Reforma judicial, punto de ruptura

A contrapelo de lo que muchos piensan, creo que AMLO ha sido extraordinariamente cuidadoso con su relación con aquella que llama “la oligarquía nacional” y con los intereses económicos y políticos de Estados Unidos. Me explico. Es cierto que los denuesta constantemente en las mañaneras, pero a cambio los ha dejado hacer negocios que les han permitido ganancias importantes. También es verdad que les ha cobrado los impuestos que en otros sexenios les perdonaban, pero hasta ahora el único que ha protestado es Ricardo Salinas.

A las empresas de Estados Unidos y Canadá les ha permitido hacer sus negocios sin molestarlos. La prueba está en que ha aumentado nuestro comercio con nuestro vecino del norte y, a la par, nuestra dependencia de un solo marcado. Tan dócil ha sido que alrededor de 30 mil elementos de la Guardia Nacional están dedicados a la contención y recepción de migrantes como tercer país de acogida, todo esto a petición de Trump y Biden. 

Así que un poco de demagogia nacionalista antiyanqui y pobrista antiempresarial bien vale la pena. Es posible que los norteamericanos ya no estén acostumbrados a esta narrativa, pero en los tiempos de Echeverría y López Portillo era común. 

Con este antecedente, resulta extraño que López Obrador vaya en contra de lo que ha cuidado en todo su sexenio. Me refiero a su empecinamiento por llevar adelante la reforma judicial y el fin de los organismos autónomos. Este tema parece encaminarse a convertirse en un punto de ruptura real entre su gobierno y amplios sectores de los gobiernos y el empresariado de Estados Unidos y Canadá e igualmente con sectores de grandes empresarios nacionales. Esta preocupación también cunde entre clases medias mexicanas.

El temor no está en la reforma judicial en sí misma, sino en el hecho de que la propuesta presidencial adolece de dos problemas: no resuelve la corrupción en el Poder Judicial, al contrario, y tampoco resuelve el problema de hacer expedita la justicia; por otro lado, le dará todo el control de ese Poder a quien ostente la Presidencia de la República, formalmente Claudia Sheinbaum, aunque hay dudas de quien será el verdadero poder. Todos los poderes en manos de una persona (o dos).

El juego, por llamarlo de alguna manera, está planteado así: el presidente López no cede y los que se oponen ya han planteado sus preocupaciones y críticas. Con el beneplácito (o total subordinación) de su partido y la presidenta electa, el gobierno parece decidido a seguir adelante, a pesar de los razonamientos de las mayorías de ministros, jueces, magistrados, expertos, estudiantes y un buen número de ciudadanos y ciudadanas a los que se han dado portazo tras portazo.

Durante la aprobación de la Reforma Judicial, en la sede alterna de la Magdalena Mixhuca, la oposición acusó omisiones, errores y canalladas de procedimiento. Se acusó que había votado parte del personal de la diputación mayoritaria, no los diputados, algunos de los cuales se encontraban en una celebración o incluso dormidos. Cuando los opositores pidieron la confirmación del quorum simplemente se los negaron. Por esta razón, diputados de oposición alistan impugnar todo el proceso legislativo para tirar la Reforma Judicial.

El Pleno de la Suprema Corte también ha decidido tomar acciones. La ministra Norma Piña inició el 5 de septiembre dos consultas al resto de ministros después de recibir solicitudes de jueces y magistrados para defender la independencia judicial: "Se consulta al Tribunal Pleno sobre la posibilidad de que la Presidencia de este Alto Tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer… [y] "Se decrete como medida cautelar la suspensión del procedimiento de reforma constitucional, hasta en tanto el Pleno de este Máximo Tribunal de la Nación, se pronuncie de fondo"

Como golpe maestro, ha turnado los dos expedientes a la ministra Lenia Batres, quien previsiblemente dirá que no procede tomar medidas cautelares, pero la mayoría de los ministros estará en su contra. También aquí se escalará la disputa.

Con estos elementos cabe señalar que la crisis de la Reforma Judicial se agudizará. Se escalará el encontronazo entre el gobierno federal y el Poder Judicial y sus aliados en los partidos opositores y la sociedad civil. Tampoco creo que los Estados Unidos y Canadá se queden tranquilos. Los inversionistas y el tipo de cambio tampoco han dicho su última palabra. 

López Obrador pudo tener un fin de sexenio tranquilo y salir bien posicionado. En lugar de eso, ha decidido llevar su proyecto hasta las últimas consecuencias. El “segundo piso de la cuarta transformación” no es Sheinbaum, es el propio AMLO.