Medios públicos en el raquítico presupuesto 2025

Si el presupuesto asignado a una institución fuera una demostración de amor, los medios públicos claramente serían el hijo no amado. 

En un escenario donde siete organismos constitucionales autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia enfrentaron la extinción, y Notimex desapareció sin mayores lamentaciones, los medios públicos también sufren una crisis presupuestaria que cuestiona su razón de ser.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 revela un panorama desolador para estas instituciones comunicativas y culturales. Canal 22, dirigido por Alonso Millán Zepeda (ex director de Capital 21 en la CDMX durante la jefatura de Claudia Sheinbaum), experimentará una reducción de 29% respecto de 2024, pasando de 203.7 millones de pesos a 143.8 millones.

Por su parte, Radio Educación (que recién alcanzó el centenario de su existencia), bajo la nueva dirección de Fernanda Tapia, recibirá 80.1 millones, una disminución significativa en comparación con los 86.5 millones de 2024. Mientras tanto, el Instituto Mexicano de la Radio (Imer), liderado ahora por Fernando Chamizo, sufrirá otra reducción, cayendo de 191.4 millones a 186.8 millones.

La crisis presupuestal evidencia el desinterés gubernamental y la pérdida de relevancia de los medios públicos en un contexto donde su papel debería ser crucial para la democratización de la información y contrarrestar la era de la desinformación y las fake news. Durante el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, estas plataformas fueron relegadas a ser instrumentos de propaganda oficialista, perdiendo su capacidad de servir como espacios plurales y críticos.

El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), dirigido por Jenaro Villamil, recibirá 435.8 millones (de los cuales 100 millones se invertirán para la ampliación de la cobertura, que actualmente es de 75.69% de la población a través de 51 estaciones), una reducción de casi 43% en comparación con los 766.5 millones de 2024.

El presupuesto asignado a los medios públicos no es un problema exclusivo de 2025, un año en que las finanzas públicas se han estrechado en general para todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Durante la gestión del ex presidente AMLO, la mayoría de estas instituciones experimentaron recortes significativos.

Canal Once es una de las pocas excepciones. Ahora dirigido por Renata Turrent, recibió en 2016 un total de 469.9 millones de pesos, cifra que alcanzó su máximo en 2023 con 634.1 millones, pero que para 2025 caerá a 616 mdp. Aunque la disminución parece menor, refleja una tendencia de estancamiento que limita su capacidad de innovación y producción.

Otros casos son alarmantes: la Cineteca Nacional, liderada por Marina Stavenhagen, verá su presupuesto reducido de 216.6 millones en 2024 a apenas 46.9 mdp en 2025. Asimismo, los Estudios Churubusco Azteca, que en 2024 recibieron 361.4 mdp, contarán con sólo 29.1 millones, una disminución del 92%.

En este contexto, es inevitable preguntarse si algunos de estos medios deberían continuar existiendo. Su anatema como "medios del gobierno" y la falta histórica de independencia editorial han sido obstáculos insuperables para ganar la confianza del público. El acceso desigual a los contenidos y la ausencia de estrategias para adaptarse a la era digital han profundizado su irrelevancia.

Los medios públicos tienen un papel indispensable en la construcción de una sociedad informada y participativa. Para cumplir esta función, es necesario replantear su estructura y financiación, así como garantizar su independencia editorial.

La reducción presupuestal también afecta a instituciones culturales como el Fondo de Cultura Económica (FCE), dirigido por Paco Ignacio Taibo II, que recibirá solo 136.8 millones en 2025, comparados con los 410.8 millones de 2024. Estas cifras limitan la promoción de la lectura y el acceso al conocimiento, y vuelven a reflejar un desinterés por fortalecer la identidad cultural del país de un gobierno que se ufana de ser de izquieda.

En el caso de DG@prende.mx, plataforma educativa que había mostrado avances en la digitalización del aprendizaje, el presupuesto disminuirá de 586.4 millones en 2024 a 536 millones en 2025. Esto compromete los esfuerzos para cerrar la brecha digital educativa en México.

En este debate sobre la asignación de recursos, surge una cuestión fundamental: ¿para qué quieren más presupuesto los medios públicos si hacer propaganda no cuesta y no es original? Lo que realmente requiere recursos es la creatividad, la originalidad, la investigación periodística y la innovación. Producir contenidos de calidad es caro; producir propaganda es barato. Reproducir la conferencia de prensa mañanera y los mensajes presidenciales es extremadamente barato. No cuesta dinero -pero sí prestigio y credibilidad- retransmitir acríticamente la visión del gobierno en turno.

Si los medios públicos desean recuperar su relevancia, necesitan enfocarse en generar contenidos que realmente sean una diferencia informativa, eduquen y enriquezcan la cultura de los ciudadanos. La calidad, la pluralidad y la independencia editorial deben ser su bandera, y estas metas sólo pueden lograrse con un compromiso real y sostenido con la excelencia, cuestionable en los últimos años.

La reducción presupuestal a los medios públicos para 2025 es un reflejo de la falta de visión a largo plazo en la política cultural y comunicacional de México. Si estas instituciones desean sobrevivir, necesitan urgentemente demostrar su relevancia, modernizarse y comprometerse con su independencia editorial como mandato constitucional y con sus audiencias. Sólo así podrán justificar su existencia y garantizar su aporte al fortalecimiento de la democracia y la cultura nacional, antes de que se extingan.