La triple hélice del mercado de carbono en México

El cambio climático es un asunto con raíces en la economía. Evidentemente, es un problema que tiene profundas implicaciones en el medio ambiente y en la sociedad y tiene sus orígenes en un concepto que los economistas llaman externalidades; es decir, impactos que no se contabilizan en los mercados. Así, por ejemplo, las emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero deben incorporarse dentro de los costos de la actividad económica para, de esta forma, incentivar a las empresas a reducir sus emisiones. En México existen tres instrumentos de precios que tienen esta finalidad y que a continuación se detallan.

El primero fue aprobado en 2014, y consiste en el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) aplicado a combustibles fósiles en México, el cual va justamente en el sentido de establecer un precio a las emisiones de CO₂, ya que, conforme mayor es la intensidad de carbono resultado de la quema de un combustible determinado, mayor es el precio a pagar. Este impuesto aplica al productor o importador de combustibles en el territorio nacional, siendo de acuerdo con la última actualización de 16.37 centavos por litro para el caso de las gasolinas, aunque el monto varía para otros combustibles. No obstante, este impuesto tiene hasta ahora una limitante, y es que la cantidad recaudada no va destinada a acciones de mitigación o adaptación al cambio climático, sino que es un ingreso más que tiene el gobierno federal.

El segundo instrumento es el mercado voluntario de carbono, el cual nace formalmente con la firma del Protocolo de Kioto en 1997. Como todo mercado, existe un vendedor, que en su caso está representado por proyectos que avalan haber reducido una determinada cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera. Del lado de los compradores se encuentran empresas, individuos u otras instituciones que, sin tener un mandato legal de reducir sus emisiones, deciden participar por temas como posicionamiento reputacional, compromiso en sus estrategias de negocio responsable o bien para anticiparse a futuras regulaciones. 

El tercer instrumento son los sistemas de comercio de emisiones. En estos, a diferencia del mercado voluntario, las empresas que participan si tienen la obligación de reportar y reducir sus emisiones, para lo cual se establecen usualmente permisos, que avalan que las empresas puedan emitir una determinada cantidad de emisiones de GEI y que se va reduciendo progresivamente en el tiempo, pero que si rebasan los umbrales permitidos deben adquirir permisos o certificados a otras entidades que estén logrando reducir sus emisiones, permitiendo cierto nivel de vinculación con el mercado voluntario de carbono o en caso contrario, pagar un determinado precio por las emisiones adicionales a la entidad regulatoria. En México desde hace unos años se impulsa un sistema nacional de comercio de emisiones que, por el momento, se encuentra detenido, pero también desde las entidades federativas se han hecho esfuerzos en este mismo sentido, destacando los casos de Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán. 

Existen esperanzas de que con la próxima administración federal la política climática retome vuelo, lo cual incluye la puesta en marcha de un sistema nacional de comercio de emisiones. Quedan aún pendientes los mecanismos de coordinación entre estos instrumentos, ya que una vez que el sistema nacional entre vigor en México, deberán evitarse cuestiones como el doble conteo con los sistemas estatales, tanto de las emisiones de las empresas, como de las reducciones logradas. Toca a la ciudadanía estar al pendiente de un tema que no se puede seguir postergando. 

*Marco Lara es economista senior de BBVA México.