Las campañas ante la crisis de derechos humanos

En el inicio de las campañas electorales a la Presidencia, algunas reacciones en redes sociales y medios se han centrado en traspiés o detalles irrelevantes que distraen de temas urgentes que las candidatas y el candidato deberían tratar con seriedad y veracidad para que la ciudadanía pueda decidir su voto a partir de propuestas claras y viables acerca de los asuntos urgentes que afectan su vida diaria y la vida social del país. La honda crisis de derechos humanos que nos agobia, en particular, exige campañas responsables, delineadas a partir de un diagnóstico integral y realista de la situación, que lleve a propuestas igualmente comprehensivas y viables. Esta crisis, en efecto, no va a disolverse con soluciones “mágicas”, discursos punitivistas o populistas, ni con promesas irreales o frívolas, que suelen abundar cuando se busca ante todo la “popularidad” o cuando se carece de ideas propias.

La crisis de derechos humanos no se reduce a la violencia creciente, la pobreza y la desigualdad social que mutilan la vida de millones de personas, no se origina sólo en un sexenio “maldito”, ni en la “guerra contra el narco”, no se ha reducido con la “transformación”, ni va a desaparecer con propuestas de “continuidad” ni con políticas de “mano dura”. En cuanto a la violencia, las violaciones al derecho humano a la vida, a la seguridad y a la integridad han aumentado por la ausencia de políticas efectivas de combate a la criminalidad, por la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, las condiciones infrahumanas en las cárceles, ya saturadas, la corrupción y la militarización. Para enfrentarlas, nos hace falta saber cómo se pretende devolver a los militares a los cuarteles, a la vez que se eliminan las fuentes de financiamiento del crimen organizado, se protege a la población y se dignifican tanto el sistema carcelario como las condiciones de quienes enfrentan la ineptitud, corrupción y hasta falta de sentido común y humano de ministerios públicos y jueces, en parte rebasados por falta de personal, recursos y preparación.

La crisis de derechos humanos, sin embargo, no se materializa sólo en asesinatos, ejecuciones, desapariciones… En términos de violencia y falta de justicia, éstas son algunas de sus manifestaciones más evidentes y dolorosas, a las que se suman desde la trata, la violación y el abuso sexual hasta el acoso laboral y sexual, en el ámbito público y privado, que quedan impunes y se normalizan.  En términos más amplios, la misma importancia tienen las violaciones - menos evidentes o más normalizadas – a otros derechos que nunca se garantizaron del todo y que han quedado más descobijados en este sexenio: el derecho a la salud, a la educación, a la igualdad, al trabajo, a una vida digna, al agua y a un medio ambiente sano, a la libertad de información y expresión, a la cultura, así como los derechos a la autonomía y no discriminación de las comunidades indígenas, entre otros.

Todos estos derechos son universales, inalienables, están interrelacionados; los Estados tienen la obligación de promoverlos y garantizarlos, y no sólo en el papel, ya que son progresivos y justiciables. Por ello, no se pueden violar los derechos de unos so pretexto de proteger los de otros, como quieren hacernos creer los discursos punitivistas, o quienes afirman, con dolo, que los criminales son “salvajes” sin derechos. Tampoco puede un gobierno presumir logro alguno si viola o desprecia la Constitución y la legalidad; si, como este régimen, ha impulsado el deterioro de la educación pública, del acceso a la salud, abandonado u obstaculizado la búsqueda de la igualdad de género y oportunidades para todos, o despreciado las exigencias de justicia.

La crisis actual y las amenazas a nuestra supervivencia son vastas y desoladoras; su complejidad exige enfrentarlas desde una perspectiva de derechos humanos, integral, innovadora, valiente y realista. Están en juego nuestro presente y nuestro futuro.