Perspectivas de la inclusión financiera y los bancos digitales en México

El sistema bancario es un actor central para el desarrollo de cualquier país. Una de las funciones más importantes de la banca es ofrecer productos financieros a personas y empresas, mediante los cuales puedan ahorrar; obtener un crédito y adquirir un activo o servicio; realizar transacciones con facilidad; proteger sus ingresos, entre otros. A través de sus acciones y operación, el sistema bancario promueve el crecimiento económico de un país y contribuye al impulso de sus sectores productivos y estratégicos.

La tecnología y el avance de los medios electrónicos han permitido que el sistema bancario realice sus operaciones con mayor agilidad, eficiencia y eficacia. Actualmente, se prestan servicios financieros digitales innovadores a través de computadoras y teléfonos celulares en más de ochenta países.¹ Los bancos digitales han traído consigo diversos beneficios. Han permitido que más usuarios accedan a través de medios alternativos al efectivo, lo cual genera ahorros de tiempo, y mejoras en la seguridad y protección de las personas y las transacciones.² Además, las operaciones digitales pueden hacerse de forma inmediata, en cualquier día y horario, eliminando la necesidad de ir a una sucursal bancaria, lo cual también representa un ahorro considerable de recursos para los usuarios promedio, entre otros.

El binomio banca y digitalización es una realidad. A pesar de los avances, en México todavía existen sectores de la población que no tienen acceso al sistema financiero y sus beneficios, mucho menos a los servicios digitales. Hay una brecha grande en la tenencia de productos financieros entre zonas urbanas y rurales. De igual forma, una alta proporción de la población que se encuentra en situación de pobreza carece de acceso al sistema bancario.

En México, la inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva las competencias económico–financieras. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 202, en México 57 millones de personas (67.8 % de la población adulta de 18 a 70 años) tienen un producto financiero formal,³ como una cuenta de nómina, de ahorro o un crédito, entre otros. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tener un solo producto financiero puede ser una señal de vulnerabilidad financiera.

Los bancos digitales son un mecanismo que, entre otros, puede contribuir a lograr mayor inclusión de los sectores que aún no reciben los beneficios del sistema bancario. En México empiezan a surgir casos de empresas de finanzas digitales, como Ualá, Mercado Pago o Nu México que, dadas las opciones regulatorias disponibles, aunadas al tamaño de la necesidad de servicios financieros de parte de la población, podrían adaptarse mejor a la figura de institución de banca múltiple. Para los reguladores y hacedores de política pública, esto abre una oportunidad para acelerar la inclusión y la competencia en dicho sector a través de procesos de autorización expeditos que motiven esta transición entre más plataformas. El presente artículo tiene tres objetivos. El primero es presentar un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra la inclusión financiera en México. El segundo, revisar las buenas prácticas en el marco normativo en algunos países de Latinoamérica para promover la inclusión financiera, específicamente utilizando la digitalización de la banca. Finalmente, se analiza el papel que desempeñan los bancos digitales para propiciar la inclusión financiera en los países.

¿Cuál es el estado de la inclusión financiera en México?

En México una importante fracción de la población se encuentra excluida del sector financiero y, en su mayoría, son personas con algún grado de pobreza o alguna otra condición de vulnerabilidad, incluido el género.⁴ En 2021, el 82 % de las personas de 18 a 70 años que no están en condición de pobreza contaban con una tarjeta de débito, el 37 % con una de crédito, el 23 % tenían algún seguro contratado y el 82 % tenían una cuenta para el retiro. Por el contrario, de las personas en condiciones de pobreza, el 81 % tenía una tarjeta de débito, el 18 % una de crédito, el 5 % un seguro contratado y sólo el 18% contaba con una cuenta de ahorro para el retiro. Estos datos nos llevan a cuestionar ¿qué hace que las personas en México no accedan a este sector? Las causas que impiden el acceso a los servicios financieros son diversas, algunas de las cuales tienen que ver como la falta de infraestructura como caminos, carreteras, electricidad, etc., la falta de un marco normativo adecuado y la educación, los cuales actúan como barreras para elevar la oferta de servicios financieros, su acceso y uso. Para poder responder a esta pregunta, analizamos el grado y tendencia de los elementos que conforman el concepto de inclusión financiera en México, especialmente lo que se refiere al acceso y uso.

¿Es suficiente la infraestructura que existe para ofrecer servicios y productos financieros en México?

La oferta de puntos de acceso al sistema financiero en México es deficiente. De acuerdo con el Banco Mundial, en 2021, en el país existían 12 sucursales bancarias por cada 100 000 habitantes, mientras que el promedio para los países de la OCDE fue de 36. Asimismo, la infraestructura financiera es muy desigual entre estados y regiones. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Estado de México tienen el menor número de puntos de acceso (oferta de infraestructura financiera) en el país (9 puntos de acceso por cada 10 000 habitantes). Por su parte, Nuevo León, Quintana Roo y Baja California Sur, son las entidades con el mayor número de infraestructura financiera por cada 10 000 habitantes (21 puntos de acceso). Entre las zonas urbano y rural, también hay diferencias importantes: 97 % de las sucursales bancarias se encuentra en las zonas urbanas y cuatro de cada cinco municipios urbanos concentran las sucursales. En contraparte, uno de cada cinco municipios rurales tiene una sucursal. En México el número de municipios que no cuenta con servicios financieros asciende a 518, en los cuales no hay presencia de ninguna institución bancaria formal, lo que genera la operación de servicios informales.

Análisis de la contratación de uno o más productos o servicios financieros en México

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), entre 2018 y 2021 el número de personas de 18 a 70 años que tenía algún tipo de producto financiero formal, ya sea cuenta de ahorro, crédito, seguro o Afore aumentó en 2.7 millones, pasando de 54 en 2018 a 56.7 millones de personas en 2021, lo que representa el 67.8 % de la población total. Respecto al porcentaje de hombres y mujeres con algún producto financiero, 61.9 % de las mujeres lo tenía, mientras que el 73.3 % de los hombres contaba con un producto financiero formal en 2021. También destaca que el 83 % de las personas de 18 a 70 años que cuentan con algún producto financiero no tienen acceso a sistemas electrónicos de pago. Diferenciando por producto financiero, en México, en 2021, el 49.1 % de la población contaba con una cuenta de ahorro formal, cinco puntos porcentuales más que en 2015; el 32.7 % con un crédito formal (3.6 puntos porcentuales más que en 2015); el 21 % tiene algún seguro, en este caso disminuyó el porcentaje registrado en 2015 y la misma tendencia se presenta en la cuenta para el retiro, ya que el porcentaje de personas que cuentan con este producto financiero pasó de 41.2 % a 39.1 % (2.1 puntos porcentuales menos). Es decir, existe evidencia que muestra que el acceso al sistema financiero es desigual entre hombres y mujeres. Las diferencias más pronunciadas se encuentran en la tenencia de afore o cuenta de ahorro para el retiro. Esta brecha tuvo un aumento de 0.7 puntos porcentuales entre 2015 y 2021. En este caso, la brecha de género es de 18.1 % en 2021. Otro producto donde se registró un aumento importante de la brecha de género entre 2015 y 2021 fue la cuenta de ahorros.

Los servicios financieros digitales desempeñan un papel muy importante en la inclusión financiera, ya que la digitalización de la banca elimina las barreras geográficas de tiempo y de costo monetario que ocasiona la banca tradicional. En México, existen 93.1 millones de usuarios de internet de 6 años y más (78.6 % de la población total de 6 años y más). En la zona rural, únicamente el 62.3 % es usuario de internet, en las zonas urbanas este porcentaje se eleva a 83.8%. Asimismo, la banca por internet creció 294 % entre 2013 y 2023, pasando de 20 millones de usuarios a 79 millones, respectivamente. Por su parte, la banca móvil creció 52 veces al pasar de 1.5 millones de usuarios en 2013 a 80 millones en 2023.

El teléfono celular es el medio más usado para consultar cuentas bancarias y hacer transacciones. En el país hay 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares, de los cuales el 91 % es un celular inteligente. De los 70 millones de usuarios de smartphones, Chiapas, Guerrero y Oaxaca son las entidades que menos usuarios tienen, mientras que Sonora, Baja California, Nuevo León, Ciudad de México, Sinaloa, Quintana Roo, Baja California Sur, Jalisco, Tamaulipas y Colima son las entidades que tienen más usuarios de smartphones. Los celulares inteligentes han sido determinantes para el éxito de la banca digital. Entre 2018 y 2022, el número de cuentas ligadas a celular se elevó 59.2 puntos porcentuales, pasando de 16.6 % a 75.8 %. La gran mayoría de los usuarios de servicios digitales usa los celulares inteligentes para transacciones financieras (30 %), le sigue en preferencia el cajero automático (18 %) y la laptop (17 %). Asimismo, las operaciones bancarias en línea pasaron de 9 % en 2015 a 22 % en 2020.

Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021. Reporte de resultados.

Refiriéndonos a las características de los usuarios de internet y servicios financieros, el 66 % de éstos son hombres y el 34 % mujeres. Cabe mencionar que el bajo uso de la banca electrónica por parte de las mujeres se puede deber a la poca familiaridad con los sistemas de pago digitales y la desconfianza. Asimismo, la mayoría de los usuarios de la banca electrónica (38 %) tiene entre 35 y 44 años. En lo que se refiere al nivel de educación, seis de cada 10 personas con licenciatura usan la banca digital y dos de cada 10 con secundaria. En general y de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, los principales obstáculos que encuentran las personas para no usar los servicios financieros digitales son: la falta de liquidez, la percepción de no necesitar algún servicio y la falta de confianza hacia las instituciones financieras.

El uso de los servicios financieros digitales entre regiones es muy desigual en el país. En las zonas rurales más del 80 % no cuenta con banca digital. En la Ciudad de México la banca digital es más usada, en el Noreste, Centro, Sur y Este del país la banca digital es menos usada. En el Noreste, la desconfianza es la principal razón para no usar la banca digital; en el Centro, Sur y Este la razón es más bien cultural y finalmente, en el noroeste, Oeste y Bajío la causa de no usar la banca digital se asocia con el desconocimiento.⁵

Las empresas de finanzas digitales

Las empresas de finanzas digitales son herramientas tecnológicas financieras que tienen entre sus objetivos ofrecer servicios innovadores para resolver diversos problemas que la banca tradicional no ha logrado atender. Los términos “banco digital”, “neo bank” y “challenger bank” son algunos de las formas que se utilizan para referirse a las empresas de finanzas digitales que ofrecen servicios bancarios digitales, principalmente a través de aplicaciones móviles. Actualmente, el 28 % de los bancos cuenta con una estrategia de digitalización y el 14 % se encuentra en proceso de planeación y desarrollo. Sin embargo, más de la mitad de las instituciones bancarias (59 %) indican que las limitaciones de acceso a las tecnologías son las principales barreras que enfrenta la población, entre las que destacan el uso de teléfonos inteligentes de baja gama (62 %), la población con poco acceso a internet 4G (59 %), y la baja educación o alfabetización (45 %).

La mayoría de las empresas de finanzas digitales en América Latina se enfocan en tres servicios: pagos (27 %), crédito (21 %) y gestión de finanzas empresariales (16 %). De acuerdo con la FAO, en México, los servicios de dinero móvil tienen un potencial enorme para la inclusión financiera, debido al uso de los teléfonos móviles (89 %), al número de usuarios de Internet (71 %), así como a la reforma de la Ley Fintech de 2020 y la Política Nacional de Inclusión Financiera 2020-2024. Sin embargo, también la FAO identifica algunas barreras que limitan el desarrollo de las empresas de finanzas digitales:

● Falta de un marco regulatorio adecuado que formalice los derechos y las responsabilidades de los diferentes tipos de proveedores financieros.

● Falta de seguridad en los contratos.

● Escasa infraestructura móvil y de conectividad.

● Restricciones para la Identificación y autenticación del usuario digital.

● Excesiva carga burocrática y administrativa ligada a la creación de nuevas empresas.

● Poca familiaridad con este tipo de herramientas.

● Ausencia de programas de incubación y aceleración para startups.

● Falta de educación financiera.

Se estima que en 2025 habrá 78 millones de usuarios de tecnologías de finanzas digitales en México. La expansión de las plataformas de finanzas digitales es notoria, la cual ha sido impulsada por diversos factores, entre los que destacan la adopción de dispositivos móviles, la necesidad de soluciones financieras más accesibles y la innovación tecnológica en servicios financieros.

Fuente: Statista.

Revisión de buenas prácticas en el marco normativo en América Latina

El marco normativo es un elemento fundamental para el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en el sistema financiero, especialmente de aquellas dirigidas a propiciar la inclusión financiera. La legislación de los distintos países debe regular, definir y en algunos casos limitar, las acciones que llevan a cabo los prestadores de servicios financieros digitales para garantizar el mejor desempeño tanto para los usuarios como para los proveedores. En esta sección se analizan las leyes Fintech de cinco países en América Latina con el objetivo de identificar buenas prácticas en materia legislativa para ampliar el acceso de servicios financieros a través de los bancos digitales.

Los países analizados fueron: Colombia, Chile, México, Brasil y El Salvador. Colombia es el país que lidera la proporción de innovaciones de finanzas digitales enfocadas en segmentos de inclusión financiera. Por su parte, tanto Brasil como México han presentado un crecimiento importante de la banca digital desde el año 2017-2018 a la fecha; mientras que Chile es un ejemplo de una buena práctica normativa para promover mediante la industria de finanzas digitales mayor competencia en los servicios financieros, aumentar la inclusión financiera y proveer mejores servicios a menores costos. Finalmente, El Salvador ha realizado esfuerzos para mejorar el marco normativo en la materia.

Empecemos con Colombia. Este país cuenta con la Ley 1735 para promover el acceso a diversos servicios financieros. La ley define a las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos como instituciones financieras con los siguientes objetivos: 1) la captación de recursos a través depósitos; 2) hacer pagos y traspasos; 3) tomar préstamos dentro del país para financiar su operación; y 4) enviar y recibir giros financieros.

Uno de los aspectos más relevantes de esta ley es lo que señala sobre facilitar a los ciudadanos el acceso a los productos financieros. El texto autoriza a los operadores de información financiera a incorporar la mayor información posible sobre hábitos transaccionales e historial de pagos de las operaciones y transacciones realizadas por los usuarios de los servicios prestados por las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos. Sin embargo, la información sólo será utilizada para las finalidades previamente autorizadas por el titular de ésta.

Por otro lado, el decreto 1234 establece y define un concepto llamado “espacio controlado de prueba”, que es el conjunto de normas, procedimientos, planes, condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales que permite probar desarrollos tecnológicos innovadores en la prestación de actividades propias de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Los desarrollos tecnológicos innovadores que se acepten en el espacio controlado de prueba deberán tener alguna de las siguientes finalidades: 1) aumentar la eficiencia en la prestación de servicios u ofrecimiento de productos financieros; 2) resolver una problemática para los consumidores financieros; 3) facilitar la inclusión financiera; 4) mejorar el cumplimiento normativo; y 5) desarrollar los mercados financieros o mejorar su competitividad.

Brasil tiene la Resolución 4.656 que regula las transacciones de créditos y financiamiento entre personas a través de plataformas electrónicas. Se define a las plataformas electrónicas como sistemas electrónicos que conectan a acreedores y deudores a través de un sitio web o aplicación.

La resolución establece dos tipos de instituciones financieras que pueden otorgar préstamos por medio de una plataforma electrónica: 1) la Sociedad de Crédito Directo (SCD) y 2) la Sociedad de Préstamos entre Pares (SEP). La primera, la SCD otorga préstamos y financiamiento mediante una plataforma electrónica utilizando recursos financieros de su propio capital como única fuente. Mientras la segunda, la SEP, es una plataforma de intermediación financiera que conecta a los acreedores y deudores, donde los recursos de los primeros se dirigen a los segundos mediante una plataforma. Los servicios financieros que lleva a cabo son: 1) análisis de crédito para clientes; 2) cobro de créditos a clientes; 3) emisión de dinero electrónico, entre otros. Para poder operar, tanto las SCD como las SEP, requieren de la autorización del Banco Central de Brasil, de acuerdo con lo dispuesto en las normativas relacionadas.

En el caso de México también hay un área de oportunidad en cuanto a los términos y conceptos. La regulación es sumamente restrictiva sobre la manera en que las instituciones pueden nombrarse, limitando así el uso de la palabra “Fintech” solamente a las instituciones de tecnología financiera a pesar de que la digitalización del sector financiero se está dando a través de muchas otras figuras regulatorias como las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), las Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y las instituciones de Banca Múltiple (Bancos).

En 2018 se aprobó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) que regula^, entre otras, a las instituciones de financiamiento colectivo. Éstas tienen como objetivo poner en contacto a personas del público en general para que se otorguen financiamientos entre ellas, utilizando aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet, o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital. La ley establece que sólo podrán llevar a cabo estas operaciones las personas morales autorizadas por la CNBV.

Las ITF pueden pactar con terceros, localizados en el territorio nacional o el extranjero, la prestación de servicios necesarios para su operación, de acuerdo con las disposiciones emitidas por la CNBV.

Asimismo, la ley establece la figura de los modelos novedosos y señala que las autoridades financieras en México pueden autorizar a las Entidades Financieras, ITF o demás personas sujetas a su supervisión, a llevar a cabo temporalmente operaciones o actividades de su objeto social a través de Modelos Novedosos cuando en su realización se requieran excepciones o condicionantes distintas a las disposiciones aplicables.

La ley establece también que las personas morales en México, distintas a las ITF, a las Entidades Financieras y a otros sujetos supervisados, pueden obtener autorización para prestar servicios financieros mediante Modelos Novedosos. Un modelo novedoso se define como aquel que utiliza herramientas o medios tecnológicos con modalidades distintas a las existentes en el mercado para la prestación de servicios financieros.

No obstante, la discusión regulatoria en México no debe limitarse a la Ley Fintech, ya que la digitalización del sector financiero se está dando a través de muchas otras figuras jurídicas. En el país operan más de 3300 instituciones financieras, de las cuales sólo 37 lo hacen bajo modelos considerados en la Ley Fintech.

Para facilitar la inclusión financiera es necesario impulsar una agenda de actualización transversal de la regulación para eliminar obstáculos al desarrollo del sector de finanzas digitales y facilitar la adopción de tecnología en la oferta de servicios, independientemente de la figura regulatoria.

Igual de importante es contar con mecanismos de autorización expeditos en todos los mercados para que las empresas puedan elegir conforme a su modelo de negocios la licencia que mejor responda a sus planes. Específicamente, para fomentar la competencia en el sector bancario es necesario que el regulador facilite la entrada y evolución de nuevos bancos digitales a través de autorizaciones expeditas.

Vamos con Chile. Este país cuenta con la Ley 21525 que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros. El objetivo de esta ley es dar incentivos para la prestación de servicios financieros a través de medios tecnológicos.

La ley establece que sólo podrán dedicarse a la prestación en forma profesional de los servicios financieros (servicios de plataforma de financiamiento colectivo, sistema alternativo de transacción, intermediación de instrumentos financieros, enrutamiento de órdenes, asesoría crediticia, asesoría de inversión y custodia de instrumentos financieros) los que estén inscritos en el Registro de Servicios Financieros que administra la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Similar a lo observado en Colombia, la ley chilena establece un sistema de finanzas abiertas mediante el cual se permite el intercambio de información de los clientes entre distintos prestadores de servicios financieros. Siempre y cuando los clientes hayan autorizado expresamente esto. Este sistema funciona a través de interfaces de acceso remoto y automatizado que permiten una interconexión y comunicación directa entre las instituciones participantes, bajo los estándares de seguridad que dicte la normativa.

Ejemplos de las instituciones participantes en el sistema son: bancos y emisores de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos y sistemas similares, otras instituciones fiscalizadas por la CMF.

La participación de las instituciones en el sistema implica la obligación de dar acceso y entregar la información sobre sus clientes (previa autorización de éstos) que conforme a esta ley le sea solicitada por Instituciones Proveedoras de Servicios Basados en Información. Dentro del tipo de información que deben brindar las instituciones participantes está: 1) información de identificación y registro de los clientes y sus representantes; 2) información sobre las condiciones comerciales contratadas y el uso o historial de transacciones realizadas por los clientes respecto de los productos y servicios financieros que hayan contratado (p. ej. cuentas corrientes, líneas de crédito, cuentas a la vista, cuentas de provisión de fondos y de ahorros, tarjetas de crédito, pólizas de seguro, instrumentos de ahorro o inversión, entre otros). Los proveedores de servicios financieros podrán acceder al Sistema de Finanzas Abiertas y realizar consultas de información, mientras cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.

Finalmente, en El Salvador se aprobó la Ley para facilitar la Inclusión Financiera que tiene como objetivo propiciar la inclusión financiera, fomentar la competencia en el sistema financiero y reducir costos para los usuarios y clientes.

Esta ley establece regulaciones mínimas sobre: 1) los requisitos de constitución, autorización, operación, capital, garantías y causales de revocatoria de las Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico; 2) los requisitos que deben cumplir los bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito para proveer dinero electrónico y las consecuencias legales de incumplirlos; 3) el dinero electrónico, su generación, su utilización y las entidades que lo podrían proveer; 4) la contratación de depósitos de ahorro y la apertura de la respectiva cuenta por medio de procedimientos simplificados de contratación, para fomentar la bancarización en el país entre las personas de más bajos ingresos o de domicilio distante a los puntos de servicio financieros tradicionales de los bancos; 5) el control de la cantidad de dinero electrónico que administre la plataforma electrónica; y, 6) la creación de las bases para la formulación de políticas públicas para promover la inclusión financiera.

La ley define dinero electrónico como el valor monetario registrado en favor de un titular o cliente, que constituye una obligación de pago exigible a su proveedor y el cual es aceptado por los demás actores que hayan convenido recibir o prestar este servicio, como un medio de pago en un monto equivalente al dinero efectivo entregado, y se almacena en un soporte electrónico. Su titular podrá utilizarlo para hacer transferencias locales, pagos y conversión a dinero en efectivo al valor nominal.

Asimismo, la ley establece que las Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico podrán solicitar al Banco Central que les autorice para ser administradores de sistemas de pagos móviles, siempre que cumplan lo que el Banco Central disponga. Los administradores de pagos móviles están autorizados para operar sistemas o plataformas tecnológicas que permitan pagos o transferencias de dinero, principalmente dinero electrónico, entre productos de diferentes instituciones financieras e independientemente del operador de telefonía móvil con que cuente el cliente.

Los bancos digitales y su rol en la inclusión financiera en México

A pesar de que México ha experimentado un crecimiento importante en el surgimiento de bancos digitales a partir de 2018, pasando de 24 bancos digitales en 2018 a 27 en 2020, y 31 en 2021, los bancos digitales todavía no tienen la madurez ni alcance que se observa en otros países de América Latina, como Brasil. El BID lo señala: En México persisten menores niveles de inclusión financiera comparado con los países de América Latina, aunados a una enorme población joven con acceso a móviles, lo cual implica y augura un dinamismo interesante para los bancos digitales en el país a futuro.

Sin embargo, según la encuesta Global Findex 2021 del Banco Mundial sobre inclusión financiera, en México en 2022, 22 % de la población de 15 años y más usó un teléfono móvil o Internet para realizar pagos. Mientras que, en Chile, este dato fue de 52 % para 2021, en Costa Rica 33 %, Brasil 43 % y Uruguay 32 %.

En México, las innovaciones de finanzas digitales dirigidas a segmentos objetivo de inclusión financiera se encuentran por debajo de la media observada en toda la región (con una proporción de 32 %). Es decir, si bien el ecosistema de finanzas digitales en México es uno de los más dinámicos en toda América Latina, no es necesariamente el país en donde más emprendimientos de finanzas digitales están diseñando productos para satisfacer la demanda de segmentos excluidos del sistema financiero, a pesar de que es uno de los países en donde más se necesita y con mayor potencial en este ámbito.

Los bancos digitales en México pueden representar un motor importante de la inclusión financiera, aun mayor de lo que ya ha sido, y convertirse en un mecanismo fundamental para que los servicios financieros lleguen a más grupos de la población. Una razón es la propia naturaleza innovadora de los bancos digitales, que buscan identificar segmentos o sectores desatendidos de demanda por la banca tradicional y diseñar opciones y soluciones. Asimismo, gran parte de los clientes de los bancos digitales son consumidores subancarizados y no bancarizados, entre otros. Adicionalmente, es necesario tomar en cuenta que, a futuro, la tendencia que se espera es que sigan desarrollándose modelos para atender a las nuevas generaciones de usuarios digitales que buscan este tipo de servicios.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene una oportunidad para establecer un camino viable para que las empresas de finanzas digitales puedan crecer y evolucionar a bancos. La duración de los procesos es clave para motivar estas transiciones. Además, será interesante analizar el impacto que nuevas autorizaciones bancarias pueden tener para revertir el rezago del país en términos de competencia e inclusión financiera. Esta es una forma de acelerar el cumplimiento con los compromisos del gobierno federal en la materia. Finalmente, el sector bancario tradicional debe reconocer el beneficio de la entrada de nuevos bancos digitales ya que motiva la oferta de mejores servicios.

En México operan, a través de diversas figuras regulatorias, varias plataformas de finanzas digitales que han mostrado un importante crecimiento e impacto positivo. Algunas de éstas podrían configurarse como casos de éxito de competidores que migren al sector bancario. Ejemplo de esto son Ualá, que adquirió una licencia bancaria; Mercado Pago que continúa incrementando su oferta de productos en el país; o Nu México, que recientemente inició su proceso de autorización para operar como una institución de banca múltiple. En este último caso, el regulador podría sentar las bases para que otras instituciones puedan constituirse como bancos digitales.

Un segmento muy relevante en México, por su volumen e importancia para la economía y los hogaresm es el que se refiere a las remesas que envían los mexicanos que residen en Estados Unidos. Introducir innovaciones que mejoren el servicio y los beneficios para los migrantes y los hogares receptores de divisas, y que al mismo tiempo garanticen y adopten las mejores prácticas de ciberseguridad, es un área de oportunidad. Los hogares receptores de remesas pueden ser un potencial usuario de los bancos digitales, que va más allá de la recepción del dinero que envían sus familiares. Representan una oportunidad para productos que mejoren y aumenten sus ahorros, cuentas para el retiro, crédito, inversiones productivas, entre otros. Otro sector relevante, que actualmente presenta brechas en el uso de los servicios bancarios digitales, son las mujeres. Dentro de este segmento hay diversos subsectores, por ejemplo, las mujeres que se dedican al trabajo doméstico remunerado en los hogares. Así como estos, existen más grupos de la población que son áreas de oportunidad para brindarles atención.

Adicionalmente, es necesario reconocer que el esfuerzo para aumentar la inclusión financiera debe ser conjunto, y requiere de acciones tanto del sector público, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. El sector público debe brindar las condiciones para mejorar la infraestructura móvil y de conectividad a internet, así como los niveles de calidad en la educación pública, propiciar y mejorar las inversiones en el sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones, incluir las mejores prácticas en el marco regulatorio, entre otros. Mientras que el sector privado, incluyendo a las plataformas de finanzas digitales, debe continuar detectando áreas y segmentos de oportunidad para desarrollar productos y servicios financieros en beneficio de los sectores que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, de pobreza y de falta de acceso a los servicios bancarios tradicionales.

Conclusión

Los bancos digitales y las innovaciones que traen consigo representan una oportunidad de utilizar la tecnología y sus avances para generar beneficios en diversos grupos de la población en México, especialmente aquellos que tradicionalmente se han visto excluidos. En el país empiezan a darse casos de empresas de finanzas digitales que buscan transitar a bancos. Será interesante estudiar cómo reacciona el regulador y la banca tradicional ante estos.

Si bien nuestro país incorpora buenas prácticas en su marco normativo, los indicadores de inclusión financiera muestran que México todavía tiene rezagos importantes, incluso comparado con países de desarrollo similar en América Latina.

Es necesario que los funcionarios y actores públicos, a nivel federal, estatal y municipal, incluyendo las dependencias, entidades públicas y el Congreso, de la mano con las empresas de finanzas digitales, continúen desarrollando los diagnósticos y realizando las medidas y acciones facilitar la entrada de más plataformas fintech y neobancos para cerrar las brechas y emparejar las condiciones de acceso y uso a los servicios digitales.

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1 Banco Mundial, “ Inclusión Financiera Digital: implicaciones para clientes, reguladores, supervisores y organismos normativos”, CGAP, 2015