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Energía, T-MEC y la soberanía
La controversia en materia de energía entre México, Estados Unidos y Canadá, coloca al gobierno de México, en una encrucijada.
Más temprano que tarde tendrá que resolverla. Y para ello, no tiene muchas alternativas, ni tiempo.
Entre las alternativas están: 1.- Cambiar la política energética y reconocer que no está respetando los acuerdos firmados por este gobierno, en el T-MEC; 2.- Intentar negociar uno-a-uno con las empresas que han externado inconformidades y; 3.- perder en el panel de resolución de controversias y heredar al próximo gobierno, el impacto de las sanciones arancelarias que se aplicarían a distintos sectores productivos nacionales.
El reloj inició la cuenta regresiva desde que, el 20 de julio pasado, el gobierno de EU solicitó las consultas respectivas al gobierno de México. Luego se le uniría el gobierno de Canadá.
Los tiempos marcan que el dictamen final podría estarse conociendo en el mes de mayo del próximo año.
Los dos socios comerciales más importantes de México iniciaron un proceso que podría llevar –si en el periodo de diálogo no se alcanza un acuerdo–, a un litigio y, a la eventual imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas.
La inconformidad de EU y Canadá es, básicamente, por las acciones de política pública y regulatorias del Estado mexicano que han impactado negativamente a las empresas estadounidenses del sector energético para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).
El gobierno estadounidense reclama que la política energética de la actual administración, aplicada a partir de 2019, viola las disciplinas a las que el Estado mexicano se comprometió en el T-MEC, particularmente en capítulos como acceso a mercado, inversión y empresas propiedad del Estado.
La Oficina de Representación Comercial (USTR) destaca como motivo, de la solicitud de las consultas: 1.- el cambio en el orden de despacho eléctrico para beneficiar a las centrales de la CFE sobre los generadores privados, establecido en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021.
2.- La revocación y el rechazo de nuevos permisos de generación eléctrica y almacenamiento de petrolíferos, así como las restricciones a la operación de estaciones de servicio e importación de combustibles por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener).
3.- la regulación de diciembre de 2019 que extiende el plazo únicamente a Pemex para cumplir con la Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos de contenido de azufre en el diésel automotriz (NOM-016-CRE-2016),
4.- El exhorto de junio de 2022 de la Sener al Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) y a la CRE para obligar a los usuarios del servicio de transporte de gas natural a comprarle el hidrocarburo a las filiales de la CFE.
Son muy puntuales las preocupaciones de EU y de Canadá en torno a la política energética de México.
Desde hace varios meses, las advertencias desde distintos grupos de empresarios, legisladores y funcionarios estadunidenses dejaron claras tales preocupaciones y el gobierno mexicano no solo no las atendió, sino que las minimizó.
Luego vendría la solicitud de consultas en el marco del T-MEC por parte de Estados Unidos y la de Canadá.
La reacción presidencial inicial sorprendió porque respondió con la canción de El Chico Che, que dice ¡Uy Qué Miedo!
Pero la sorpresa no quedó ahi porque apenas unas semanas después la declaración presidencial cambió. Primero anunció que ya no fijaría la posición de su gobierno el 16 de septiembre, como lo había anticipado.
También dijo que el presidente Joe Biden es su amigo y que le había gustado mucho la carta que le había enviado.
Todo apunta a que el gobierno mexicano, a pesar de ello, no va a cambiar su política energética.
Las alternativas no son muchas. El tiempo es poco. Veremos.
