Leyes injustas, al diablo la prisión preventiva oficiosa

Cabe señalar que muchos políticos y juristas entre otros el ex secretario de seguridad pública Genaro García Luna, preso en Estados Unidos son defensores del arraigo y la prisión preventiva oficiosa.

Siendo el objetivo del derecho encontrar soluciones justas a los problemas de la sociedad, esta semana nos enteramos de dos leyes injustas en nuestro país, empero en México ya nada sorprende.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de García Rodríguez y Reyes Alpízar contra México, donde declara al arraigo y la prisión preventiva oficiosa contrarias a los derechos humanos que están consagrados en los tratados internacionales. Es decir, estas leyes son injustas.

Resulta que el gobierno mexicano, desde la época de Felipe Calderón, aplica el arraigo y más recientemente la prisión preventiva oficiosa, sin respetar las garantías al debido proceso y a la presunción de inocencia, literalmente priva de la libertad a las personas como se le pega la gana para decirlo sin tapujos.

Bajo el argumento de que estas medidas son necesarias para enfrentar la sofisticación y la virulencia de los grupos criminales se ha hecho un uso indiscriminado de ellas. 

Los resultados hablan por sí solos, a más de 20 años de su implementación, la delincuencia se incrementó, luego entonces, no es con darle mayores facultades a los policías como se enfrenta a la delincuencia.

Cabe señalar que muchos políticos y juristas, entre otros, el ex secretario de seguridad pública Genaro García Luna, preso en Estados Unidos son defensores del arraigo y la prisión preventiva oficiosa.

La defensa del estado mexicano, integrada por la Segob, FGJ y la Fiscalía del Estado de México fue patética, alegaron la incompetencia de la CIDH por no agotarse los recursos internos, a lo que el organismo internacional contestó que una demora de 20 años para dictar sentencia es por sí solo un argumento para determinar violaciones a los derechos humanos.

No es chiste, la defensa del estado mexicano viene a colación, ya que entre otros datos escalofriantes resulta que hasta el año 2022 hay 92,000 presos sin sentencia, es decir el 40% de la población carcelaria, podría encontrarse en los supuestos que intenta atacar la sentencia de la CIDH.

Con o sin sentencia, veremos como resuelven el galimatías jurídico en el que se ha convertido la prisión preventiva oficiosa que además la CIDH declaró que violenta los derechos humanos.

Por lo pronto en nuestro país, en aquellos casos que se encuentran sin sentencia se encuentran colgados con alfileres. Hasta la próxima.

Twitter: @ErosalesA