La carta de Ebrard y De la Fuente

La semana pasada escribí que la preocupación expresada por Estados Unidos y Canadá por las implicaciones de la reforma judicial aprobada por la cámara de diputados apenas hace unos días es legítima y no constituye una violación a la soberanía de México. Lo que desde mi perspectiva es una interpretación muy estrecha del lugar de México en el mundo de parte del ejecutivo, se ha transformado hoy en la instrucción para los futuros de secretarios de economía y relaciones exteriores de adoptar una postura principista y defensiva en la relación bilateral más importante para el país. 

La posición de nuestros vecinos norteamericanos es legítima en la medida en que las economías de México, Estados Unidos y Canadá están integradas y la reforma, al menos en los términos planteados, tiene el potencial de generar una mayor arbitrariedad jurídica que afecte no sólo a los mexicanos —sin duda, el aspecto más alarmante y perjudicial de la reforma—, sino también a los inversionistas extranjeros que operan en el país. 

Un ejemplo de esto sería una disputa entre un inversionista y el Estado, en la que un juez, respaldado por el gobierno, favorezca los intereses de este último sobre otros. Por cierto, el artículo 29.4 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece la obligación de que cada Estado parte cuente con jueces imparciales e independientes del poder ejecutivo, sin intereses sustanciales en el resultado de un litigio.

La inversión extranjera en nuestro país no es ningún demonio que haya que exorcizar. De hecho, el propio gobierno celebra haber alcanzado cifras récord de IED en este sexenio. La IED constituye una de las principales herramientas para el desarrollo; es un instrumento para la integración de una economía a las cadenas productivas de valor; funge como palanca de la calificación técnica de la mano de obra, y sirve, también, como un vector de transmisión de saberes, tecnología e innovación. Esto es bien conocido por Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, quienes desde hace semanas se reúnen con miembros del sector privado para intentar calmar las aguas y asegurarles que sus intereses no están en riesgo. 

Ahora bien, los pronunciamientos del Embajador Ken Salazar y lo publicado en The Post no constituyen una violación de la soberanía simplemente porque no comprometen la capacidad de México para autodeterminarse ni ejercer control en sus propios asuntos. Prueba de esto es que la reforma judicial de López Obrador se aprobará “sí o sí”, a pesar del descontento y la oposición de miles de estudiantes de derecho, trabajadores del poder judicial y ciudadanos, y sin que medie la intervención de ningún gobierno extranjero.

Sin embargo, a la cuarta transformación le viene bien que Estados Unidos advierta sobre los riesgos potenciales de la reforma porque brinda el pretexto perfecto para apelar al nacionalismo mexicano. La carta de respuesta de Ebrard y De la Fuente a la postura estadounidense probablemente tendrá poco o nulo eco en el exterior. Es un texto inconsecuente en la medida en que la postura del gobierno mexicana quedó muy clara luego de la “pausa” decretada por Andrés Manuel. Más aún, no se trata de una nota diplomática que exprese de manera formal el extrañamiento de las autoridades mexicanas. 

Quizás sea un intento de enmendar la plana al presidente, ya que aquello de “darse un tiempo” con el Embajador Salazar “para que aprenda” a no meterse en los asuntos mexicanos no es un argumento muy sofisticado. Eso sí, internamente, habrá quien crea que es útil dejar registro en redes sociales de la defensa de la soberanía mexicana frente a lo que consideran injerencismo estadounidense. 

Luego de experiencias convulsas de invasiones, intentos de reconquista y pérdida de territorio, México es un país proclive a adoptar posturas rígidas en la interpretación de principios como la no intervención. Sin embargo, vale la pena recordar que los principios no son abstractos e inmutables, sino que deben leerse a la luz de cada circunstancia histórica, política, económica y social.

Como corolario, el periódico inglés Financial Times ha publicado varias notas tanto o más críticas que The Post a propósito de las posibles implicaciones de la reforma judicial. Aunque la confrontación con Inglaterra es probablemente menos atractiva que con Estados Unidos, me pregunto si también habrá una carta al editor.