Ley de control fronterizo de Texas divide a la Corte de apelaciones de EU

Una corte de apelaciones estadounidense se mostró dividida el miércoles sobre si seguir bloqueando una ley de Texas, respaldada por los republicanos, que facultaría a autoridades estatales para detener y procesar a inmigrantes y solicitantes de asilo sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera desde México.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, está estudiando si permitir que la ley conocida como SB4 entre en vigor mientras el estado apela el fallo de un juez que impidió su aplicación a la espera del resultado de una impugnación presentada por la administración del presidente demócrata Joe Biden y grupos de derechos civiles.

La ley SB4 tipificaría como delito estatal la entrada o reentrada ilegal en Texas desde un país extranjero y permitiría a los jueces del estado ordenar que los infractores abandonen Estados Unidos, con penas de prisión de hasta 20 años para quienes se nieguen a cumplirla.

Detractores de la medida señalan que los inmigrantes que cruzan la frontera ya pueden ser acusados de entrada o reentrada ilegal en virtud de las leyes federales y defensores de los inmigrantes afirman que una ley estatal podría alimentar la elaboración de perfiles raciales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el miércoles que la cancillería podría responder por la vía diplomática a la ley de Texas, a la que calificó de "draconiana", "deshumanizada" e "injusta".

Los dos jueces que intervinieron durante los argumentos del miércoles, que duraron una hora, se mostraron muy divididos sobre si la SB4 interfiere indebidamente en la aplicación de la ley de inmigración estadounidense por parte del Gobierno federal, como argumenta la administración de Biden.

La jueza de circuito Priscilla Richman, designada por el expresidente republicano George W. Bush, señaló que ningún otro estado ha reclamado el derecho a expulsar a las personas que están ilegalmente en el país, lo que puede ser suficiente para frenar temporalmente su aplicación. "No es un poder que los estados hayan ejercido históricamente", dijo.

El abogado del estado, Aaron Nielson, le respondió que la SB4 refleja la ley federal que tipifica como delito la entrada ilegal en Estados Unidos, y que la capacidad del estado para detener a los inmigrantes entra dentro de sus competencias para garantizar la seguridad pública. "Texas tiene derecho a defenderse", afirmó.

El juez de circuito Andrew Oldham, designado por el expresidente republicano Donald Trump, señaló que era escéptico de que el Gobierno de Biden pueda demostrar que toda la ley era probablemente inválida, lo que se requiere para continuar bloqueándola mientras el tribunal considera los méritos del desafío legal.

"Cuando se trata de quién puede estar en Estados Unidos, eso es exclusivamente federal. Pero no es de eso de lo que estamos hablando", dijo Oldham a Daniel Tenny, del Departamento de Justicia, que representa a la administración Biden.

Oldham fue anteriormente asesor general del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, que se ha enfrentado en repetidas ocasiones al gobierno del mandatario demócrata por sus políticas fronterizas.

Tenny contestó a Oldham que toda la ley interfiere con la aplicación federal, y añadió que la corte podría limitar el bloqueo de la ley a disposiciones específicas que considere problemáticas. El panel incluye a la jueza Irma Carrillo, designada por Biden, que no habló durante los argumentos.

Texas ha impugnado ante los tribunales varias políticas federales de inmigración, incluida la destrucción por parte del Gobierno de las vallas de alambre de púas que el estado ha colocado a lo largo de la frontera, mientras que la administración de Biden ha demandado al estado para obligarle a retirar una barrera flotante de 300 metros en el río Bravo.