Criminalidad y desarrollo económico

“El desarrollo es un proceso de ampliación de las libertades reales de las que disfruta la gente, y la libertad frente al crimen y la violencia, son componentes clave del desarrollo”. Amartya Sen, premio Nobel de Economía.

Periódicamente y de manera frecuente, nos encontramos frente a episodios que ponen de manifiesto que, pese al proceso nefasto de normalización de la violencia criminal en nuestro país, siempre puede haber nuevos ejemplos que, por la magnitud y perversidad que reflejan, muestran de manera contundente la impunidad, la complicidad explícita o derivada de la incompetencia de autoridades de distinto nivel que han permitido, desde hace décadas, el crecimiento del poder del crimen organizado en nuestro país.

El manejo de la política pública ha sido, por decir lo menos, deficiente, atravesando gobiernos de distintos cortes y corrientes, pues no han logrado mermar la capacidad delictiva ni frenar el creciente control de espacios de la vida pública por parte de las distintas bandas delincuenciales.

Cuando hablamos de delincuencia es inevitable pensar en el efecto que un incremento en la tasa de criminalidad de un país tiene sobre su potencial de crecimiento económico.

Un país como México, que presenta múltiples áreas de oportunidad para expandir su crecimiento económico en sectores como el agrícola, la manufactura de exportación, el turismo y los servicios, enfrenta de manera cada vez más evidente retos y obstáculos enormes asociados con la actividad criminal en cada uno de esos sectores.

Desde el derecho de piso que se cobra a la persona que opera un pequeño restaurante, pasando por las cuotas que se exigen por cada camión que intenta llevar a los mercados cultivos altamente rentables, como el aguacate o el limón; el control de la tala clandestina; el asalto a camiones que transportan mercancía, incluso en las carreteras teóricamente más vigiladas del país; y, más recientemente, la actividad de ciberdelincuencia.

Todo ello merma la rentabilidad de prácticamente cualquier sector de negocios y, adicionalmente, desincentiva la generación de nuevos emprendimientos y la expansión de los ya existentes.

Existen múltiples estudios que ayudan a entender las implicaciones de lo anterior. En el caso de Impacts of Crime on Socio-Economic Development , de Jonathan et al., se concluye que el crecimiento de la criminalidad frena el crecimiento económico de diversas formas: desalienta la inversión, incrementa los costos de transacción de las actividades económicas y, en muchos casos, provoca migración regional. Estos fenómenos son claramente observables en México, donde las altas tasas de criminalidad en sus distintas expresiones, particularmente en ciertas regiones, obstaculizan la actividad económica y desalientan la inversión.

Este estudio también señala que el desempleo y la pobreza son factores que, a su vez, son consecuencia y causa del crimen. En ciertas regiones, el reclutamiento de jóvenes tiene un componente de expectativa de obtención de ingresos significativos, aunque en muchos casos, como los recientemente conocidos, el crimen recurre al reclutamiento forzado y al homicidio colectivo, como antes sólo se observaba en guerras civiles, por ejemplo, en el África subsahariana.

Los autores concluyen también que el crimen y el desarrollo económico y social precarios se retroalimentan. Los intentos por mejorar las condiciones socioeconómicas deben ir acompañados de estrategias efectivas de prevención y combate al delito, recordando que, a nivel mundial, las experiencias más exitosas son aquellas que se centraron en atacar el flujo de recursos financieros que dan poder a las bandas criminales.

Dos conclusiones fundamentales, al menos para el caso de México, son: por un lado, que es indispensable fortalecer las fuerzas del orden y los sistemas judiciales para investigar y procesar los delitos, así como incrementar la eficiencia judicial para garantizar una justicia rápida y justa. Por otro lado, se requiere implementar programas efectivos de prevención del delito que atiendan las necesidades particulares de las diversas regiones y de los grupos más vulnerables, siendo para ello indispensable la participación de las organizaciones comunitarias en la búsqueda de seguridad y protección para los ciudadanos.