Lejos de la productividad y de aprovechar las ventajas del nearshoring

La Inversión Extranjera Directa (IED) es un indicador del interés en México, pero no garantiza crecimiento económico. Aunque el gobierno anuncia cifras históricas, no siempre se traducen en inversión física productiva.

El crecimiento económico requiere de inversión como formación de capital físico productivo (proyectos con valor presente neto positivo) para que, en combinación con el trabajo o capital humano, genere mayor producto (PIB) y productividad perdurablemente. El gobierno anunció grandes planes y resultados de Inversión Extranjera Directa (IED): planes hasta por 48,000 millones de dólares y la IED registrada en el primer semestre del año de 31,000 millones de dólares. Subraya que esta es históricamente alta y “refrenda la confianza de los inversionistas extranjeros en México”.

La experiencia muestra que los “anuncios” de nuevas inversiones por parte de empresas y organismos no se concretan en la dimensión presunta o en lo absoluto. La IED no necesariamente impulsa el crecimiento.

Es un indicador relevante del interés de inversionistas en el país, pero ninguno de sus componentes implica necesariamente formación de capital físico productivo. Consta de lo siguiente: 1. Nuevas inversiones. 2. Cuentas entre compañías (multinacionales y sus subsidiarias). 3. Reinversión de utilidades de las subsidiarias en el país. Quizá las nuevas inversiones registradas auguran inversión física real en mayor medida. 

Pero 97% de los 31 mmd de dólares de IED provisional del primer semestre es reinversión de utilidades. La reinversión se da en la empresa subsidiaria; no obstante, nada asegura que se convierta en capital físico productivo.  Y hoy es probable que no lo haga.   

Todo indica que, en el mejor de los casos, hay un compás de espera entre los interesados en invertir físicamente para aprovechar el nearshoring. La inversión fija bruta aumentó en una tasa mensual promedio cercana a 2% en el año previo a agosto de 2023, pero de entonces a mayo pasado la tasa fue de apenas 0.1 por ciento. 

Claramente, la incertidumbre se ha elevado sensiblemente en las últimas semanas. La presidenta electa, el vigente y su partido y aliados han reforzado su postura en favor del Plan C, con la iniciativa de reforma judicial del Ejecutivo que implica prácticamente su desaparición como contrapeso efectivo al gobierno. Otras iniciativas para desaparecer a los organismos autónomos a cargo de la ejecución de las políticas de Estado –como las comisiones de transparencia y competencia económica entre otras reguladoras–, añaden al detrimento institucional.  

La decisión del INE en favor de la supersobrerrepresentación para la mayoría absoluta de Morena y cía. en diputados y muy cerca en el Senado refuerzan la factibilidad de aprobar el Plan C.

Muchos expertos y organismos especializados nacionales y extranjeros de diversas orientaciones políticas coinciden en lo perjudicial de las reformas del Plan C para el futuro del país. Hay información acerca de la posibilidad de algunos cambios mitigantes a la del Poder Judicial, pero no parecen ser suficientes para evitar un daño relevante. Más allá de un cambio de políticas, implica el Plan C un cambio de régimen. Mientras tanto la inversión productiva sigue en pausa, la economía se desacelera y la concreción de los beneficios del nearshoring se alejan.