Una mala propuesta se gesta en la OMC

Es bien sabido que las vacunas han jugado un papel fundamental en mitigar la pandemia. Sin embargo, poco se comenta sobre cómo en los últimos dos años también se han inventado tratamientos que ayudan a prevenir o combatir el Covid en personas de edad avanzada o con otras condiciones. 

Por ejemplo, un nuevo antiviral llamado Paxlovid puede reducir las hospitalizaciones de los pacientes de alto riesgo en un 89% cuando se administra en los primeros días de los síntomas. El paxlovid son pastillas que se toman en casa en el curso de varios días. Puesto que se trata de un tratamiento que requiere mínima asistencia médica y evita la necesidad de soporte respiratorio, ofrece enormes ventajas para países con sistemas de salud frágiles, como México.

Lamentablemente estos medicamentos no le están llegando a todos los que lo necesitan, en particular en los países de ingresos bajos y medios. Algunos afirman que la solución a este problema es eliminar los derechos de propiedad intelectual.

Siguiendo esta lógica, los miembros de la Organización Mundial del Comercio están debatiendo una propuesta de la India y Sudáfrica para enmendar el tratado internacional que gobierna la propiedad intelectual —Acuerdo sobre los ADPIC— para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre estos trabamientos. La propuesta sugiere que permitirles a múltiples empresas producir copias baratas de medicamentos patentados aceleraría su acceso.

Sin embargo, dicha iniciativa constituye un grave error. En primer lugar, la verdadera barrera de acceso a estos medicamentos es la distribución, no su oferta. De acuerdo a Airfinity, a la fecha se han producido 110 millones de dosis de tratamientos contra el Covid, contra una demanda mundial estimada de 50 millones de dosis.

En algunas regiones el acceso a doctores e instalaciones de salud es limitado. La infraestructura puede dificultar la entrega de suministros. En muchos casos, los sistemas de salud pública carecen de recursos. En México, el investigador César Palacios González ha denunciado cómo la corrupción puede llevar a que los estratos más adinerados acaparen los tratamientos a expensas de las personas de menores ingresos.

Otra situación que explica la baja demanda de tratamientos para el Covid es que algunos de los países más afectados han estado realizando muy pocas pruebas en relación a la escala de infecciones. México tiene uno de los peores desempeños del planeta, con apenas 138.162 pruebas realizadas por cada millón de habitantes (mientras que Austria, el país mejor posicionado, ha hecho 21,5 millones de pruebas por cada millón). La cantidad de pruebas ha caído a nivel mundial desde el pico de la variante Ómicron al principio de 2022.

Todo esto conspira para que muchos pacientes obtengan tratamientos aun cuando la oferta es abundante. Corregir estos desbalances es una cuestión de política pública de salud, no de propiedad intelectual como se está discutiendo en la OMC.

El otro problema es que los productores de estos medicamentos ya están usando el marco normativo de la propiedad intelectual para entrar en contratos de licencias con otros fabricantes. Cinco empresas genéricas en 12 países han acordado licencias a través del Medicines Patent Pool de la ONU para fabricar Paxlovid genérico, brindándole acceso a cerca del 53% de la población mundial en 95 países de ingresos bajos y medios. Otras compañías también han creado licencias para sus tratamientos contra el Covid.

Estas licencias voluntarias son la mejor manera de compartir la tecnología con otros actores ya que permiten una transferencia ordenada y segura de conocimiento técnico, mucho del cual debe hacerse en persona. Esto es particularmente relevante para tecnologías biológicas más complejas, como las vacunas y los tratamientos contra el Covid. Si se confisca la propiedad intelectual, no habrá incentivos para la cooperación en la transferencia tecnológica, lo cual significa atrasos y potencialmente errores peligrosos. 

Además, las licencias voluntarias también mantienen los incentivos para invertir en innovaciones futuras, algo relevante en el caso de futuras pandemias. Esto no se puede enfatizar lo suficiente. 

Suspender los derechos de propiedad intelectual en la OMC no resuelve ninguna de las barreras de acceso a tratamientos contra el Covid. Atentaría contra la I&D presente y futura y descarrilaría los acuerdos de producción existentes. Los miembros de la OMC, incluyendo México, deberían rechazar esta propuesta y enfocarse en las cosas verdaderamente hacen la diferencia. 

*Philip Stevens es director ejecutivo de la Geneva Network en Londres.