Libertad o servidumbre

Un término generalmente utilizado para referirse a un empleado gubernamental es el de servidor público. Esta forma de referirse a ellos explícitamente indica que quienes laboran en el gobierno en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) y sus tres ramas (ejecutiva, legislativa y judicial) están para servir a la población. ¿Qué es lo que deben proveer? ¿Por qué y para qué?

Primero, por qué y para qué. En una sociedad conformada por personas libres, el sujeto más importante es el individuo. Cada uno de ellos, en el pleno ejercicio de su libertad y respetando en todo momento y circunstancia los derechos de terceros tratarán de alcanzar para sí mismos y sus familias, dados los recursos escasos que poseen, el mayor nivel de bienestar posible. Reconocer, validar y proteger la libertad como el valor supremo de los individuos es lo que le permite a la sociedad, a través de la cooperación voluntaria, alcanzar la prosperidad y felicidad. De esta forma, dado que lo más importante es el individuo y su libertad, es que el empleado gubernamental, el servidor público, está subordinado a los individuos y su papel es dotar a cada individuo y a la sociedad en su conjunto de un arreglo institucional que permita esa cooperación que derive en la prosperidad para cada uno de los miembros de la sociedad.

Segundo, el arreglo institucional que los servidores públicos tienen que proveer tiene que constar de los siguientes elementos: a) un marco legal que defina eficientemente los derechos privados de propiedad (posesión, uso y transferencia de recursos y aquellos delitos que los violenten) y que procure la competencia en todos los mercados y prohíba los monopolios y prácticas monopólicas privadas y gubernamentales; b) servicios de seguridad pública que protejan a los individuos y a su propiedad en contra de actos de terceros que los vulneren; c) protección judicial de los derechos individuales y solución de controversias que garanticen el cumplimiento de los contratos civiles y mercantiles entre particulares y entre estos y el gobierno y penalice la comisión de los delitos que hayan atentado en contra de terceros.

Además, d) corregir las fallas de mercado: externalidades negativas con impuestos y positivas con subsidios, proveer bienes públicos (seguridad, defensa nacional, alumbrado público, calles, parques, etcétera) y casos de información asimétrica que pudiesen generar daño moral, principalmente en el sistema financiero, y e) actuar subsidiariamente en casos estructurales para mejorar las condiciones de oportunidades de los individuos (incluyendo servicios de educación y salud) y en casos coyunturales como desastres naturales. Una sociedad compuesta de individuos libres cooperando voluntariamente entre sí con este arreglo institucional les permitirá perseguir y alcanzar la prosperidad y la felicidad; la evidencia internacional al respecto es contundente: aquellos países en los cuales históricamente los individuos han gozado de libertad, política y económica, son simultáneamente los que han alcanzado mayores niveles de bienestar individual y social. La evidencia también indica que aquellos países en los cuales el arreglo institucional reprime la libertad política y restringe y vulnera la libertad económica –países en donde los individuos y su libertad en lugar de ser vistos y considerados como lo más importantes son vistos y tratados como subordinados del Estado– son países que no experimentan desarrollo y la mayor parte de su población vive en una situación de pobreza.

Esto último es notoriamente relevante por el rumbo que ha tomado el arreglo institucional en México durante los últimos seis años bajo el gobierno del presidente López y lo que se presumiblemente seguirá con el de la presidenta Sheinbaum. Se parte del hecho de que durante el sexenio del gobierno que está por finalizar hemos observado un notorio deterioro institucional con un presidente enfocado en tratar de concentrar el poder político y de construir un régimen autocrático, opaco y sin rendición de cuentas, proceso que espera concluir en septiembre con la aprobación de las reformas constitucionales que propuso, entre las que destacan la conformación del Congreso, la del Poder Judicial (tanto el Federal como los estatales) y la desaparición de los órganos autónomos del Estado.

Claudia Sheinbaum asumirá la Presidencia de la República dentro de un mes y medio, y si estas reformas fuesen finalmente aprobadas, empezaría su mandato con un arreglo institucional caracterizado por ser un sistema político cerrado y sin democracia, sin separación de poderes y con un poder ejecutivo todopoderoso bajo el cual estén subordinados los poderes legislativo y judicial, con atribuciones extraordinarias para actuar discrecionalmente en lugar de bajo reglas y, consecuentemente, sin transparencia ni rendición de cuentas.

El presidente López, a pesar de lo que él diga, no es un liberal; Sheinbaum tampoco y en lugar de consagrar al individuo y su libertad como los valores supremos, ven al bienestar de cada individuo y de su familia como secundarios y subordinados a un idílico y, por lo mismo, utópico e imposible de definir “bien común”.

Así, bajo el nuevo régimen que López y Sheinbaum quieren construir, en lugar de servidores públicos al servicio de la población, caeríamos en el hayekiano “camino de servidumbre”, uno en donde el Estado totalitario y planificador que ve y trata a los individuos como engranes de la maquinaria estatal es incompatible con la libertad individual, la cual tendría que ser cancelada. Sheinbaum gobernaría un país con libertades políticas canceladas y libertades económicas reprimidas y el idílico “bien común” se traduciría en la muy real igualdad en la pobreza.

X: @econoclasta