La trampa de la austeridad penitenciaria

El Presidente se levantó feliz porque tenía una buena noticia para su homilía diaria: otro penal cerrado y unos cuantos pesos más para abonar a la austeridad de su gobierno. Los espectadores de su gobierno podrían constatar cómo con voluntad se puede ahorrar 2,500 millones de pesos.  

Y lo anunció. En su conferencia se informó el cierre del Centro Federal de Readaptación Social 6, en Tabasco, y de paso contaron que este era el quinto Cefereso cerrado por sentido común, pues hay más celdas que personas y porque en el periodo neoliberal hubo tanta maldad que se contrató a empresas para construir y administrar los penales. Y no, señor, ya no quiere dar dinero a las empresas.

El problema es que otra vez el gobierno federal usa tramposamente la información. Veamos. Para empezar, no se ahorrarán 2,500 millones de pesos por el cierre de cinco ceferesos porque dos de ellos (el 3, de Tamaulipas, y el 10, de Coahuila) ya no operaban desde hace cinco años, así que no eran motivo de gasto y por lo tanto, no son pieza de ahorro. 

En segundo lugar, el sistema penitenciario mexicano opera con muchos asientos vacíos, es verdad, pero con números rojos en materia de vigilantes y operadores. Reubicar personas privadas de su libertad  implica aumentar el déficit en vigilancia que ya hay. El sistema tiene un boquete ahí estimado en 5,000 millones de pesos de gasto corriente. El ahorro no alcanza para taparlo. 

En tercer lugar, ninguno de los Ceferesos cerrados estaba bajo el régimen de CPS (centro de prestación de servicios), en el que una empresa construye y mantiene la infraestructura a cambio de una renta mensual de 100 millones de pesos. El gobierno seguirá pagando esto a los ocho CPS que hay porque los contratos son de 20 años y son prácticamente irrompibles. 

 Los CPS sí son un agujero negro pero a ese agujero no se está asomando el Presidente. Cada uno de ellos tiene capacidad para 2,520 personas, debe tener en promedio 370 custodios y cuestan, ya dije, 100 millones al mes, sin importar si hay una o 1,000 personas adentro. La verdad es que no rebasan la mitad de su capacidad, pero la otra verdad es que tienen sólo una tercera parte de sus custodios, ahí es donde está el déficit.  

El cierre de Islas Marías y de Puente Grande en Jalisco tuvo sentido, pero no de ahorro sustantivo y  mucho menos de política pública eficiente en materia de seguridad y reinserción social. Para empezar, el cierre de Puente Grande implicó pérdida de infraestructura estratégica pues dejó a Almoloya como el único penal de máxima seguridad en todo el país. Pero sí, necesitaba mucha inversión. En realidad se cerró no para ahorrar sino para no invertir. 

Por otro lado, la incapacidad presupuestal del gobierno federal para cubrir las plazas de vigilancia y operación de Ceferesos y CPS deja a la deriva la idea misma de reinserción social para convertir las cárceles en lugares con barrotes para guardar temporal o definitivamente a la gente. Lo del empleo, salud, vigilancia, deporte y capacitación garantizados por la Constitución pasa a ser broma y ni a quién le importe… hasta que la sociedad se agujera. 

Para terminar, la tendencia de disminución en la población penitenciaria iba a la baja, es cierto, pero esa tendencia se paró en 2019, con el aumento de la prisión preventiva oficiosa que tanto le gusta a esta administración. Sí, esa, la de encarcélese y después virígüese. 

Así que, si no se elabora una política pública integral para resolver el problema de sillas vacías, mexicanos sin reinserción social, cárceles sin vigilantes y CPS subutilizados pero caros, entonces a nadie puede alegrarle que el gobierno haya metido una monedita más a su costal.