Energía y la próxima administración

La semana pasada en este espacio, previo al anuncio de la nueva titular de la Secretaría de Energía, escribí sobre algunos de los retos que enfrenta Pemex y una posible hoja de ruta, nada sencilla, para hacerles frente. Ahora que ya tenemos próxima titular de la dependencia responsable de establecer la política pública en materia energética, me gustaría hacer un ejercicio similar.

A diferencia de Pemex, donde el problema es financiero y se puede atender con recursos, en el caso de la energía eléctrica el problema es más complejo y sin soluciones inmediatas, y puede tener consecuencias a largo plazo. Si algo puede matar el nearshoring es justamente la falta de energía. En una encuesta realizada por BBVA el año pasado, 91% de los miembros de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) reportaron afectaciones por falta de energía eléctrica.

Durante los últimos seis años, la capacidad instalada de generación se ha mantenido prácticamente igual. Muy poca nueva generación a entrado “en línea” y muchas de las plantas que deberían haber sido retiradas por obsoletas, contaminantes y caras siguen operando. Si alguien tiene alguna duda de la situación, basta ver los apagones de hace algunas semanas. La realidad es que los márgenes de reserva del Sistema Eléctrico —aunque ahora lo quieran esconder haciéndolos información reservada por seguridad nacional— están constantemente en estado crítico; en las semanas de los calores intensos, oscilaban entre 5 y 0%, y en más de una ocasión fueron negativos, es decir, no había suficiente luz para satisfacer la demanda.

El problema no es sólo en generación, también hay grandes problemas por subinversión en transmisión y distribución. En transmisión, las dos principales líneas que se debían construir fueron canceladas por esta administración, y en distribución, la inversión ha sido casi nula.

¿Qué hacer?

En generación, la clave —más allá de terminar las cinco plantas de ciclo combinado que comisionó la CFE cuanto antes y contar con la infraestructura para surtirlas con gas natural— es reactivar la inversión con la participación de privados. México necesita invertir entre 30,000 y 35,000 millones de dólares en nueva capacidad de generación en los próximos seis años, y ni CFE ni el Estado tienen ese dinero. Llamémoslo como queramos —APPs, concesiones, permisos de generación— y que las inversiones se hagan con la rectoría del Estado, pero necesitamos inversión privada.

Los esfuerzos de inversión del Estado deberían enfocarse en transmisión y distribución. Estas partes de la cadena de valor son verdaderos monopolios naturales y la CPEUM otorga exclusividad a la CFE en este ámbito. Los anuncios de la presidenta electa son bienvenidos en esta materia —8,000 millones de dólares de inversión— y ojalá sean más. Es necesario realizar las dos líneas de transmisión pospuestas —la que une al istmo de Tehuantepec con Morelos y la interconexión de Baja California— y reforzar el sistema en su conjunto.

Lo fundamental en este caso es hacer de la energía eléctrica un detonante de crecimiento y bienestar, no un obstáculo por su escasez como lo es hoy. No será sencillo; estas inversiones tomarán años en concretarse y no será fácil que los inversionistas en estos sectores vuelvan a confiar en México después de los últimos seis años. Pero si la presidenta electa es realmente pragmática y ha puesto a sus colaboradores más cercanos y técnicos en estas carteras clave, entenderán que en este sector hay que dejar ir los dogmas ideológicos.