Fuerzas Armadas, ¿vigilante cibernético?

En la Cámara de Diputados se “cocina” una iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad que de aprobarse permitirá la invasión a la privacidad y protección de datos personales a través de un “monitoreo” de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.

Ambas instituciones tendrían todas las facultades legales para vigilar, espiar e intervenir las comunicaciones privadas de la población, sin autorización de los ciudadanos y sin controles judiciales.

Implicaría que las fuerzas armadas “en el ámbito de sus competencias y a través de las unidades administrativas que determinen sus titulares” podrán “monitorear el ciberespacio para prevenir, identificar y neutralizar las ciberamenazas y ciberataques”.

La iniciativa de ley propone la creación de un Registro Nacional de Incidentes que, en aras del combate a los ciberdelitos, dotaría de un control excesivo al Estado, en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad que se “discute” en la Cámara de Diputados, atenta contra los derechos humanos e incumple obligaciones internacionales en la materia.

Adicionalmente, es contraria a la libertad de expresión, porque, aunque asegura que ésta se respetará, la amplitud de conductas sancionables ocasionaría graves problemas en su aplicación práctica.

Las intromisiones a los derechos humanos en los términos que plantea la iniciativa no son aceptables, en particular, las restricciones a los derechos de privacidad y protección de datos personales al ordenar la entrega de información personal a un catálogo indefinido de autoridades competentes.

El control de los delitos cibernéticos debe enfocarse –apuntan desde el sector privado– únicamente cuando se comprometa infraestructura con información esencial o estratégica para la provisión de bienes o la prestación de servicios públicos básicos y que ponen en riesgo la Seguridad Pública o la Seguridad Nacional.

La iniciativa de ley ha logrado la unión de las organizaciones más importantes del sector. En un grito de alerta unieron su voz las principales organizaciones de la industria electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la información para impugnarla y exhortan a que se tomen en cuenta las preocupaciones y propuestas de las organizaciones de los distintos sectores involucrados.

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai), la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (Amiti), la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la International Chamber of Commerce México (ICC-México), emitieron un largo y detallado posicionamiento respecto de los riesgos de la iniciativa, tanto como de los aspectos positivos de la iniciativa en discusión.

Las organizaciones advierten que la iniciativa de ley pone en riesgo derechos como la libertad de expresión, la privacidad, el incumplimiento por parte del Estado a la protección de datos personales reconocidos internacional y nacionalmente.

Actualmente la Iniciativa está en estudio de las comisiones de Seguridad Ciudadana, así como Ciencia, Tecnología e Innovación, y para opinión de Defensa Nacional además de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Las organizaciones firmantes destacan el diagnóstico en torno a la ciberseguridad en México.

México se mantiene en el primer lugar de intentos en ciberataques en Latinoamérica, con 187,000 millones de intentos en 2022, un crecimiento del 20% según datos de Fortinet.

De acuerdo con el Índice de Ciberseguridad Global (Global Cybersecurity Index) México se encuentra en el lugar 52 y en la región ha caído hasta la posición cuatro, después de Estados Unidos, Canadá y Brasil.

El Banco Mundial establece que México se encuentra en el puesto 15 de las mejores economías en el mundo en relación con la generación del PIB, para el Inegi, las PyMEs generan el 52% del PIB y 72% del empleo en el país, sin embargo, las PyMEs que sufren un ciberataque pueden llegar a pagar hasta dos millones de pesos por un rescate, aumentado los factores por los cuales las PyMEs pueden desaparecer y afectar la economía del país.

De los apuntes de las organizaciones sectoriales, se desprende que lo que se requiere de una iniciativa de Ley Federal de ciberseguridad que se diseñe con la participación del sector privado, la academia y la sociedad civil y que reconozca los principios y buenas prácticas y recomendaciones de organismos y asociaciones con aval internacional.

Ojalá que se logre evitar que las fuerzas armadas –que en este sexenio se han empoderado con múltiples tareas y funciones–, se conviertan en un peligroso vigilante cibernético. Al tiempo.