Socialismo del agua, según Martí Batres

Como no podemos confiscar todos los medios de producción (todavía), confisquemos al menos las concesiones de agua a los agricultores, industrias y otros miles de usuarios. Que sólo el gobierno pueda invertir, operar, modernizar, y ampliar la infraestructura hidráulica, así como ofrecer servicios de administración, facturación y comercialización del agua. Esto plantea el senador Martí Batres en su Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 4, 9 y 12, y se deroga el Capítulo II “Participación Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales” de la Ley de Aguas Nacionales, por el que se prohíbe la “privatización” del servicio de agua potable. El senador Batres otorgó prioridad absoluta a esta iniciativa, y la introdujo apenas unos días después de haber tomado posesión. No se trata de retomar la iniciativa de una necesaria nueva Ley General de Aguas, discutida ampliamente durante años y que no pudo ver la luz, sino de, por la vía corta, expulsar del sector hídrico a empresas, comunidades y sociedad civil.

Ya no podrá haber contratos con particulares para obras y servicios, ni tampoco para operar, conservar, ampliar, y rehabilitar infraestructura. Las concesiones quedarán prohibidas. Nadie podrá usar agua en la agricultura ni en la industria, tampoco en las ciudades. Todos los usos del agua quedarán a cargo del gobierno. De un golpe de tecla, niega la facultad constitucional (Artículo 27) a la nación para otorgar concesiones, que son el instrumento establecido para el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales. Nadie tendrá certidumbre, ni podrá invertir en infraestructura y equipamiento para abastecimiento, tratamiento de aguas residuales, reúso del agua, y eficiencia.

También, con un certerísimo enter, anula el federalismo y borra las facultades constitucionales (Artículo 115) de los municipios de ofrecer el servicio de agua potable, y de hacerlo en su caso a través de concesiones y contratos. Ciudades enteras quedarán sin servicio de agua potable, drenaje y tratamiento, como Aguascalientes, Saltillo, Cancún y otras. La Ciudad de México se quedará sin agua, dado que existen en ella cuatro contratos con empresas privadas para administrar distintos sectores de la red hidráulica. Serán cancelados. Los gobiernos municipales y el gobierno de la Ciudad de México tendrán que buscar en algún lado recursos, tecnología, capacidades gerenciales y administrativas para suplirlas. Así, será conculcado de manera ostensible el Derecho Humano al Agua previsto en el Artículo Cuarto Constitucional, donde se mandata que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición, saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, lo cual es posible gracias a concesiones, inversiones, contratos, y operación de sistemas de agua por parte de la iniciativa privada. Es lamentable que el senador Batres haya perdido la oportunidad de retomar la discusión para la promulgación de la nueva Ley General de Aguas. Ahí se requiere certidumbre para la inversión y la eficiencia por parte de los concesionarios; abastecimiento ecológico a ecosistemas y cuencas (a través de Reservas de Agua, como las decretadas recientemente); trasvases entre cuencas en el contexto de adaptación al cambio climático; restauración de cuencas hidrográficas; combate a la contaminación; inspección y vigilancia eficaz en descargas de aguas residuales; desalación del agua de mar; criterios y mecanismos de sustentabilidad hídrica en el aprovechamiento de acuíferos subterráneos; asignación eficiente del agua como recurso escaso hacia los usos prioritarios y más productivos a través de mercados; y regulación sobre los organismos operadores municipales en términos de la calidad y cobertura del servicio, calidad del agua, tarifas y subsidios, gobernanza y profesionalización, participación ciudadana, programas de mediano y largo plazo, tratamiento de aguas residuales, y alianzas público-privadas; entre otros aspectos. Pero todo ello no importa, sino implantar en México la teoría del “socialismo en un solo sector”. La Suprema Corte de Justicia tendrá mucho que decir al respecto de la constitucionalidad de esta iniciativa.