Postergación de la costosa licitación 5G en México: ¿Un obstáculo para la competitividad?

En este sexenio, ha aumentado la concentración en el mercado de telecomunicaciones fortalecida por las altas tarifas de espectro, esta realidad, fue plasmadacon mucha preocupación por la Alianza para el Cumplimiento en el Comercio (AFTE) –una coalición de asociaciones comerciales, empresas, y grupos empresariales de Estados Unidos– que envió una carta el 29 de junio pasado a Catherine Thai, la representante comercial de su gobierno, en ocasión de la Cumbre de Ministros de Economía de Norteamérica, que se lleva a cabo esta semana en Cancún, México.

Para tener una perspectiva del desempeño de este sector revisemos algunos datos oficiales. En el mercado del internet o banda ancha fija, desde 2013 a 2022 México registró un aumento de 108%, es decir, pasamos de tener 11.8 millones de accesos a 24.6 millones.

En banda ancha móvil, el crecimiento es aún más sorprendente, pues de tener registradas 27.4 millones de líneas en el segundo trimestre de 2013, México registró 112.1 millones de líneas en el tercer trimestre de 2022, lo que significa que la cobertura se triplicó en prácticamente diez años.

Algo muy sorprendente es que el crecimiento del número de líneas ha venido acompañado de una reducción importante en los precios. De 2013 a 2022, cayeron 30.8% en términos nominales, mientras que la inflación general del país ha registrado un aumento de 57.1% en ese periodo de tiempo. De estos, los precios que han tenido una mayor reducción han sido los precios de los servicios de telefonía móvil que han disminuido 48.7%. Además, recordemos que en el 2014 se eliminó la larga distancia nacional, beneficio que para los consumidores fue equivalente a 540 mil millones de pesos en ahorros, según lo relató el Comisionado Sóstenes Díaz del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 

Los servicios de telecomunicaciones móviles representaron en 2022, 58.21% de los ingresos de todo el sector de telecomunicaciones, además de que en el cuarto trimestre del 2022, el Producto Interno Bruto (PIB) de Telecomunicaciones representó el 3.3% del PIB Nacional, ubicándose dentro de los 10 subsectores que más contribuyen al PIB en México. Sin embargo, en materia de Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector de telecomunicaciones la historia es preocupante. En 2022, por ejemplo, la IED registrada fue equivalente a 31 millones de dólares (mdd), que equivale a una disminución del 98% en relación a 2018 cuando se registraron 1,062 mdd. La mayor captación de IED en los últimos 10 años se dio en el año 2013 con una entrada de 2,600 mdd. ¿Qué está pasando en el sector de telecomunicaciones?

La alarma de las empresas de Estados Unidos en su carta a sus autoridades da cuenta de algunos problemas que se observan, tanto en dependencias del Gobierno Federal relacionadas con el sector, como en el funcionamiento interno del IFT, el órgano con autonomía constitucional, responsable de regular a los concesionarios y operadores del sector, y de procurar que los procesos de competencia en los mercados se desarrollen con efectividad bajo condiciones propicias. 

La falta de reducción en el costo por el uso y el derecho de bandas de espectro, responsabilidad formal –por ahora– de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por ejemplo, ha llevado a las empresas de telecomunicaciones, Telefónica Movistar y AT&T, a devolver espectro al Estado mexicano, y más recientemente a incidir en la postergación de la licitación IFT-12 para servicios inalámbricos 5G; cuestión que ha generado incertidumbre y falta de confianza respecto de la existencia de condiciones propicias para la inversión en ese sector. No es extraño, entonces, que la inversión extranjera directa haya descendido 98% en lo que va de esta administración federal. Este fenómeno también afecta la recaudación en términos negativos; en 2019, fueron 20,237 millones de pesos, pero para 2022 la cifra se redujo en un 9.7% y llegó a 18,272 millones de pesos por cobro de derechos. 

El costo del derecho por uso del espectro radioeléctrico en México para servicios de telecomunicaciones móviles es aproximadamente 62% superior al benchmark internacional, lo que saca a México de cualquier ranking de competitividad por el importante efecto transversal de este sector en toda la economía, comparable al que tiene la electricidad. Dicho costo se subdivide en dos elementos. Por un lado, los montos que las empresas deben pagar por la Ley Federal de Derechos que suman el 90% de ese costo y, por el otro, el 10% restante que se paga en las licitaciones o en las renovaciones de las ondas de frecuencia. En México, el costo del espectro ha subido tanto en los últimos años que al 2023  ha inhibido el apetito por el espectro en el mercado, como sucedió en la licitación más reciente de espectro que realizó el IFT donde solo se lograron asignar tres de 41 bloques ofrecidos. 

Esta situación configura un riesgo importante ya que están pendientes futuras licitaciones de espectro para el despliegue de redes de 5G como la Banda “L” y la Banda de 600. Como se advierte en la carta de la AFTE, si bien en México existen despliegues de redes de 5G, principalmente del agente preponderante, el riesgo de permitir que dicho agente lleve la delantera sin que nadie pueda contrarrestar su avance, implica que el IFT como autoridad de competencia económica se vuelva irrelevante, con el efecto pernicioso para el mercado de volver al monopolio de telecomunicaciones que tantos dolores de cabeza causó a los consumidores mexicanos antes de la reforma constitucional del 2013. Al cierre de 2022, Telcel alcanzó cobertura con 5G en 100 ciudades del país, mientras que su competidor, AT&T, cerró el año con cobertura en 31 ciudades. 

Un estudio realizado por el IFT sobre el “Internet de las Cosas” (IoT) en México, señala que actualmente las empresas que ofrecen dicho servicio, en su mayoría son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, las cuales conectan en promedio 100 dispositivos por proyecto y usan redes celulares (3G, 4G y 5G) y redes de mediano alcance (Wi-Fi, EnOcean, entre otras) para su funcionamiento.

El 26.7% de las empresas de IoT solo ofrecen servicios de software, mientras que el 13.6% se especializa en otros mercados laterales (analítica de datos y ciberseguridad) y solo el 2.8% ofrecen todos los servicios (software, hardware, conectividad y otros mercados laterales). Las empresas que ofrecen servicios de IoT, se encuentran en 21 de los 32 estados del país, concentrándose principalmente en la Ciudad de México (38.9%), Jalisco (15.2%), Nuevo León (11.9%) y el Estado de México (8.5%), con presencia también en Querétaro (4.8%) y Chihuahua (3.7%).

De acuerdo con el dato más reciente del IFT, el número de proyectos de IoT desarrollados en México se ha incrementado a un total de 34, entre los que destacan los enfocados en los sectores secundario y terciario de la economía, con énfasis en los servicios relacionados a la industria manufacturera, el seguimiento y gestión de activos (vehículos, equipamiento industrial y personas) y gestión de recursos naturales. En México, el IFT ha identificado 369 ofertas de servicios IoT en México, entre las que destacan aquellas que incorporan IoT a la industria manufacturera, al seguimiento y gestión de activos, además de las que se enfocan en la defensa, seguridad y control de acceso.

Además, la industria espera que las soluciones de IoT aprovechen las ventajas de las conexiones más rápidas y confiables que ofrece la conectividad con tecnologías inalámbricas como 4G y 5G, por lo que se estima que incrementen los usos del IoT, principalmente en los automóviles conectados, servicios críticos de telecomunicaciones y asistencia robótica en contingencias o emergencias. Para el caso de la adopción de la electromovilidad en el país –tendencia internacional ineludible– , la adopción de la tecnología 5G será más que imperativa. 

Por lo anterior, y de regreso al tema del costo del espectro, el IFT ha propuesto a la SHCP, que en esas bandas se establezcan los derechos con base en las referencias internacionales a fin de seguir dando recaudación al erario pero permitiendo la entrada de operadores al mercado y evitar dejar espectro sin asignación. Otra propuesta consiste en que para las bandas de cobertura se modifique la manera en la que se pondera el cobro a nivel nacional para que se considere por producción bruta total, lo que permitiría que las regiones más ricas paguen más por su espectro y las regiones que tienen menos recursos paguen menos.

La AFTE apunta que efectivamente, el IFT no está funcionando de manera óptima para garantizar el piso parejo que los competidores requieren. La falta de competencia inhibe las inversiones en nuevas tecnologías, cuestión muy preocupante por la necesidad de aprovechar la tecnología 5G y los subsecuentes avances para aplicaciones. Se requiere revisar a fondo las políticas públicas en materia digital, así como la política de competencia y la política regulatoria en el sector telecomunicaciones, pues de ello depende el fortalecimiento de las cadenas de valor en la industria que requiere el Nearshoring, la integración comercial con nuestros vecinos del norte, y poner soluciones claras para cerrar las brechas de acceso digital de la población.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.