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Militares toman el control de Río
El ascenso de violencia motiva al presidente Michel Temer a tomar el control de la seguridad en el estado; oposición y fiscales, en contra.
El Senado brasileño aprobó por amplia mayoría la intervención militar del área de seguridad del estado de Río de Janeiro, cada vez más cuestionada por su aparente improvisación y por los riesgos que podría plantear para las garantías constitucionales.
Los senadores respaldaron a la media noche del martes, por 55 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el decreto emitido el viernes pasado por el presidente Michel Temer, después de que el propio gobernador de Río admitiera que las fuerzas de seguridad bajo su autoridad se vieron desbordadas por una ola de violencia durante el carnaval.
La oposición, liderada por el Partido de los Trabajadores, intentó en vano bloquear la iniciativa.
El lunes, la medida había sido aprobada por la Cámara de Diputados.
La situación de la seguridad en Río está en constante degradación desde el fin de los Juegos Olímpicos del 2016.
El gobierno federal envió en julio pasado 8,500 militares al estado para apoyar a las fuerzas policiales, sin resultados visibles hasta ahora en flagelos como la guerra por el control del tráfico de drogas en las favelas, el robo de camiones de carga o los “arrastrones”, cometidos por decenas de jóvenes contra grupos de personas en las playas o en cualquier punto de la ciudad.
En el 2017, hubo 6,731 homicidios dolosos (intencionales) en el estado de Río, un balance en constante crecimiento desde el 2012, cuando se habían totalizado 4,666, según el Instituto de Seguridad Pública, un organismo oficial.
La intervención, inédita desde el retorno de la democracia en 1985 tras 21 años de dictadura militar, retira al gobernador el control de todas las fuerzas de seguridad y las pone en manos de un general del ejército, que reportará en forma directa al presidente Temer.
Críticas
Criticada por especialistas que la tildan de efectista, la medida también fue cuestionada por fiscales de la República, como Deltan Dallagnol, a cargo de resonantes investigaciones de la operación Lava Jato y quien rechaza los allanamientos colectivos que el gobierno manifestó inicialmente de querer realizar en sus operaciones de búsqueda de personas en las favelas.
“Si caben las búsquedas y aprehensiones en las favelas de Río, caben también en los gabinetes del Congreso. Las evidencias existentes colocan, proporcionalmente, muchas más sospechas sobre el Congreso”, dijo.
