Greenshoring, Nearshoring, Constitución y la Presidenta: Una Estrategia Plausible

La administración de Claudia Sheinbaum ha iniciado  con reformas clave en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, redefiniendo el papel de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

A pesar de la incertidumbre que generan, estas reformas, junto a políticas públicas efectivas, pueden erigirse en una oportunidad para explotar el gran potencial en greenshoring que tiene México.

El greenshoring es una estrategia que busca reubicar capital hacia procesos de producción más sostenibles, en países con regulaciones claras y que ofrezcan incentivos para reducir la huella de carbono.

En abril pasado, la entonces candidata Sheinbaum anunció inversiones por 13,600 millones de dólares en proyectos de energía renovable, alineándose con la tendencia global de mayor inversión en producción sostenible.

Esto ofrece a México la oportunidad de volverse más verde y próspero, ya que la política como las inversiones se nutren de la realidad.

Dado el contexto doméstico actual y las macrotendencias globales, como el desacoplamiento de las economías de Estados Unidos y China, y el auge de las inversiones verdes en cadenas de suministro, hay espacio para una estrategia que impulse el sector de energías renovables en este sexenio.

Siguiendo el ejemplo de Alemania, México podría vincular inversiones verdes con su base manufacturera, trazando un plan ganar-ganar entre gobierno e inversionistas.

En Alemania, las inversiones en el sector automotriz dirigidas a mejorar la tecnología de las baterías y la producción de vehículos eléctricos, alcanzarán unos 280 billones de euros entre 2024-2028. Estas inversiones de capital se generan gracias al apoyo de políticas públicas verdes, como incentivos valorados en 1.5 billones de euros para apoyar la transición en la producción de vehículos “fósiles” a eléctricos, en adición de mejorar las cadenas de producción vía la digitalización y manufactura limpia.

Todo esto persigue mantener la competitividad automotriz mientras Alemania reduce su huella de carbono. Gracias al tándem de políticas verdes y compromiso empresarial, el país obtuvo un préstamo de 8.6 billones de euros del Banco Europeo de Inversión (EIB) en 2023 para proyectos de descarbonización automotriz.

En México, la estrategia “alemana” se puede llevar a cabo focalizando el compromiso de Sheinbaum de los 13,600 millones de dólares para incrementar la generación de energía vía fuentes verdes, creando un régimen especial para Nuevo León, Chihuahua, y Querétaro. Nuevo León es la pieza clave de este engranaje público-privado para un “México Verde” dado su infraestructura manufacturera y ventana hacia el mercado norteamericano. Querétaro, tomando en cuenta su auge como centro de alta de tecnología, se puede convertir en la base logística para desarrollar la capacidad de data que se necesita para digitalizar y descarbonizar los procesos de producción y cadenas de suministro. En Nuevo León, la administración Sheinbaum solo debe seguir la tendencia de la inversión extranjera directa (IED) de forma más granular. Hay que interpretar la evolución de IED en el sector de fabricación de equipos de transporte y analizar la tendencia y el año de la inversión para ver el potencial de nearshoring y greenshoring que tiene México.

La pregunta para la Presidenta: ¿Puede diseñar una estrategia plausible donde encaje las reformas constitucionales a los artículos 25 (inversión privada en el sector energético, aunque limitada), 27 (apertura de inversión en el sector de energía renovable), con la tendencia de greenshoring/nearshoring hacia estados estratégicos como Nuevo León, Chihuahua, y Querétaro?

La respuesta lo dirá el tiempo. Pero consideramos que, con esos tres Estados, bajo una política de incentivos del gobierno federal, amparado en el nuevo marco constitucional y la visión de que el 46% de la generación de electricidad sea privado, se puede crear un círculo virtuoso de capital verde+producción manufacturera+desarrollo tecnológico que reditúe en un México más descarbonizado, productivo, y acorde al nuevo ámbito regulatorio.