La batalla perdida del Poder Judicial

Vivimos la era de la comunicación y las percepciones. En ambos campos, los miembros del Poder Judicial federal tienen perdida la batalla contra el presidente López Obrador y su obsesión por eliminar los fideicomisos judiciales de unos 15,000 millones de pesos.

Para ganarle a López Obrador hay que arrebatarle la narrativa. Y no es fácil si el presidente ejerce un aparato de comunicación diaria, la conferencia mañanera, con enorme alcance social, sin contrapuntos ni precisiones a la información ahí divulgada. El presidente tiene claro que la política es la conquista de las mentes y los corazones y en eso se concentra.

Su narrativa contra el Poder Judicial tiene 2 armas discursivas, poderosas e imbatibles, que cualquier persona entiende: “privilegios” y “15,000 millones de pesos”.

1. Privilegios. “Los ministros ganan más que el presidente”. Cierto: los ministros ganan un salario mensual de 200,000 pesos, además de un bono quincenal por cada 5 años de servicio en el Gobierno federal. Al retirarse, tienen derecho a una pensión vitalicia que pueden heredar a la pareja o hijos menores.

El Poder Judicial se compone de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. Unos 53,000 trabajadores. Tienen seguro de vida, de retiro y de gastos médicos mayores de 1 millón de pesos al mes que pueden gozar la pareja y los hijos solteros menores de 25 años.

Tienen un seguro de separación y un “ahorro solidario”, dos fondos que duplican las aportaciones voluntarias del trabajador: alguien que gana 50,000 al mes puede destinar hasta 10% para cada fondo y recibir 240,000 pesos al año.

Tienen ayuda para gastos funerarios, incapacidad médica permanente, antigüedad y jubilación y vacaciones de 30 días anuales.

Son los “privilegios de una burocracia dorada”, critica el presidente. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.

2. 15,000 millones de pesos. “Los fideicomisos son un fondo para sostener los privilegios del Poder Judicial”. Falso: el dinero de esos fideicomisos casi ni se utiliza, porque en realidad los “privilegios” se pagan con el gasto ordinario que le concede la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Al insistir en “privilegios” y “15,000 millones de pesos”, el presidente robustece la percepción de una casta dorada abusiva que, para colmo, tampoco hace bien su trabajo porque o tarda mucho en resolver los asuntos o resuelve con base en intereses particulares y poco transparentes.

Algo similar le ha ocurrido a otras entidades en la mira del presidente. Tomo el ejemplo del Inai, la agencia de transparencia y privacidad, al que López Obrador le endilgó dos ideas potentísimas capaces de moldear la opinión pública: cuesta 1,000 millones de pesos y no combate la corrupción. Las dos son ciertas: cuesta 1,000 millones y no tiene la responsabilidad de combatir la corrupción fuera de sus oficinas. Se crea la percepción de una agencia cara e ineficiente.

Como ocurre ahora con el Poder Judicial. ¿Y cómo éste responde? Jugando al juego que le impone el presidente, haciendo paros laborales y alterando vialidades con consignas tipo “¡No son privilegios, son nuestros derechos!”. Chiques, ayúdense: eso sólo alimenta la percepción que López Obrador promueve en la opinión pública.

Lo peor para el Poder Judicial será que, si se eliminan los fideicomisos y se impugna esta decisión en la Corte, serán los propios ministros los que analicen el asunto, convirtiéndose, muy a su pesar, en juez y parte.

Al final, siempre, las víctimas. Como en casi todo donde se mete la política y el dinero, lo que menos importa son las personas afectadas: los usuarios de los servicios judiciales, ciudadanos en busca de justicia y sus defensores. “Pues ya ando buscando trabajo. Los tribunales ya no sirven más: cuando no paran los locales, paran los federales y cuando pueden ¡paran todos juntos!”, me escribió un amigo. Te deseo paz y sabiduría, abogado.