Convenciendo a los inversionistas

La semana pasada la Presidenta Sheinbaum y su Secretario de Economía sostuvieron una reunión con empresarios de Estados Unidos, que tenía como objetivo convencerlos de que la reforma judicial no representa un riesgo para sus inversiones en México.  

Sheinbaum y Ebrard estaban muy tranquilos, pues tenían un as bajo la manga: ante cualquier cuestionamiento que pudieran formular los empresarios, bastaba con contestarles que en Estados Unidos también se eligen jueces. Con eso ganarían el debate y los inversionistas inmediatamente dejarían sus fortunas al cuidado de los jueces del bienestar. Nuestros altos funcionarios salieron de la reunión muy airosos y seguros de que había sido un rotundo éxito, una reunión muy “productiva”.

Desafortunadamente para México, el panorama no es tan prometedor. Estados Unidos es un país que se construyó a partir de un análisis responsable y sólido de la división de poderes que data, por lo menos, desde finales del sigo XIX. Antes de redactar la Constitución de Estados Unidos, un grupo de pensadores idearon un sistema republicano diseñado específicamente para contener el abuso del poder y proporcionar una “mayor seguridad interna contra la formación de mayorías opresoras” (James Madison, 1825). Los principios que sostienen a este sistema fueron compilados en la famosa obra titulada “El Federalista” que contiene una serie de ensayos, de la autoría de Alexander Hamilton, James Madison y John Jay.

Revisando nuevamente sus capítulos, a la luz de la reforma judicial, me sorprendió la vigencia que estos mantienen para un sistema de gobierno basado en la división de poderes, como se supone que es el mexicano, casi como si anticiparan una crisis constitucional como la que ahora asedia a nuestro país.

En sus capítulos número 78 y 79, Hamilton se refirió a la función del Poder Judicial, la manera de estructurarlo y su alcance. Entre otras cosas, Hamilton señaló que para que los jueces pudieran cumplir con su función de manera independiente, era esencial proteger su “permanencia en el puesto” y, por lo tanto, ésta debería depender de su desempeño. Este patrón “constituye una barrera inmejorable contra el despotismo del príncipe” (Hamilton, 1788). Cada quien podrá interpretar quién es el príncipe en nuestro caso.

Hamilton también explicó con toda claridad, que para garantizar la imparcialidad de los jueces se deben asegurar “ingresos fijos para su mantenimiento”, pues “el poder sobre la manutención de una persona es equivalente a un poder sobre su voluntad”. El autor concluyó que “el sueldo que un juez concreto recibe al ocupar su plaza nunca podrá disminuir” (Hamilton, 1788). En México, la reforma judicial destruyó ambos principios, y lo peor es que sus ejecutores están orgullosos de ello.

Por otra parte, casi como si Hamilton hubiera previsto la resistencia de Sheinbaum para acatar la suspensión judicial sobre la reforma, éste también señaló que “la judicatura es claramente la más débil de las tres ramas” pues no tiene influencia sobre la “espada”, ni sobre la “cartera”. Con esto, Hamilton se refería al Poder Ejecutivo, que sostiene la “violencia legítima de la comunidad” y al Poder Legislativo, que controla los impuestos. La única herramienta que posee el Poder Judicial es el “juicio” pues “no tiene fuerza ni voluntad” para hacer cumplir sus resoluciones. Para Hamilton, los beneficios de la integridad y moderación de la judicatura deben prevalecer “aunque hayan sido del desagrado para aquellos cuyas siniestras maquinaciones se vieron frustradas” (Hamilton, 1788). Cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia.

Dudo mucho que una presentación de PowerPoint logre convencer a los inversionistas americanos, que han convivido con estos principios por siglos. El tipo de cambio tampoco miente. No se ha logrado estabilizar desde la reforma, y esta semana alcanzó de nuevo los 20 pesos.