Perspectivas económicas frente a una nueva administración

En poco menos de tres meses tomará el cargo la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y aún continúan las dudas sobre qué tanto querrá o podrá deslindarse de la línea que a diario marca el presidente López Obrador. Para algunos expertos, la cercanía irrestricta con el actual presidente podría perjudicarla; sin embargo, está en ella desmarcarse para forjarse un papel propio en la historia del país.

Si bien la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas obradoristas afecta a diversos sectores, el económico es uno donde el nerviosismo se manifiesta rápidamente (caída en las notas de las calificadoras de riesgo, depreciación del peso, salida de capitales, entre otros). Para calmar las especulaciones es necesario que la nueva presidenta no solo busque mandar señales de estabilidad, sino que tome acciones concretas que apunten a que atenderá con responsabilidad y prontitud los temas más apremiantes de la agenda económica. 

Uno de los temas prioritarios es el combate a la corrupción, debido a su impacto en el sector empresarial: 1) disminución de las utilidades debido a la extorsión, 2) afectación a los planes de expansión, 3) caída en la inversión extranjera directa y nacional, 4) mayor desconfianza en las instituciones, 5) menor actividad económica formal, entre otros. A pesar de que el combate a la corrupción fue una de las principales promesas de campaña de López Obrador, al cierre de su administración, diversas mediciones internacionales (como el Índice de Percepción de la Corrupción, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, y el Índice Global de Estado de Derecho en su pilar ausencia de la corrupción) indican que, en general, en este sexenio tampoco se combatió adecuadamente la corrupción. Por el contrario, una vez más se usó como herramienta para perseguir a los enemigos políticos. Desafortunadamente, los planes de la doctora Sheinbaum en esta materia tampoco son muy alentadores pues, por ejemplo, la Agencia Nacional Anticorrupción que plantea implementar, no tendría la autonomía e independencia mínima que se requiere para investigar todos los actos de corrupción sin injerencia política. Ello hace pensar que la impunidad y los altos niveles de corrupción tampoco bajarían significativamente durante el próximo gobierno.

Otro tema que preocupa a los posibles inversionistas es la forma en la que el gobierno busca aprovechar el nearshoring. Si bien el tema ha estado presente en los discursos gubernamentales desde hace tiempo, al día de hoy no se han tomado las acciones necesarias para aprovechar esta oportunidad. Generar las condiciones idóneas en el país para atraer la inversión, es algo que no se logra de la noche a la mañana; pues ¿qué tan rápido se puede solucionar el problema de la violencia en el país?, ¿cuántos meses se requieren para mejorar la conectividad y generar la infraestructura adecuada para las nuevas inversiones?, y ¿qué tan fácil es garantizar el agua, gas, energía y talento que las empresas requieren? Hasta el momento, el gobierno solo ha realizado acciones como la implementación de incentivos fiscales, específicamente la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo (vigente hasta diciembre de 2024) y la deducción de gastos de capacitación de trabajadores (25% por 3 años). Cabe resaltar que estos incentivos no parecen ser lo suficientemente atractivos para los inversionistas, pues de conformidad con el recién publicado documento de Renuncias Recaudatorias 2024, la pérdida recaudatoria para este año por ambos incentivos sería de apenas 3,530 mdp (0.010 % del PIB).

Adicionalmente, el equipo de la virtual presidenta habla de la creación de un Consejo Nacional de Desarrollo Regional y Relocalización, aunque a la fecha no han dado mayores detalles sobre el mismo. Debemos estar conscientes de que estamos inmersos en una competencia internacional y que México no es el único país con potencial. Otros como Vietnam parecen ya llevar la delantera y si no hacemos algo al respecto, habremos dejado pasar una vez más una oportunidad única. Bien valdría la pena empezar a hacer las cosas diferentes y mejorar las condiciones del país para que el nearshoring sea una realidad y no se quede solo en promesa.

Otro problema en el ámbito económico son las finanzas públicas. Por una parte, la presidenta electa recibirá una administración con un déficit que no se hacía presente desde hacía décadas (5.9% del PIB) y, por otro, planteó una serie de promesas de campaña que van a generar altas presiones sobre el gasto. A lo anterior, hay que sumarle la presión que ya se tiene por los compromisos ineludibles asociados al pago de pensiones y la deuda de PEMEX. Además, este escenario se complementa con una baja recaudación de impuestos (17.3% del PIB conforme a la OCDE) para hacer frente a los compromisos antes enumerados. Un elemento adicional de preocupación es la falta de una estrategia clara para recaudar más ingresos. Claudia Sheinbaum ha afirmado que su apuesta está en la digitalización y la tecnología para eficientar al SAT y las aduanas, sin asumir que probablemente el mayor problema en las aduanas atiende a la presencia de redes de corrupción y del crimen organizado y que la mejora tecnológica será insuficiente para atender la problemática en su totalidad.

Finalmente, al sector económico también le preocupa la concentración de poder y el posible debilitamiento de los contrapesos institucionales, derivado de la posible implementación de la reforma planteada al Poder Judicial. Estos movimientos representan incertidumbre jurídica y democrática en un momento clave, como es la transición. Ojalá que durante su sexenio la próxima presidenta sí “pinte su raya”, pues sería una gran desilusión que la primera mujer presidenta de México sea reconocida por dejar sus sueños a un lado y cumplir a rajatabla los de su antecesor.