su hermana.
En tanto, el patriarca del clan Fujimori, de 80 años, está internado en una clínica en calidad de detenido desde que el 3 de octubre la justicia anuló su indulto. Cuando sea dado de alta debe volver a cumplir su condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.
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