Lectura 7:00 min
La inmigración no empieza en la frontera de EU
Si bien los líderes estadounidenses de ambos lados del pasillo se centran en asegurar la frontera, no se encuentran estrategias que aborden las causas profundas de la inmigración. A menos que eso cambie, las presiones migratorias seguirán siendo un tema político divisivo.
SAN JOSÉ. Este es un año electoral extremadamente divisivo, pero más de la mitad de los votantes estadounidenses está de acuerdo al menos en algo: la inmigración es una cuestión prioritaria. Sin embargo, los discursos del Congreso de EU y de la campaña presidencial han ignorado hasta ahora cuestiones fundamentales de este tema. Como los líderes demócratas y republicanos se han centrado principalmente, o exclusivamente, en la manera de mejorar la gestión de la frontera sur de Estados Unidos, no han planteado soluciones para actuar sobre las causas de la inmigración.
El público estadounidense parece entender que la inmigración no empieza en la frontera de su país: en una encuesta de febrero de 2024, tanto los demócratas como los republicanos clasificaron la mala situación económica (75%), la violencia en los países de origen (65%) y la promesa de mayor libertad en EU (44%) entre los principales factores que impulsan a la gente a abandonar sus hogares para tratar de entrar a EU, pero ese reconocimiento no ha llegado a las agendas políticas.
Latinoamérica es una de las principales fuentes de inmigrantes a EU: más del 40% de los 1.5 millones que ingresaron al país en 2021 provino de esa región (principalmente, de México). Por haber sido presidente de Costa Rica, tengo experiencia en la gestión de este tema con el gobierno actual de EU y los anteriores, y puedo reconocer los esfuerzos bienintencionados cuando los veo. Me queda claro que la obsesión con la frontera impide el desarrollo de estrategias eficaces para atender a las causas de la migración: es una cuestión de óptica y teatro político más que de soluciones sustanciales.
El sesgo en las prioridades se hace evidente en la sorprendente diferencia entre la escala de los recursos dedicados a la seguridad fronteriza y los destinados a implementar, junto con los países latinoamericanos, soluciones estructurales a largo plazo. En octubre de 2023, el gobierno del presidente Joe Biden solicitó US13,600 millones de fondos adicionales de emergencia al Congreso, para desembolsos relacionados con la frontera sur y las migraciones. Aunque esa solicitud fue rechazada, se aumentó luego en un 7% (US1,900 millones) el presupuesto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EU. Aunque técnicamente es menos que los US2,500 millones que el gobierno de Biden había pedido este año para la asistencia exterior a Latinoamérica y el Caribe, eso fondos deben ser divididos entre 27 países.
Incluso cuando los líderes se desvían de la cuestión fronteriza, no logran llegar al nudo del asunto: las circunstancias que impulsan a la gente a considerar la migración como su mejor opción para lograr un futuro mejor. Esto fue así tanto con Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris –a quien ahora respalda como candidata demócrata a la Presidencia–, como con su predecesor republicano, Donald Trump, que enfrentará a Harris en las elecciones de este año.
Ciertamente, en 2022 el gobierno de Biden parecía avanzar en la dirección correcta: la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección –acordada con los líderes de 19 países latinoamericanos y Canadá– reconocía la necesidad de abordar la migración de manera regional con un enfoque que mejore “la situación y oportunidades en los países de origen”, pero hasta ahora los resultados no se han siquiera acercado a la escala del desafío.
Desafortunadamente, incluso eso es mejor de lo que hizo Trump: durante su Presidencia recortó la asistencia a los países centroamericanos, una decisión considerada contraproducente por los políticos y entendidos de ambos bandos. Al daño que causa la falta de reconocimiento de la verdadera naturaleza de la inmigración, Trump sumó el de su perturbadora retórica sobre los inmigrantes, a quienes acusó de “envenenar la sangre del país”. La realidad, sin embargo, es que los refugiados y asilados generan beneficios de gran alcance para EU: se estima que entre 2005 y 2019 aportaron USD 123,800 millones a la economía.
EU supo priorizar mucho a Latinoamérica, no siempre para mejor... pensemos, por ejemplo, en sus penosas intervenciones en América Central durante la década de 1980; pero también hay ejemplos de relaciones positivas, como la Alianza para el Progreso, creada por el presidente John F. Kennedy, que sigue siendo el mayor esfuerzo de cooperación estadounidense con la región hasta la fecha.
Hace falta ahora una cooperación con ambiciones similares para abordar las causas de la inmigración. Como lo muestra un informe de 2023 de las Naciones Unidas, la región sufre de una tasa de homicidios alarmantemente elevada –y en aumento–, y de la tasa de homicidios relacionados con el crimen organizado más alta del mundo (los niveles de desigualdad también están entre los más elevados del mundo). La inestabilidad política, el estancamiento económico y la corrupción contribuyeron a una recaída en prácticas poco democráticas, ya que debido a ellos los gobiernos autoritarios ganaron capacidad de atracción. Actualmente, solo el 48% de los latinoamericanos respalda la democracia: lo que implica una caída de 15 puntos porcentuales respecto de 2010.
Todo esto tiene graves implicaciones para EU, no sólo en términos migratorios: los países autocráticos son más proclives a “iniciar conflictos, diseminar desinformación e involucrarse en ciberataques transfronterizos”. En el contexto de la competencia global, si el hemisferio occidental se debilita política y económicamente, EU quedará en desventaja estratégica. Esto explica en parte por qué la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EU, solicitó un Plan Marshall para América Latina, aunque su visión –centrada en contrarrestar la influencia china– es demasiado estrecha.
Lo que necesitamos es un plan ambicioso que aborde los desafíos de la región, refuerce el bienestar, la paz y la democracia, y cumpla con el imperativo de la transición energética. Para ello es necesaria la cooperación a largo plazo entre los gobiernos latinoamericanos y sus contrapartes del hemisferio occidental. La diversificación de la producción y las exportaciones de la región, sumados a un aumento del financiamiento para el desarrollo, son cruciales. Sólo es posible aliviar la presión migratoria de manera sostenible con acciones concretas para mejorar la vida de la gente en sus países de origen –ofreciéndoles medios de vida viables, respetando los derechos sociales y políticos, y garantizando la ausencia de violencia–.
EU puede y debe liderar el cambio, pero sólo si está dispuesto a formar un nuevo tipo alianza que apoye acciones sistemáticas que promuevan resultados sociales y económicos mutuamente beneficiosos. Hasta entonces –sin importar quién ocupe la Casa Blanca– la presión migratoria sobre la frontera sur estadounidense seguirá evidenciando el fracaso de las políticas que no miran más allá de ella.
El autor
Carlos Alvarado-Quesada fue presidente de Costa Rica (2018-22) y es profesor de Práctica de la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts.
Copyright: Project Syndicate, 2024
