El fracaso del presidente al invocar la ley marcial revela la solidez de la democracia en Corea del Sur

Hace apenas un año, el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, se dirigió al Parlamento británico con un discurso en el que elogiaba al país como cuna de la democracia liberal. Y prometió que Corea del Sur se uniría al Reino Unido en la promoción de la libertad, la paz y la prosperidad de la comunidad internacional.

Esta semana, Yoon dio un aparente giro de 180 grados en su defensa de la democracia, sumiendo al país en la confusión al convocar la ley marcial de emergencia. En un discurso televisado a la nación, afirmó que era necesario proteger al país de las fuerzas “desvergonzadas, pronorcoreanas y antiestatales”. También dijo que había llegado el momento de “reconstruir y proteger” a Corea del Sur para que no “cayera en la ruina”.

En pocas horas, los legisladores que se encontraban en el hemiciclo de la Asamblea Nacional y los ciudadanos que salían a la calle revocaron rápida y decisivamente la decisión de Yoon y le obligaron a dar marcha atrás. Fue una demostración contundente de la democracia surcoreana.

Fue un recordatorio de que esta es una Corea muy diferente a la que emergió de las garras de las persistentes dictaduras militares y la frecuente imposición de la ley marcial a finales de la década de 1980.

Los miembros de la Asamblea Nacional, algunos de los cuales habían escalado vallas y empujado barricadas militares para entrar en la cámara, votaron unánimemente en contra del abrupto decreto de Yoon, declarándolo ilegal. Miembros del propio partido de Yoon, el Partido del Poder Popular, dijeron que había ido demasiado lejos. Tras la votación, los legisladores se apostaron frente al edificio de la Asamblea Nacional y, con calma pero con firmeza, calificaron de inconstitucional el llamamiento a la ley marcial.

No es ningún secreto que Yoon se enfrenta a una creciente adversidad desde que quedó en minoría debido a la aplastante victoria del opositor Partido Demócrata en las elecciones parlamentarias de abril de este año. Tras haber ganado la presidencia en 2022 por un escaso margen, su índice de aprobación se había debilitado por los persistentes escándalos.

En el primer año de Yoon, las encuestas de opinión pública mostraban que seis de cada diez surcoreanos tenían la sensación de que su democracia se dirigía hacia una trayectoria descendente. En 2024, Yoon había impulsado políticas impopulares en temas como la jornada laboral máxima y la política exterior hacia Japón. El resultado fue que sólo el 32.7% de los surcoreanos estaban satisfechos con la calidad de su democracia.

Desde que perdió el control de la Asamblea Nacional, Yoon ha atraído la ira de la opinión pública al hacer un uso desproporcionado del veto presidencial para bloquear proyectos de ley aprobados por la oposición, con más frecuencia que ningún otro presidente desde la democratización. Yoon también vetó las investigaciones independientes sobre la presunta implicación de su esposa en la aceptación de regalos de lujo, la manipulación de acciones de bolsa y el intento de interferir en la designación de candidatos a las elecciones.

El punto de inflexión fueron probablemente los esfuerzos realizados esta semana por la oposición mayoritaria para recortar el presupuesto de su gobierno, algo que queda fuera del alcance de un veto presidencial.

Frustrado por no salirse con la suya en el presupuesto, Yoon recurrió a una estrategia no desconocida para algunos en la derecha coreana. Acusó a la oposición progresista de actuar en connivencia con Corea del Norte para socavar su liderazgo.

Se trata de afirmaciones peligrosas, sin ninguna base en la política surcoreana actual. En 1980, declaraciones similares sobre la implicación de Corea del Norte en los asuntos internos del Sur provocaron la masacre militar de ciudadanos en la ciudad suroccidental de Gwangju. Los manifestantes pedían el fin de la ley marcial impuesta por el entonces presidente, Chun Doo-hwan.

Fe en la democracia

Aunque la dictadura se encuentra firmemente en el pasado de Corea del Sur, los temores de retroceso democrático afloran de vez en cuando entre la opinión pública surcoreana. En 2017, millones de manifestantes salieron a la calle y acabaron derrocando a la entonces presidenta, Park Geun-hye, tras las acusaciones de corrupción y las restricciones a la libertad de expresión. La inclusión en la lista negra de miles de artistas e intérpretes en la financiación pública por motivos políticos había sido especialmente impopular.

Pero a pesar de episodios como éste, el 80% de los surcoreanos dicen hoy sentirse orgullosos de la contribución de los movimientos democráticos al progreso de la sociedad. Es un indicio de la fe de Corea del Sur en el poder del pueblo para pedir cuentas a sus dirigentes.

Aunque el propio presidente del partido de Yoon condenó inmediatamente sus acciones, en su círculo íntimo debían saber lo que iba a ocurrir. Se especula, por tanto, con que las personas del entorno de Yoon que aprobaron la decisión no están en absoluto en contacto con el sentir de la opinión pública, a la vista de la inmediata reacción de las masas.

Al pedir la ley marcial en una Corea del siglo XXI muy diferente, es probable que Yoon haya acelerado su propia desaparición. Recurriendo a una medida tan extrema, ha puesto en peligro la estabilidad económica y política de Corea del Sur y de la región.

De haber persistido la situación, el estado de ley marcial habría causado estragos en los avances logrados con tanto esfuerzo en el atractivo de Corea como lugar de inversión extranjera, colaboración de la industria de alta tecnología, turismo y cultura popular.

Es poco probable que la carrera política de Yoon sobreviva a las consecuencias de este grave error de juicio.