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Los bastardos de Leviatán
El comercio no puede florecer en un clima que no ofrezca seguridad en la propiedad o donde no haya confianza en el marco jurídico : Adam Smith.
Las historias de horror que pueden contar millones de personas, cuyo único pecado es querer salir adelante, son un reflejo dramático de un dato que acaba de salir a la luz pública: la debilidad de la economía mexicana en materia de derechos de propiedad. Según el reporte del Índice Internacional de Derechos de Propiedad, México registra una calificación de 5.0, lo cual ubica al país en el lugar 77 de 129 países.
O sea, de nueva cuenta, en el pleno centro de la mediocridad, sino es que peor. En el corto plazo, la falta de derechos de propiedad confiables no parece ser relevante al
desempeño económico. Hay varios factores coyunturales que pueden incidir en una tasa aislada de crecimiento, pero en el largo plazo es el factor determinante, es la fuerza motriz de una asignación eficiente de recursos.
¿Por qué? Los derechos de propiedad bien definidos poseen características que permiten a agentes económicos transportarse a mucho mayor velocidad en la expansión de una economía extendida. Tiene que haber un recurso general que permita identificarlos y tiene que existir un sistema judicial que permita, también, hacerlos valer.
Son la referencia para la solución de disputas comerciales. Además, descansan sobre un principio de sentido común económico: lo mío es mío.
Varios observadores insisten, correctamente, en que la problemática mexicana en derechos de propiedad tiene un fondo estructural, más bien, constitucional. La Carta Magna es la antítesis de un marco de reglas sencillas para nuestro mundo complicado, además de que ha sufrido un sinnúmero de modificaciones.
La propiedad, según la lógica constitucional, es de todos; pero en la lógica cotidiana, lo que es de todos realmente es de nadie, o más bien, de aquel que tenga el recurso político para abusar de los demás. Son estos, los bastardos de Leviatán, los que tienen al país hundido en la mediocridad.
Puede ser un acto presidencial de expropiación, ya sea de un López Portillo como de un Fox. O, más comúnmente, puede ser una auditoría arbitraria en las cuentas fiscales de una empresa, la cual le genera un costo prohibitivo con la contratación de abogados, por lo cual se recurre a la vía informal de arreglos con los nuevos cuates del SAT; o puede ser una extorsión de un Presidente municipal, quien supedita el otorgamiento de los permisos de construcción a una mochilita. O puede ser pagar el tributo paralelo, que se hace todos los días, para operar a pesar de la ley.
En tal contexto, lo mío no es mío, es de Leviatán.
rsalinas@eleconomista.com.mx
