Ignorancia sobre los autónomos

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha circulado el proyecto de predictamen de la reforma de simplificación administrativa, para que siete organismos autónomos y entes reguladores sean absorbidos por distintas secretarias federales.

Con ello, tanto los legisladores, como la propuesta del ejecutivo, dan cuenta de la profunda ignorancia y el desconocimiento que se tiene en la materia, no sólo desde el punto de vista administrativo, sino de las consecuencias económicas, políticas y de compromisos internacionales que el país ha adquirido a lo largo de los últimos 25 años en materia de la construcción de organismos autónomos para dirimir controversias entre actores de cada sector y de estos con el gobierno.

Destacan, de los organismos que se proponen, que las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) pasen a la Secretaría de Economía, mientras que las de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se transfieran a la Secretaría de Energía (Sener).

Tal vez ignoren los legisladores del oficialismo, el muy importante papel que dicha comisión ha representado en otros países. Notoriamente en EEUU, se dice que sin su comisión antimonopolios (o de competencia como la nuestra) el desarrollo de la economía de aquel país hubiera sido imposible. No sólo porque evito la constitución de monopolios locales y federales a los que la producción capitalista es tan proclive, sino que permitió que un sinnúmero de jugadores se incorporara a la competencia en diversos sectores, promoviendo el desarrollo tecnológico, mejores precios para los consumidores y diversidad en la oferta de aquella economía. Todo ello con la participación de expertos y técnicos y sin el peso de las decisiones políticas a las que es tan proclive los gobiernos al favorecer a un jugador sobre otro o el incentivo a la corrupción que existirá de ahora en adelante.

Pero el asunto, no se queda ahí. En materia de electricidad y de hidrocarburos, volveremos a el viejo esquema como ha sido este sexenio de que las decisiones sobre estos dos sectores se tomaran con criterios puramente políticos, con las consecuencias que ello acarrea. Notoriamente la inseguridad jurídica a inversionistas nacionales y extranjeros, para invertir en dichos sectores.

En cuanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se integra a la Secretaría   de   Infraestructura, Comunicaciones   y Transportes (SICT), con un agravante, que por ley el IFT regula y garantiza el derecho a la libertad de expresión. Es decir, que de ahora en adelante, de aprobarse esta reforma, todo lo que usted diga en redes sociales, lo que vea en internet y lo que se transmita por radio y televisión quedará en manos del gobierno en turno y sus decisiones políticas para dejar o no y vigilar que alguien pueda expresarse a través de cualquier medio existente que use señales radioeléctricas.

Finamente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) pasa a formar parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En esto hay un error fundamental. No es lo mismo levantar información lo más objetiva posible, que evaluar el éxito o fracaso de las políticas sociales aplicadas por el gobierno. Dejar a la sociedad sin una autoridad confiable que pueda evaluar cómo lo está haciendo el gobierno y si va por buen camino, será como andar a ciegas en materia de política social y con ello ser juez y parte en la evaluación de las acciones de gobierno en materia de salud, educación, combate a la pobreza y vivienda. Muy mala noticia para la política, pues nadie tendrá datos confiables e independientes sobre el desempeño del gobierno en rubros cruciales para el desarrollo nacional.

La Comisión legislativa espera aprobar   los   dictámenes   de   las   18   reformas presidenciales durante agosto, con la intención de que pasen a manos de la siguiente Legislatura. Y, después de ello, lloverán las controversias internacionales, pues México se comprometió a la creación de estos entes autónomos y a su permanencia. Nada más, pero nada menos, también.