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Inclusión financiera y su evaluación
De acuerdo con el Banco Mundial, en las economías emergentes existen más de 200 millones de microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes), formales e informales, que carecen del financiamiento adecuado para prosperar y crecer.
Las mipymes señalan que las principales razones para no tener un crédito son la falta de garantías y de historial crediticio.
La inclusión financiera es el objetivo fundamental de la banca de desarrollo, por lo tanto, estas instituciones deben trabajar para atender las necesidades de inversión de las mipymes.
Datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2015) señalan que, en México, las mipymes contribuyen con 71% del empleo y 51% de los ingresos del sector empresarial.
Sin embargo, sólo reciben 11.1% de la cartera de crédito de la banca múltiple. La encuesta de empresas de Banco Mundial 2010 señala que 29% de las empresas del mundo identifica el acceso a crédito como su principal barrera.
Para el caso de México, la cifra asciende a 30 por ciento. Asimismo, de acuerdo con la ENIF, 29% de la población considera como una razón para no contar con servicios financieros los altos intereses que se pagan.
En este sentido, ante las necesidades de otorgar créditos a proyectos de inversión viables, el gobierno mexicano ha impulsado la Política Nacional de Inclusión Financiera, donde destaca el elemento 3.7 del Eje 3 “Desarrollo de la infraestructura financiera en zonas desatendidas”, que señala como objetivo incrementar los servicios otorgados por la Banca de Desarrollo a fin de atender a la población localizada en zonas con escasa presencia de los intermediarios financieros.
Por su parte, el Eje 4 señala la necesidad de “mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población subatendida y excluida”.
A través de la banca de desarrollo, se han reforzado los canales financieros de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, socaps, ya que son instituciones que tienden a desplegar su infraestructura en localidades pequeñas que la banca comercial no atiende.
Al respecto, la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014 señala que las SOCAP son la principal fuente de crédito en el medio rural, ya que canalizan recursos a 26% de unidades de producción (empresas de agricultura familiar) que tienen financiamiento.
Ante este contexto, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) como parte de la banca de desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ofrece diversos programas, que se dispersan a través de los intermediarios financieros, para atender las necesidades garantías, fondeo y apoyos tecnológicos de las mipymes.
El Programa de Agricultura Familiar, PROAF, es un programa diseñado por FIRA para atender a las empresas de agricultura familiar y cubrir sus necesidades de garantías y acceso al financiamiento a través de las socap. De dicho programa, y su evaluación, escribiré en la siguiente parte de esta nota de análisis.
* Jorge Lara Álvarez es subdirector de evaluación de programas en FIRA. La opinión aquí expresada es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.
