Alcoholismo fiscal

Un efecto inexorable, si bien desafortunado, de las crisis financieras, es el impacto negativo de los ajustes sobre el contenido, y el nivel, del debate económico. Es decir: devaluaciones financieras parecen producir devaluaciones intelectuales. En ambos casos, surgen grandes distorsiones.

Así hemos observado a partir del otoño del 2008, tanto con la crisis financiera mundial, como el mismo episodio de recesión que afectó a la economía global el año pasado. La percepción general sobre la crisis es que la caída fue provocada por la avaricia de los banqueros, el egoísmo del mercado financiero global, lo cual requiere una ronda integral de cambios regulatorios para corregir éstos, y otros males.

Este diagnóstico, si bien popular, se equivoca en no considerar las condiciones monetarias-fiscales que se desarrollaron alrededor de la burbuja inmobiliaria. Además, la idea desvía atención sobre el nuevo problema fiscal que enfrentan las economías mundiales: el eventual pago de las cuentas fiscales, en su mayoría, contratadas para financiar los gigantescos paquetes de estímulo económico. El caso más sonado es Grecia pero se están cocinando tragedias similares en países como EU, Gran Bretaña, España, Japón, y más, que fincaron su recuperación en la contratación de deuda para financiar gastos presentes.

Este alcoholismo fiscal, esta adicción al abuso de la chequera nacional, será un riesgo sistémico en el mapa económico durante la próxima década. En la economía de EU, la proyección de déficit crónico es de un promedio de 4% del producto nacional durante los próximos 10 años. El gasto es descomunal, pero igual lo es la desviación de recursos de la inversión productiva al gasto del gobierno, el fenómeno conocido como crowding out.

Ante estos desafíos, se convierte obligatorio replantear la calidad del gasto del gobierno. Hay gobiernos responsables o irresponsables. Mantener equilibrio fiscal no es acto de dogmatismo, sino reflejo que se debe manejar recursos públicos en un marco de responsabilidad. Es esencial evitar que las redes de protección social se conviertan en un paraguas de hoyos presupuestales, al servicio más de privilegios y menos del interés público.

El gasto público es un préstamo de los contribuyentes, captado vía impuestos, que vence cuando éstos reciben ciertos servicios a cambio-seguridad, impartición de justicia, protección de propiedad o servicios públicos. Pero el dogma del dinero fácil es una devaluación intelectual con mayor poder de destrucción que la crisis misma, siendo que representa una transferencia de recursos de un sector a otro, en forma ineficiente, mas no la generación de riqueza real.

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