México es un panteón

“México es un panteón donde ni siquiera nos dan la oportunidad de poner cruces, menos velar a nuestros hijos, a nuestros muertos": 

Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora.

México vive una grave crisis de derechos humanos, donde la desaparición de personas es uno de los rostros más dolorosos del fracaso de la estrategia de seguridad.

Con los cuerpos de seguridad infiltrados por las bandas del crimen organizado, las autoridades federales, estatales y municipales han sido incapaces de pacificar grandes extensiones territoriales y estados completos, donde los habitantes viven atemorizados, bajo el yugo de la violencia y la impunidad, con asesinatos, secuestros, extorsiones y hasta masacres que ocurren a plena luz del día.

No en vano, el Índice Global en Delincuencia Organizada colocó a México en el cuarto lugar de naciones con más criminalidad del mundo en 2021, apenas detrás de la República Democrática del Congo, Colombia y Myanmar (Birmania), donde se registran conflictos internos por el poder político, campañas de odio y exterminio de etnias y la constante presencia de grupos paramilitares.

La crisis humanitaria que se vive en México parece no tener límites. Hasta el 22 de mayo de este año, un total de 111 mil 032 personas están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Es decir, diariamente se reporta la desaparición de 34 personas, en nuestro país.

El Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa son las entidades federativas donde más personas desaparecen, seguidas de cerca por Chihuahua, Veracruz, Guanajuato y la Ciudad de México. 

A nivel municipal, Iztapalapa, alcaldía de la Ciudad de México, es la demarcación política con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas; el segundo lugar lo ocupa Fresnillo, Zacatecas, y el tercero es Morelia, Michoacán.

Apenas este fin de semana, tres personas fueron declaradas desaparecidas en el municipio de Fresnillo. Al momento de escribir estas líneas, nada se sabe del paradero de los tres desaparecidos, entre quienes se encuentra Pedro Ávila Rodríguez, quien presuntamente es primo hermano del senador de Morena, Ricardo Monreal; del gobernador de Zacatecas, David Monreal; y del alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila.

Si personas ligadas al poder político desaparecen de la faz de la tierra, con lujo de violencia y total impunidad, ¿qué podrían esperar el resto de los mexicanos, quienes no viajan en vehículos blindados ni tienen escoltas de protección?

Carmela Vázquez, en Abasolo, Guanajuato; Blanca Esmeralda Gallardo, en la ciudad de Puebla; Lilián Rodríguez, en La Cruz de Elota, Sinaloa; Ana Luisa Garduño, en Temixco, Morelos, y Gladys Ramos, en Guaymas, Sonora, no hallaron a sus familiares desaparecidos. Encontraron la muerte.

Todas ellas eran madres, hermanas o hijas de personas desaparecidas que se vieron obligados a buscar a sus seres queridos, caminar montes, adentrarse en zonas dominadas por los criminales y excavar fosas clandestinas con la esperanza de hallar a su gente.

Mientras los hogares de familias mexicanas se llenan de luto y de dolor, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) -con Karla Quintana y Martha Rodríguez al frente de cada institución-, brillan por su incapacidad e indiferencia ante las flagrantes violaciones de los derechos humanos.

Decenas de miles de personas en México siguen desaparecidas y su ausencia duele e indigna.