Las agencias de competencia y la responsabilidad social

La difusión de los principios del gobierno corporativo moderno, bajo la denominación ASG (ambiental, social, gobernanza), ha permeado profundamente en el mundo empresarial y ha obligado a la adecuación del funcionamiento de las empresas, para atender a objetivos más amplios que la mera maximización de las utilidades. En la perspectiva actual, las organizaciones empresariales deben atender no solo a los intereses de sus accionistas, sino también a los de las distintas partes relacionadas, como empleados, proveedores, consumidores y la sociedad en general.

Ahora, estos principios se discuten en relación con el rol que deben seguir las autoridades de competencia. En los múltiples foros internacionales en los que se define el futuro de la política de competencia, cada vez más voces hacen un llamado para que las agencias de competencia defiendan no solo el proceso competitivo en los mercados, sino que además adopten roles relacionados con la protección de los datos personales, la inclusión o el cambio climático. Estos temas, y otros más que pudieran agregarse a la agenda, sin duda son de relevancia singular. Sin embargo, ¿corresponde a las agencias de competencia encargarse de ellos? Esta pregunta es abordada por el destacado Premio Nobel de Economía, Jean Tirole, en un ensayo titulado “Socially Responsible Agencies” (diciembre de 2022). A continuación, presento sus principales observaciones.

El primer problema que surge al analizar el rol de las agencias de competencia es el estándar analítico que éstas aplican. Desde la perspectiva económica, existen dos corrientes principales de pensamiento. Una de ellas, postula que el objetivo de la política de competencia es el bienestar general, es decir, la suma del bienestar de los consumidores y de las empresas. La otra corriente defiende que el rol de la política de competencia es únicamente la defensa de los consumidores. Dentro de esta última corriente existe otra vertiente, autodenominada neobrandeista, preocupada por el interés público, y es en ella que hay cabida para las preocupaciones redistributivas, el medio ambiente, el desempleo, la protección de datos personales y otras más.

Estas y otras vertientes conducen inevitablemente a la discusión sobre la priorización de las acciones de las agencias de competencia. La adopción de roles novedosos puede dar lugar a dilemas y paradojas, como pueden ser situaciones en que podrían permitirse actos de coordinación o colusión entre competidores, siempre y cuando ello fuera benéfico para alcanzar los objetivos de una agenda ampliada, por ejemplo, en materia ambiental.

Un segundo problema tiene que ver con la efectividad de las agencias. La adopción de nuevos objetivos puede producir cambios en los incentivos de los encargados de aplicar el marco regulatorio de la competencia. La atención de objetivos diversos puede reducir la responsabilidad respecto del objetivo central, que es la defensa de la competencia y puede difuminar las expectativas que se esperan de la autoridad. En un escenario de estrechez presupuestal, la diversidad de objetivos puede llevar a trasladar recursos de un objetivo (la defensa del funcionamiento del mercado) hacia objetivos sociales poco claros. Además, señala Tirole, existe un dilema entre la independencia y la efectividad de las agencias, pues la independencia se justifica por la necesidad de desempeñar funciones de alta especialización, que no pueden delegarse en órganos de gobierno tradicionales. En la medida que una agencia hace suyos objetivos que se alejan de su razón central de existir, menoscaban su justificación desde la perspectiva técnica.

Tirole concluye con un llamado a la cautela, entre otras razones por que advierte que asignar nuevos objetivos, loables pero dispersos, supone riesgos a la independencia y razón de ser de las agencias; puede dar una excusa a otros ámbitos de gobierno a no actuar; y puede crear disfunciones en la operación. Todo esto significa la posibilidad de desviar la atención del objetivo primordial, que es mejorar la eficiencia en el funcionamiento de los mercados.

*Socio Director de Ockham Economic Consulting, especializado en competencia económica y regulación.

@javiernunezmel