Insuficiente acceso social a Internet

En una década, las viviendas con Internet en México pasaron de 21.3 en 2010 a 52.1% en 2020. Aunque el crecimiento fue de 144.6%, lo cierto es que apenas un poco más de la mitad de los hogares tiene acceso a la tecnología más disruptiva de los últimos tiempos. Somos un país medianamente tecnologizado que genera una nueva pobreza: la digital.

El Inegi dio a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. La tecnología con más presencia en los 43.9 millones de viviendas que existen en el país es el televisor (91.1%), seguida del teléfono celular (87.5%) y el radio (67.6%). Internet se ubica en cuarta posición.

Si lo comparamos con otros servicios públicos esenciales como la electricidad (99%) o el agua entubada (77.6%), es claro que la presencia de Internet y otras Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como las computadoras (37.6%), sigue siendo limitada.

Al mismo tiempo que se daban a conocer los resultados del Censo, se presentaba el libro “A seis años de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Análisis y propuestas”, coordinado por el académico Rodrigo Gómez y editado por Tintable, el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

En 2013 se reconoció el acceso a las TIC, la banda ancha e Internet como un derecho fundamental. Como lo menciona en el prólogo, “la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 generó grandes expectativas para reorganizar dichos sectores, tanto en temas de competencia e inversión, pasando por la cobertura y el acceso, como en la pluralidad política, diversidad cultural y la habilitación de derechos como el acceso a la información”.

La obra colectiva hace una revisión de algunos aspectos de la legislación secundaria. Participan diez autores sobre temas nodales: Adriana Labardini (regulación), María Elena Estavillo (competencia), Jesús Romo (convergencia), Rodrigo Gómez (inversión), Erick Huerta (telecomunicaciones comunitarias), Aleida Calleja (pluralismo), Patricia Ortega (medios públicos), Andrea González (derechos de los usuarios) y Adriana Solórzano (derechos de las audiencias).

Yo contribuyo con el capítulo “Las telecomunicaciones y el acceso social a Internet”. Menciono que cada vez están más documentados los beneficios sociales y el desarrollo que genera el acceso a las TIC y la conectividad. Se sabe que el aumento de 10% en la penetración de banda ancha permite que el PIB crezca 1.38%. Por cada mil conexiones de banda ancha se generan 80 nuevos empleos. Duplicar la velocidad de banda ancha hace crecer el PIB 0.3%. Finalmente, 10% de incremento en la penetración de telefonía móvil genera que el PIB se incremente 0.5%.

A pesar de estos beneficios, el diagnóstico no es optimista. Sostengo que los cambios legales resultan insuficientes cuando se carece de políticas públicas integrales y focalizadas en aquellos sectores de la sociedad que aún se encuentran excluidos de los beneficios de la conectividad. Los habitantes de comunidades sin infraestructura de banda ancha, sin servicios de telecomunicaciones y sin un ecosistema digital desarrollado, que incluya contenidos y aplicaciones, no tienen la oportunidad de materializar otros derechos fundamentales como educación o salud. La pandemia lo ha demostrado.

La reforma constitucional de 2013 generó competencia pero no cobertura de redes y servicios. Aporto datos internacionales de 20 países de América Latina que corroboran que naciones que no hicieron cambios a su Carta Magna, no publicaron una nueva ley integral de telecomunicaciones y no tienen un organismo constitucional autónomo como México, tuvieron un mejor desempeño en servicios como telefonía y banda ancha móvil y fija, televisión de paga y usuarios de Internet.

Sin cambios constitucionales, legales e institucionales de la envergadura de los que tuvo el país en 2013-14, otros países crecieron mucho más que México en servicios de telecomunicaciones. La diferencia radica en que varios de esos países diseñaron, implementaron y ejecutaron políticas públicas digitales. Éstas les permitió expandir la infraestructura de banda ancha, conectarse y digitalizarse más que México.

Por ejemplo, entre 2013-18 las suscripciones de telefonía móvil por cada 100 habitantes en el país crecieron apenas 6%, a pesar de que México es el único país de América Latina que reconoce el acceso a las TIC como un derecho humano. En el mismo lapso, en Costa Rica crecieron 13%, en Colombia 20% y en Perú 23%. En los tres casos se trata de naciones con un menor nivel de desarrollo económico.

En cinco años, las suscripciones de banda ancha móvil por cada 100 habitantes crecieron 76.32% en México. Parece mucho. Pero 14 países de la región tuvieron un mejor desempeño en el mismo periodo sin haber agitado el avispero jurídico e institucional. En Panamá el servicio creció 98%, en Ecuador 208% y en Colombia 659%.

Algunos dirán que varios de esos países venían de más atrás que México y por eso su crecimiento es más acelerado. Cierto, pero esa puesta al día no se vio impulsada por cambios estructurales al marco jurídico sino por política pública digital o se permitió al mercado avanzar.

Más claramente: aunque en México la Constitución consagra el derecho de acceso a Internet, la legislación y la regulación inhiben la inversión y el despliegue de redes (léase el capítulo de Rodrigo Gómez para constatarlo). Al mismo tiempo, los gobiernos federal y estatales han carecido de una política pública de inclusión digital (a pesar de que la Constitución la ordena). Tampoco se tiene una Estrategia Digital Nacional y desapareció la Subsecretaría de Comunicaciones, responsable de elaborar la política pública digital.

Si nos comparamos con los países de la OCDE, el panorama también es desfavorable. Entre países hiperconectados y que no vienen de atrás, ya se dijo que en suscripciones de telefonía móvil México apenas creció 6%. Estados Unidos lo hizo 24%, mientras que Japón y Corea del Sur 15% cada uno. 18 países de la OCDE más conectados que México, crecieron más que nuestro país entre 2013-2017.

Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, dijo que el presidente López Obrador respetará los compromisos asumidos por México en el T-MEC, por lo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones conservará su autonomía. La declaración fue un respiro para muchos. Pero tanto los resultados del Censo como las reflexiones del libro resultan inquietantes. La reforma de 2013 ha sido una bandera del regulador para justificarse, pero a siete años de la reforma y seis de la ley, México sigue desconectado.

*El autor es Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Twitter: @beltmondi