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El Tren Maya: ¡un enlodadero!
La Sedena recibió la aprobación política para el proyecto de rehabilitación de infraestructura, pero la falta de transparencia genera dudas. Los detalles del análisis costo-beneficio se mantienen reservados, lo que refleja una debilidad en la rendición de cuentas del gobierno
El ya tristemente célebre Tren Maya tiene cadáveres escondidos en el armario. De uno de esos esqueletos nos enteramos el pasado lunes por conducto del reportaje “Proyectan dar 3,300 mdp a Sedena para comprar maquinaria”. El punto medular es que la realización del proyecto dañó 2,272 kilómetros de carretera. ¿La causa?: “(…) el paso de maquinaria y materiales requeridos para la misma obra”. Es decir, al costo directo del Tren Maya habrá que cargarle el importe de las reparaciones correspondientes de infraestructura. Y no se está hablando de cacahuetes: junto con la reparación de la carretera Ciudad Altamirano-Tejupilco (109 km), la propuesta se estima en alrededor de 5,000 millones de pesos.
Que la Sedena se encargue de ese proyecto de rehabilitación de infraestructura ya cuenta con bendición política. Según la nota periodística, la solicitud de fondos a la Secretaría de Hacienda respondió a una “instrucción girada por el Ejecutivo federal (…)”. Sin embargo, esa bendición política nunca logrará compensar la falta de transparencia. Respecto a esto último, textualmente se especificó que “por cuestiones de seguridad nacional, los detalles del análisis costo-beneficio fueron reservados en su totalidad (entre ellos, el uso que se dará a la maquinaria)”. ¡Como que la rendición de cuentas no es el lado fuerte del gobierno 4T!
Y en otra vuelta de la tuerca, todo parece sugerir que las prisas ya alcanzaron a los proyectos consentidos de la feneciente administración. En ese sentido, claramente expresó el presidente López Obrador que los dos proyectos de rehabilitación carretera deben concluirse antes del próximo 30 de septiembre y con las mejores condiciones de costo para el erario”. Me resulta evidentísimo, dada la tremenda premura, que ninguna de estas dos últimas finalidades será alcanzada.
Pero en adición, el caso ha abierto otro frente de análisis (y crítica) para el Tren Maya: que exhibe a la actual administración como poco amiga, por decir lo menos, de las organizaciones agrarias. Con el mismo apresuramiento para avanzar el proyecto, recientemente se concluyó un paquete adicional de expropiaciones. Pero cuál sorpresa podrá recibir el lector: de las expropiaciones correspondientes, las dos que se llevarán en Quintana Roo corresponden a ejidos que resultarán afectados por casi 135 hectáreas. Sin embargo, hay más: en Yucatán ya se oficializó con el mismo fin una expropiación en contra del ejido Dzununcán y otra en Campeche, afectando al ejido San Juan Carpizo. ¡Qué diferencia: en su tiempo Cárdenas creaba ejidos en la zona; AMLO los expropia!
