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El blues de la separación estructural
En fecha reciente parte de la industria de telecomunicaciones ha solicitado la separación estructural de Telmex. Aunque dicha figura admite acepciones, la petición parece referirse, fundamentalmente, a la venta de una empresa que provea servicios mayoristas y de acceso a infraestructura.
Tal intención apunta a un escalón superior de la previa decisión de separación funcional que obligó a crear las empresas Red Nacional Última Mila y la complementaria del Noroeste.
El presente artículo aporta consideraciones sobre cuáles pueden ser la factibilidad y alcance de tal propósito.
Empezando por el final. Una empresa separada estructuralmente, si por tal se entiende su venta a un tercero ajeno, que no pueda considerarse parte del mismo GIE de América Móvil, por definición no podría ser reputada como integrante del preponderante y, en tal sentido, tampoco le aplicaría regulación asimétrica alguna.
Si bien en la resolución inicial de preponderancia se contempló la subrogación (asunción) de obligaciones por nuevas empresas, esto se hizo para evitar su elusión por el Preponderante, pero pretender trasladar obligaciones a un tercero independiente carecería de sustento legal y económico.
Por tanto, la nueva empresa ajena a América Móvil no tendría obligación de proveer infraestructura y servicios a cualquier tercero (ofertas de referencia) ni de hacerlo en las mismas condiciones. Podría aplicar descuentos por volumen, exclusividades y, sobre todo, tarifas libremente fijadas que, se presume, serían superiores a las resultantes de la regulación actual. No sería concebible que aceptara restricciones regulatorias a su libertad de empresa.
Cabe acotar que, por la razón antes dicha, la pretensión de venta no se dirigiría a la parte de servicios finales que, al dejar de ser AEPT, podría estar muy cerca de ofrecer televisión restringida.
Continuando por en medio. La venta de tal empresa presentaría problemas técnicos y políticos evidentes. Es previsible la oposición del Sindicato, ante el riesgo de perder conquistas laborales que, ciertamente, tienen un costo elevado, causante de desequilibrio financiero, como el régimen de jubilación.
Para los postores interesados sería un punto crítico de viabilidad: no sería atractivo comprar una empresa que por sustitución patronal tuviera que respetar el esquema actual de costo laboral desmedido por exceso de personal, pensiones pagadas por empresa (4 jubilados por cada 3 activos), pasivo laboral pendiente, etcétera. Asumir que todos los costos los absorbieran Telmex-América Móvil es improcedente, pues ya operó una distribución de ellos desde la separación funcional.
Técnicamente tendría que afrontarse la repartición de servicios que corresponderían a la nueva empresa. Si bien puede ser claro el caso de enlaces dedicados o acceso a infraestructura, tales son solo medios para la provisión de servicios que dependen de las centrales. ¿Quién sería propietario de las centrales? ¿Es posible alguna división de (dentro de) éstas en función de los servicios?
Aún más discutible será el tema de la última milla o red de acceso que va de las centrales a los domicilios. Aunque hoy la desagregación del bucle está en las empresas funcionalmente separadas, pudiera ser un contrasentido que la entidad de servicios finales, que siguiera siendo de Telmex, no fuera propietaria de dicha red.
Terminando por el principio. La experiencia de la dificultad de venta de Fox Sports en el pasado reciente, seguramente aconsejará cautela al regulador. No es fácil la colaboración de la empresa obligada a vender, independientemente de medidas de apremio al alcance; tampoco la resolución de aspectos técnicos, mucho menos los políticos: máxime si el Sindicato tiene a su favor la cláusula de no afectación a derechos laborales prevista en la reforma constitucional de 2013 (18º Transitorio).
Aunque el IFT tiene amplia discreción para dictar la separación estructural, dista de ser arbitraria. La evidencia o no sobre el impacto de medidas previas y su cumplimiento o no por el AEPT (en sanciones firmes) juega un rol importante.
Y, por último. El acceso a infraestructura es relevante para operadores en general. Particularmente, para los móviles por los posibles ahorros ante su debilidad financiera evidente. Para los fijos puede ser clave, por ejemplo, ante una eventual y recíproca entrada de Megacable e Izzi en sus territorios hasta ahora cuasi exclusivos. Pero en todos los casos depende del precio del acceso que, como se ha dicho, no podría ser regulado de prestarse por una empresa independiente, al menos en tanto no se le declare poder de mercado.
Tal vez la demanda de parte de la industria apuntaría más a una separación híbrida, que no elimine las obligaciones de preponderancia; o a una revisión de la separación funcional, que levante más las murallas operativas, directivas y de sistemas entre las Última Milla y América Móvil y, por supuesto, fortalezca la revisión de cumplimiento.
Interesantes tiempos, temas y retos, de cara al décimo aniversario de la reforma de telecomunicaciones.
* Adolfo Cuevas Teja es excomisionado del IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones)