¿Rumbo a un rescate de la red de institutos de salud?

Los que saben de planeación en salud pública no consideran realista —sino más bien demagógica— la promesa o el reto impuesto por el presidente López Obrador para que el 1 de diciembre sean sin cobro todos los servicios en el sistema de salud pública.

Es uno de los mayores desafíos del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuyo nacimiento sin reglas ha resultado en principio bastante estropeado.

Pero en donde estarían las mayores incógnitas es en el tercer nivel de atención, particularmente en la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE). ¿De cuánto debe ser el subsidio del gobierno para eliminar las cuotas de recuperación?

Su titular, Gustavo Reyes Terán, ha hecho las cuentas y tiene claro que para la gratuidad en este renglón se requerirían 7,000 millones de pesos adicionales al presupuesto de esta red de hospitales.

Y esas cuentas las saca considerando que el presupuesto de los institutos es de 32,600 millones de pesos anuales. De éstos, sólo 28,100 millones salen del presupuesto federal (PEF), en tanto que unos 4,500 millones salen de las cuotas de recuperación (70%) y de lo que el Seguro Popular les proporcionaba (30 por ciento).

Pero además hay otra proporción de gasto (por medicamentos, material de curación, kits para cirugía y otros insumos, así como la consulta ambulatoria) que sale del bolsillo de los pacientes y sus familias, que sumaría no menos que unos 2,500 millones de pesos. De ahí sale el cálculo de 7,000 millones de pesos.

Pero consciente de la austeridad, el titular de la CCINSHAE habla de un plan alterno: bajar a primer y segundo nivel la atención de enfermedades crónicas en mínimo control y que causan alta proporción de muertes prematuras en el país, hipertensión arterial y diabetes.

Su idea es optimizar lo más posible, apoyados en grupos de expertos, el tratamiento y comprarlo al mejor precio con apoyo de la Oficialía Mayor de Hacienda, ahora a cargo de Thalía Lagunas. Algo parecido prevén hacer con los principales 15 tipos de cáncer.

Tiene sentido lo de darle más fuerza al primer nivel de atención y ojalá logren detener el descontrol de esas enfermedades crónicas no transmisibles, pero eso no se hace en un año.

Otra pregunta es cómo le harán en la cobertura adicional de 30 padecimientos de alto costo. Buscan sumarlos a los 66 que ya cubría el Fondo de Gastos Catastróficos (FGC) del Seguro Popular. Dicen que saldrá de 40,000 millones de pesos que este gobierno sacó precisamente de la reserva del FGC. Para ello, se firmarán acuerdos con los directores de dichos hospitales. Quienes acepten las condiciones saldrán de sus aprietos financieros. Por lo pronto, el viernes en reunión con medios Reyes Terán dijo que ya había dos anotados: el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Nutrición.

Suena parecido a los acuerdos con gobernadores: quienes acepten el Insabi son rescatados y les dan más presupuesto... Y todo sale del extinto FGC.

Obtienen amparo para producir fármacos con cannabis

Nos enteramos de que hace unos días un juez otorgó un amparo para que una empresa mexicana pudiera importar materia prima de Canadá y empezar un estudio clínico en el Instituto Nacional de Cancerología (Incan), a fin de tener la evidencia científica para poder producir el medicamento derivado de cannabis que requiere un niño con cáncer.

Aquí lo importante es que será la primera vez que una empresa podrá producir en territorio mexicano medicamento derivado de mariguana. Es una gran noticia para los pacientes que están necesitando esas opciones terapéuticas. Y sin duda reafirma lo importante de que Cofepris se apure sacando ya el esperado reglamento derivado de la legalización de cannabis terapéutica hace dos años.