AMLO: compadrazgo incómodo

El compadrazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador con el empresario Miguel Rincón se convirtió en una “carambola” de al menos tres bandas.

En primer lugar, se hizo pública una práctica, que el mismo jefe del Ejecutivo ha dicho no acostumbra: hacerse compadre de alguien, que en este caso no es cualquier persona, sino un encumbrado empresario mexicano.

Rincón es el dueño de Bio Pappel, que es una de las principales productoras de papel en México con operaciones en Estados Unidos y Colombia. Su capacidad de producción es de 3.2 millones de toneladas al año.

La celebración del bautismo,  apenas en marzo pasado, del que se generó el compadrazgo entre el presidente de la República y el poderoso empresario, además, lo hizo aparecer en fotografías similares a las que suelen tener los “conservadores” y “fifís” que siempre critica.  Incluida en la que aparece el cardenal emérito Norberto Rivera.

Desde el día en que se publicó la foto en redes sociales, se advirtió sobre la posibilidad de un conflicto de interés, por ser Rincón dueño de las empresas Bio Pappel Scribe y Durango. Además de ser integrante del consejo asesor empresarial del presidente de la República.

En segundo lugar, el reciente compadrazgo lo dejó mal parado en la conferencia de prensa mañanera de la semana pasada, cuando le preguntaron sobre la participación de la empresa Bio Pappel, propiedad de Rincón, en la licitación de papel para los libros de texto.

Ahí, titubeó porque, dijo, no lo sabía, aunque aseguró que era completamente legal.

Y en tercero, al día siguiente, cuando se hizo público que Bio Pappel Scribe había ganado la licitación con la asignación de un contrato abierto hasta por 221.6 millones de pesos para proveer de papel offset a la Conaliteg, encargada de la elaboración de los libros de texto gratuitos, anunció que le pediría a la “instancia correspondiente” que cancele la asignación y en caso de que no se pudiera hablaría con su compadre para que él renuncie (al contrato).

Será —dijo— “un ejemplo de que (en este gobierno) no va a haber corrupción, impunidad, influyentismo, contubernio, amiguismo, compadrazgo, nepotismo. Ninguna de esas lacras de la política”.

Y con tal decisión, el presidente de México incurre en otra falta

En primera porque aún como jefe del Ejecutivo no tiene facultad legal para invalidar la resolución de una licitación, en la que presuntamente —en caso de que se hubieran cumplido todos los requisitos de la convocatoria de la licitación— habría ganado el que ofreció el mejor precio.

En este sentido, si se realiza la cancelación y en realidad el de Bio Pappel Scribe hubiera sido uno de los mejores precios, provocará un daño al erario federal porque, en consecuencia, procedería entregarlo al segundo mejor precio, con el impacto correspondiente en el presupuesto federal. Y por otra parte, si le pide a su compadre que renuncie al contrato asignado le generará un daño a la empresa, que cotiza en el mercado de valores.

Por ambas vías, por el lado del impacto en el presupuesto federal y el potencial daño a una empresa privada, la decisión presidencial tendrá repercusiones económicas negativas.

Adicionalmente, el conflicto de interés derivará en una cuestionable decisión política, cuando por lo que debería de optarse es por la construcción de un sistema institucional que prevea y evite posibles conflictos de interés.

El problema no es que el presidente de la República tenga compadres o no.

El problema es que se registren conflictos de interés derivados de esa relación.

Y el camino para evitarlo no es una decisión política del Jefe del Ejecutivo que terminará siendo una decisión discrecional.

El camino debe ser el de un marco legal institucional y colegiado que prevea y evite cualquier conflicto de interés.

ATISBOS

OPACIDAD.- Petróleos Mexicanos (Pemex), que dirige Octavio Romero, debe informar sobre la compra de 550 pipas, ordena el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El comisionado Joel Salas en la ponencia respectiva señala que a la solicitud de la información respectiva de un ciudadano, Pemex respondió que no estuvo a cargo del procedimiento de compra de las pipas, sino la empresa I.I.I. SA de CV, filial suya, cuyo marco normativo se rige por el derecho privado. Por lo tanto, no está obligado a contar con la información solicitada.

El particular se inconformó ante el INAI y el organismo le dio la razón al particular y le ordena a Pemex que busque exhaustivamente la información.

Entre otros temas que llaman la atención de la compra de pipas, está el que el gobierno federal utilizó el término “adjudicación competitiva” para referirse al proceso de compra de estas pipas.

Los expertos advierten que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) establece que sólo hay tres procedimientos de contratación: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa.

De este modo, la adjudicación competitiva, en realidad, fue una adjudicación directa.

El INAI refiere que es relevante el caso porque de acuerdo con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad con base en información de Compranet —el sistema electrónico que registra las compras públicas del Gobierno federal—, 74.3% de los contratos públicos celebrados de enero a marzo de 2019 ha sido adjudicaciones directas, es decir, 2,131 contratos.

De ahí la necesidad de la transparencia en todas las compras que está realizando el gobierno de la 4T.