Seguridad social

El INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente a marzo de este año. Destaca que la población económicamente activa llegó a 60.5 millones de personas, un aumento de 2.1 millones de individuos respecto del mismo mes de 2022. Este incremento fue el resultado del aumento de 831,000 personas de la población en edad de trabajar (15 años o más) y la incorporación de 1.3 millones que hace un año estaban fuera del mercado laboral como población económicamente no activa.

Destacan, entre toda la información y para efectos de este artículo tres datos. Primero, la tasa de desocupación (personas que buscan activamente empleo sin encontrarlo) representó el 2.8% de la PEA (1.4 millones de individuos). Segundo, la tasa de participación del empleo en el sector informal de la economía (trabajando en unidades economías ilegales produciendo bienes legales es decir empresas que no están registradas en el SAT y en el IMSS) como porcentaje de la población total ocupada fue de 28.1% (16.6 millones de personas). Tercero, la tasa de informalidad laboral (aquella que no tiene acceso al sistema de seguridad social) representó el 55% de la población ocupada; 32.4 millones de individuos ocupados de un total de 59 millones trabajando carecen de seguridad social. Un desastre que refleja un grave problema estructural y de incentivos desalineados con el objetivo de que toda la población tenga acceso al sistema de seguridad social y muy lejos de tener un sistema de seguridad social universal.

Primero, la tasa de desocupación es notoriamente baja debido, principalmente, a que no existe un seguro de desempleo; el que no trabaja, sea formal o informalmente, no come. Pero además a esto hay que agregar que existen 1.9 millones de personas que no están económicamente activas pero sí estarían dispuestos a ocuparse, pero no lo hacen porque su salario de reserva es más alto que el que se les pagaría o hay algún miembro de la unidad familiar que tiene ingreso para mantenerlo inactivo.

Segundo, la ocupación en el sector ilegal de la economía ascendió a 16.6 millones de individuos. Millones de personas laborando en millones de unidades económicas muy pequeñas y que por su naturaleza tienen tecnología de producción obsoleta y una muy baja productividad factorial total por lo que se constituyen como un pesado lastre que afecta negativamente el crecimiento económico.

Tercero, como se señaló, es un desastre que 32.4 millones de individuos ocupados carezcan de seguridad social, en especial el acceso al sistema de salud público. El Seguro Popular tenía como objetivo darle acceso a muchos de estos individuos y sus familiares directos. El presidente Lopez, en lugar de corregir las deficiencias existentes, simplemente lo canceló y lo sustituyó con un engendró, el INSABI, que fue un total y absoluto fracaso. El esquema ahora propuesto, el IMSS - Bienestar, también fracasará si no se le dota de suficiente presupuesto para atender a la población objetivo y ampliar la infraestructura además de reglas eficientes de operación.

Tener sin embargo un esquema dual de seguridad social, en particular lo correspondiente al sistema de salud constituido por una parte por el IMSS para los empleados y familiares directos de las empresas privadas legalmente constituidas junto con un esquema para atender a la población informal es ineficiente. El objetivo tiene que ser moverse hacia un sistema único de seguridad social financiado con la recaudación general de impuestos. Ello requiere varios cambios significativos, destacando tres.

Primero, reducir los costos regulatorios de estar en el sector formal de la economía. Una regulación excesiva e ineficiente que impone altas barreras de entrada, además de ser una fuente de corrupción, incentiva a que muchas unidades económicas operen en la ilegalidad por lo que no pagan impuestos y sus empleados carecen de acceso al sistema de seguridad social. Tiene que haber una profunda reforma en los tres niveles de gobierno que reduzca los costos regulatorios.

Segundo, las cuotas patronales al sistema de seguridad social (IMSS - Infonavit - SAR) actúan como un impuesto en el mercado laboral lo que encarece la creación formal de empleos como indica que únicamente 22 millones de personas laborando en el sector privado están registradas ante el IMSS. Reducir paulatinamente hasta eliminar las cuotas patronales al IMSS, es imperativo para fomentar la creación de empleos formales y poder transitar hacia un esquema de seguridad social universal.

Tercero, para que el sistema de seguridad social de servicios de salud sea fondeado con la recaudación general de impuestos es necesario fortalecer estructuralmente los ingresos gubernamentales por lo que se requiere de una profunda reforma tributaria que, de manera destacada, incluya un IVA homogéneo.

Será tarea del próximo gobierno instrumentarlo porque es claro que continuar el camino seguido por el presidente López ha sido un fracaso y con enormes costos para la población, particularmente los más pobres.

Twitter: @econoclasta